García Luna, ¿qué esperan?
¬ Juan Manuel Magaña lunes 25, Mar 2013Política Spot
Juan Manuel Magaña
Según Luis García López Guerrero, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Genaro García Luna, y otros 20 ex servidores públicos de la extinta Agencia Federal de Investigación, engañaron a las víctimas de secuestro, a jueces y magistrados y a la sociedad en general en el caso Florence Cassez.
Suena grave, ¿no? Tanto que García López opina que por ello deben ser sancionados sin menoscabo en los ámbitos penal y administrativo.
Lo curioso es que a días de que la CNDH presentó la denuncia penal contra esos ex funcionarios, la dependencia aún no ha establecido comunicación con dicho organismo nacional, cuando que las diligencias de la PGR debieron haber iniciado de inmediato para deslindar responsabilidades.
Mentirle a las víctimas, mentirle a jueces y magistrados, y mentirle a la sociedad entera. Y en televisión, de costa a costa, de frontera a frontera. ¿Qué esperan para castigar tanta infamia?
Estamos hablando sin ambages del famoso montaje televisivo del 9 de diciembre de 2005, cuando se violó el debido proceso para la francesa Cassez, al no dar aviso de inmediato de su detención al consulado francés.
Ocho años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó su inmediata libertad, pero las víctimas de secuestro aun esperan justicia.
Y supongo que los que fueron engañados también.
La denuncia penal que presentó la CNDH ante la PGR va contra de García Luna, ex titular de la AFI; del entonces titular de la Unidad de Investigación y Secuestro, Israel Zaragoza; del ex director de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino, y del ex director de Operaciones Especiales, Javier Garza, además de dos agentes del ministerio público y 15 elementos de la AFI.
La CNDH no espera otra cosa más que se sancione a esos servidores públicos, por lo cual la PGR debe iniciar diligencias de inmediato en los plazos que establece la ley.
Al igual que la corte, considera que con sus irregularidades y omisiones los servidores públicos generaron un efecto corruptor que agravió a las víctimas, porque fueron expuestas públicamente y se les negó el derecho a que se les hiciera justicia y se castigara a los responsables de secuestro.
Pero el proceso contra los secuestradores sigue, y hay que cerciorarse de que se llegue hasta las últimas consecuencias.
No hay que olvidar que la denuncia penal presentada en la PGR es para que se castigue también a los servidores públicos que cometieron actos que pueden ser constitutivos de delitos como abuso de autoridad, ejercicio indebido y contra la administración de justicia.
No hay que olvidar que fue por ello que Cassez fue liberada, y no porque fuera inocente. Para ella si hubo justicia y hasta gracia del poder. Para los demás quién sabe.
