Temporada de caza
Ramón Zurita Sahagún martes 29, Ene 2013De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Se inició ya el periodo de cacería para quienes jugaron un importante papel en los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia de la administración pasada.
Fue declarada oficialmente la apertura de la temporada de caza, donde tendremos que mantenernos atentos a lo que viene sucediendo en ese terreno de arenas movedizas que es la política.
Está claro que se buscará por la vía legal proceder en contra de los personajes políticos que transgredieron la ley o que supuestamente lo hicieron, torciendo la implementación de la justicia, en busca de obtener reconocimientos de todo tipo. Pasado ya el asunto de Florence Cassez, la justicia, los juzgadores y los instrumentos que la hacen posible en México entraron en una etapa interesante que habrá de seguirse para conocer si se va o no hasta el fondo de los temas.
De inicio, la liberación de Cassez ya mostró sus primeros resultados con la instrumentación de los protocolos que deberán seguir los elementos de seguridad pública, incluidos marinos y Ejército.
También lo hizo en la revisión que se hará sobre algunas figuras usadas como recurso necesario para la persecución de delitos o para mostrar la culpabilidad de los detenidos, como son el arraigo, testigos protegidos, la denuncia anónima y otros recovecos, que tan en uso estuvieron en la administración pasada.
Pero ahora viene el siguiente paso que vincula al tema a otros asuntos parecidos y a los personajes que han participado en mascaradas como ésta y otras que se presentaron en tiempos recientes.
La francesa Florence Cassez no interpondrá ninguna demanda contra Genaro García Luna o Luis Cárdenas Palomino, según anunció su abogado Agustín Acosta, pero hay que ver cómo reaccionan otros ciudadanos involucrados en éste y otros casos policiacos.
Por lo pronto, Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, convertido en un personaje político perseguido por la justicia mexicana, durante el sexenio pasado, es uno de los que aprovechó los nuevos aires políticos para arremeter contra sus acusadores.
Los abogados de Yarrington Ruvalcaba acudieron a la Cámara de Diputados a interponer una denuncia de juicio político en contra de la ex procuradora general de la República, Marisela Morales.
La denuncia se basa en presuntas violaciones a las garantías individuales, a la Constitución y a los derechos humanos del ex gobernador de Tamaulipas.
Según el abogado Marco Tulio Ruiz, desde la PGR que encabezaba Morales se filtraron datos de carácter confidencial que se encontraban en una averiguación previa, como fueron las declaraciones de testigos protegidos, los pasos que daba el Ministerio Público y la supuesta orden de aprehensión en contra del político tamaulipeco.
De acuerdo con los abogados de Yarrington (además de Ruiz, está Elisur Arteaga Nava), desde la procuraduría se filtraron datos sobre el estado en que se encontraba la averiguación previa, conducta tipificada como delito, ya que implica violaciones a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Ruiz y Arteaga precisan que también se transgredieron disposiciones del Código Penal Federal, que sanciona la violación grave y sistemática que se hizo con las garantías individuales del político.
Los abogados de Yarrington acudieron a la Cámara de Diputados para entregar los documentos correspondientes a su denuncia, misma que fue recibida por el secretario general de esa parte del Poder Legislativo.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Como resultado de la reunión de gobernantes del centro del país con autoridades federales, se diseñó la estrategia que en materia de seguridad se seguirá en esas entidades. Por lo pronto, se convino en que las carreteras son un tema primordial para los estados de Querétaro, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, México y el Distrito Federal.
De ahí que, mediante operativos coordinados por las secretarías de Marina, Defensa Nacional, Policía Federal y los gobiernos estatales, se operará la estrategia para impedir que la violencia se enseñoree en esos territorios.
También se acordó que los gobernadores de la zona centro se reunirán con el secretario de Gobernación, el procurador general de la República y los secretarios de Marina y Defensa Nacional, una vez por mes, para evaluar la situación, mientras que los gobernadores lo harán también cada 15 días con un representante del gobierno federal.
La reunión de gobernadores del centro del país con autoridades federales se celebró en el Estado de México, con el gobernador Eruviel Ávila Villegas como anfitrión. Siendo esa entidad una de las más castigadas en fechas recientes por hechos violentos fue necesario que el mandatario estatal respondiera sobre dicha violencia, aclarando a la ciudadanía que son hechos eventuales y que su gobierno evitará sea un punto donde la delincuencia organizada se dispute la plaza. No lo vamos a permitir, dijo el gobernador mexiquense. La reunión se celebró a puerta cerrada, aunque el secretario de Gobernación dio los pormenores de la misma. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, encabezó la reunión, en la que también participaron el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, los secretarios Vidal Soberón, Marina y Salvador Cienfuegos, Defensa Nacional.
Osorio explicó que de acuerdo con lo convenido, el país estará divido en cinco regiones y que en esta reunión se trataron los temas del crimen organizado y otros ilícitos que preocupan a las entidades como son el robo a casa-habitación, los asaltos y el secuestro.
Los gobernadores participantes fueron: José Calzada Rovirosa, Querétaro; Mariano González Zarur, Tlaxcala; Francisco Olvera Ruiz, Hidalgo, Graco Ramírez Garrido, Morelos; Ángel Aguirre Rivero, Guerrero; Fausto Vallejo Figueroa, Michoacán; Rafael Moreno Valle, Puebla y Miguel Ángel Mancera, Distrito Federal, además del anfitrión Eruviel Ávila Villegas, Estado de México.
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