Remedios caseros
Ramón Zurita Sahagún lunes 28, Ene 2013De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Ahogado el niño, corren a tapar el pozo, reza el viejo adagio aplicado a lo que hacen ahora las autoridades mexicanas.
Es cierto que es mejor prevenir y dejar de lamentar, pero también lo es que se evidencian con gran frecuencia los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad gubernamental, en lo referente a detenciones arbitrarias o hechas con lujo de violencia.
Para nadie son un secreto las agresiones físicas y verbales de los cuerpos policíacos y militares, que cuentan con centenares de denuncias ante las comisiones de Derechos Humanos locales y federales, tampoco es desconocido que muchos procesados son inocentes y que los abusos cometidos bajo las figuras del arraigo, denuncias anónimas o testigos protegidos, provocan escozor entre la sociedad.
El caso de la francesa Cassez es uno más de los muchos en los que se confirman las irregularidades cometidas en contra de los detenidos, pero que carecen de los reflectores de los que disfrutó la hoy liberada.
Si hace poco tiempo una película (“Presunto culpable”) descarnó a los juzgadores mexicanos, otra más (el videomontaje) enseña que en cuestión de justicia nos encontramos lejos de cumplimentarla.
La decisión asumida por la Corte que permitió la salida de prisión de Florence Cassez causó sentimientos encontrados entre la población mexicana, la que se desconcertó todavía más con las formas usadas por el gobierno francés para recibirla.
Pero dejado al margen el caso Cassez, la determinación adoptada por el gobierno mexicano para revisar las figuras de testigo protegido, denuncia anónima y arraigo, suena interesante, por los abusos que se han venido cometiendo en contra de personajes y ciudadanos comunes que se han visto involucrados en asuntos fuera de su ámbito. Pero dentro de la herencia dejada por el asunto de la ciudadana francesa, se encuentra el protocolo que deberán usar los cuerpos policíacos en las detenciones de todo tipo.
No se trata de métodos novedosos, ya que son principios elementales que ya existían, pero que han sido ignorados por los cuerpos de seguridad gubernamentales durante décadas.
La capacitación de las policías será el primer paso para que comprendan que deben actuar bajo ese esquema y que violentarlo (como ha venido ocurriendo) solamente provocará sanciones en su contra y beneficios para los detenidos, sin importar si son o no responsables de los delitos que se les imputan. El protocolo comprende los siguientes mandamientos que deberán seguirse en todo tipo de detenciones: Deberán ser informados de los motivos de su detención.
Se consideran inocentes, hasta que se les demuestre lo contrario.
Tienen derecho a declarar o guardar silencio. En caso de declarar, tienen derecho a no inculparse.
Tienen derecho a un defensor de su elección, en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita.
Tienen derecho a un traductor o intérprete.
En caso de ser extranjero tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Tiene derecho a ser puesto, sin demora, a disposición de la autoridad competente.
Tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee, el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se encuentre en cada momento.
Los anteriores son principios básicos, elementales que deben observar las autoridades para ejercer la justicia y aunque en México ya existían, poca atención se le daba.
Hay infinidad de casos en los que ocurrían las detenciones y pasaban largos días, sin que los familiares se enteraran de dónde se encontraba su pariente. Pero también en que los detenidos ni siquiera se enteraban del porqué eran llevados ante las autoridades, si es que eso ocurría de manera rápida.
Son recurrentes los casos en que las declaraciones o inculpaciones se realizaban bajo la presión de las llamadas calentadas (uso de violencia en contra de los detenidos) o dejarlos sin comer y todo tipo de métodos que derivaban en confesiones irreales.
Ahora, solamente falta ver si es cierto que se observan esos mandamientos y si no se continúan cometiendo atropellos de todo tipo en detenciones. Tal vez, el asunto Cassez pueda haber servido para mejorar las prácticas policíacas y evitar los excesos que se cometen, hasta nuestros días, en los asuntos policíacos con las detenciones y abusos
TONY GALI
Los aliancistas de Puebla parece que encontraron, por fin, al candidato que postularán para competir por el ayuntamiento poblano del próximo 7 de julio.
José Antonio (Tony) Gali Fayad, un destacado miembro de la comunidad libanesa de Puebla, empresario y secretario de Infraestructura del gobierno estatal, es la propuesta del panismo poblano, que deberá ser apoyado por los partidos de izquierda y Nueva Alianza.
Gali Fayad es un hombre de amplios recursos económicos y su casa es tomada como ejemplo por las revistas de decoración y lujo del prototipo de las mansiones mexicanas.
El empresario es bien visto por la población capitalina, aunque deberá enfrentar en las urnas al candidato que elija el PRI, partido decidido a recuperar la capital del estado. Los priistas tienen varias cartas, aunque tres son los nombres con mayor recurrencia. Se trata del ex alcalde y actual diputado federal Enrique Doger; el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Aguera, y el empresario José Chedraui Budid.
LA VISA DE HANK
Es sabido que Jorge Hank Rhon no puede entrar a Estados Unidos, ya que el gobierno le niega la visa de ingreso, por lo que el empresario anunció que de competir y ganar el gobierno de Baja California, su comunicación con los vecinos del norte sería por internet.
Sin duda, el humor de Hank Rhon sigue siendo muy especial.
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