Los desaparecidos
¬ Augusto Corro jueves 28, Feb 2013Punto por punto
Augusto Corro
Con la denominada guerra contra la delincuencia organizada, el tejido social mexicano sufrió daños irreparables. El enfrentamiento entre los cárteles de la droga y la fuerza pública provocó más de 70 mil personas muertas.
En ese lapso de lucha que se recrudeció a partir del sexenato de Felipe Calderón, la población ha sido víctima de la espiral de violencia que no previó niveles de pobreza o de riqueza. Una vez instaladas las franquicias de cárteles en todo el país, empezaron a suceder los secuestros, las desapariciones (incluidas las forzadas) que suman 26 mil 121.
Es decir, no se sabe el paradero de tanta gente que no pudo desaparecer como por encanto.
Calderón, al declarar su guerra fallida a la delincuencia, no tomó en cuenta los hechos que se derivarían de esa acción unilateral. No contaba con fuerza pública preparada para derrotar a los cárteles de la droga que en su administración se multiplicaron como hongos. La corrupción, violencia e impunidad se conjugaron para que las personas perecieran o desaparecieran. En los estados norteños, no solamente se dieron esos casos, sino que familias enteras se vieron obligadas a dejar sus casas y sus tierras ante el temor de sufrir agresiones por parte de la delincuencia.
Por todas las razones imaginables, hombres y mujeres de diferentes edades salieron de sus hogares y nunca regresaron.
Se inició un proceso de denuncias de desaparecidos que nunca fue atendido, formalmente, por alguna autoridad.
Cuando se trataba de alguna joven, la respuesta fácil de la policía era que la desaparecida se había ido con el novio.
Sin embargo, las cifras de desaparecidos crecieron con el paso del tiempo. Las autoridades municipales, estatales y federales no tenían tiempo en su lucha contra la delincuencia, menos para atender los reclamos de justicia de miles de desaparecidos.
Fue la corrupción la que permitió el desarrollo de la violencia y sus diversos elementos como el secuestro, las desapariciones y el sinnúmero de personas que perdieron la vida.
En el gobierno de Calderón tal vez con la idea de que las cifras de víctimas no fuera tan abultada, ni siquiera se contaba con un registro de los desaparecidos, menos de los muertos.
Por eso, en la Secretaría de Gobernación se buscará integrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Con esa idea debió empezar Calderón su guerra fallida contra la delincuencia; pero actuó de diferente manera. Entre la gravedad de confrontación entre buenos y malos, la honorabilidad de muchos ciudadanos quedó en entredicho. Nunca se supieron los motivos de la muerte de la gente que estuvo en la hora y en el lugar equivocado.
La noticia positiva de las autoridades federales es en el sentido de que “la búsqueda de una sola persona es prioridad de este gobierno, por lo que se solicitará a Human Rights Watch (HRW), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ProVíctima y organizaciones de la sociedad civil, que compartan sus bases de datos para “cruzar” la información.
Quiero entender que se tratará de un interés común y real entre las autoridades y las organizaciones citadas para la búsqueda de desaparecidos. Es primordial el buen trato a las parientes de las víctimas que debe incluir la atención de los burócratas con amabilidad y cortesía.
Suficiente dolor han padecido los familiares o amigos de los desaparecidos para que su calvario continúe en las oficinas de los burócratas deshumanizados.
Con la base de datos se pondrá en marcha “un protocolo de búsqueda”, que esperamos, ofrezca resultados positivos inmediatamente. En síntesis, se pronostica la llegada del orden en un renglón abandonado en la lucha unilateral de Calderón contra el crimen organizado.
Por lo menos, sabremos qué les ocurrió, qué padecieron o dónde se encuentran miles de seres humanos, que en el presente no aparecen en ninguna lista.
