¿Por qué están tan enojados AMLO y Marcos?
Roberto Vizcaíno miércoles 23, Ene 2013Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- La irritación de los 2 podría derivarse de que las acciones de Peña les restarán simpatizantes
- Todo indica que hoy la Suprema Corte dará un paso decisivo para liberar a Florence Cassez
- Y hay también la decisión de liberar al grupo de militares acusados de colaborar con narcos
Ambos afirman a su modo y con sus respectivas razones que prácticamente todo en México está podrido, que hay que desaparecer eso que se conoce como “El Sistema” y hacer emerger otro orden en el que los pobres, la justicia y la libertad sean el imperio.
El subcomandante Marcos aboga por los indígenas y Andrés Manuel López Obrador por los desposeídos. El sub lanzó a los suyos en enero de 1994 a la guerra y el tabasqueño ha sumido a millones de mexicanos en el odio.
Hoy ambos andan muy enojados porque Enrique Peña Nieto, su gobierno, los gobernadores y al menos los tres o cuatro partidos mayoritarios, han iniciado una Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Una Cruzada que, según lo explicaron el propio Presidente y su secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, no funcionará a partir de repartir despensas o raciones alimenticias, sino que buscará que las diferentes dependencias federales y las administraciones estatales y municipales, alineen sus presupuestos y reorienten sus programas para que todo el esfuerzo vaya a dar una respuesta integral de entrada a 7 millones 400 mil mexicanos que sufren hambre todos los días.
El objetivo no es darles una sopa caliente y nutritiva todos los días a esos 7 millones 400 mil mexicanos que se localizan en 400 municipios del país, sino atacar las causas que les provocan esa hambre.
La intención es darle una respuesta a la falta de empleo y de un ingreso remunerado que no les permite tener dinero para adquirir los alimentos que les hace falta. Es proporcionarles los servicios de agua, luz, vivienda, servicios urbanos, transporte, educación y otros cuya carencia no les permite a esos 7 millones 400 mil mexicanos desarrollarse e insertarse en la vida productiva del país y obtener los recursos que les garanticen subsistencia.
Esas son las metas de esta Cruzada Contra el Hambre iniciada el lunes por Enrique Peña Nieto en Las Margaritas, el corazón de la zona del EZLN y ante unos 20 mil chiapanecos, en su mayoría indígenas de los 120 municipios de ese estado.
Ahí, acompañado por todo su gabinete y por 29 gobernadores, el Presidente explicó las intenciones de ese programa que deberá ser sometido a evaluaciones periódicas y que deberá involucrar a grandes segmentos de la sociedad, especialmente los jóvenes y los productores de alimentos.
¿Quién podría oponerse a todo esto?
Yo creo que nadie, porque de entrada la Cruzada Contra el Hambre deja atrás el asistencialismo (que como todo reparto de recursos es simple populismo), para ir más allá.
Es intentar hacer realidad ese dicho de que al hambriento no hay que darle pescado, sino enseñarlo a pescar.
Hasta hoy el combate contra la pobreza y el hambre ha encubierto el mal manejo de miles y miles de millones de pesos sin que haya disminuido el problema. Hoy, a pesar de todo el dineral aplicado tan sólo durante los últimos 6/12 años en el combate a la pobreza, hay más pobres en el país.
El absurdo, un verdadero contrasentido.
El otro hilo del asistencialismo, populismo, es que los programas sociales sólo han servido para ganar apoyos electorales. Ahí está el caso de “los viejitos” que siguen y apoyan ciegamente a López Obrador porque éste les dio una pensión de 700 pesos.
De convertirse en una realidad, tal como está planteada la Cruzada Nacional Contra el Hambre, cambiará en uno o dos años todo el esquema, percepción e impacto de los programas sociales entre la población más necesitada y marginada del país.
Sin duda modificará el clientelismo de López Obrador y el del sub Marcos y los apoyos a sus respectivos movimientos.
La Cruzada, además de intentar abatir el problema del hambre, va directamente al corazón de cada uno de esos movimientos. Sin pobres extremos ni hambrientos, se acaban las causas que AMLO y Marcos esgrimen.
Y si además se les dota de servicios –agua, luz, educación, capacitación para el empleo, transporte, etcétera–, pues las bases del resentimiento social disminuyen.
Se abren importantes avenidas de inclusión social y productiva, y se aleja y disminuye el conflicto.
¿Serán esos algunos de los motivos del enojo de AMLO y Marcos?
COMIENZA EL JUICIO A CALDERÓN
En otra de las orillas de la realidad mexicana, hoy la Suprema Corte dará, al parecer, un paso esencial hacia la dignificación de la justicia mexicana.
Todo indica que el dictamen que presentará al pleno de ministros doña Olga Sánchez Cordero respecto del controvertido caso de Florence Cassez, terminará en la reposición del juicio en contra de la francesa, pero sin tomar en cuenta los dichos de los testigos principales.
En los hechos esta presumible resolución confirma que el gobierno de Calderón no sólo organizaba montajes para televisión y otros medios informativos sobre supuestos casos delincuenciales, sino que creaba culpables.
La resolución incluso podría tener una consecuencia penal contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ha quedado por demás confirmado que fue quien organizó el montaje contra Cassez.
La decisión de los 11 ministros de la Suprema Corte llevaría prácticamente a la liberación de Florence, la cual es exigida por el gobierno de Francia y millones de ciudadanos en el mundo.
Y TAMBIÉN LOS GENERALES
Por si eso fuese poco, la Procuraduría General de la República encabezada ahora por el priísta hidalguense Jesús Murillo Karam, comunicó ayer al juez que sigue la causa en contra del exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, que no tiene forma de corroborar si las acusaciones en su contra son ciertas.
Este oficio podría derivar en la absolución del general durante las siguientes semanas, afirmó su abogado.
Dauahare, un fuerte aspirante a la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional fue detenido en agosto pasado por la PGR dirigida entonces por la procuradora Marisela Morales Ibáñez junto con el general Roberto Dawe González, el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, el mayor Iván Reyna Muñoz y el general Rubén Pérez Ramírez por servir supuestamente al cártel de los Beltrán Leyva.
La aprehensión se basó en dichos del “testigo protegido” Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”.
Desde siempre todos ellos, apoyados por otros muchos militares, advirtieron que el proceso en contra del grupo provenía de una decisión política de los altos mandos de la anterior administración de la Defensa Nacional, esencialmente para inhabilitar al general Tomás Ángeles Dauahare como un prospecto a la titularidad de esa dependencia.
De dictarse su absolución, el efecto podría ampliarse al resto del grupo de militares encarcelados debido a las mismas afirmaciones de “El Grande”.
Sumados los dos casos, el de la francesa Florence Cassez y el de los militares, significarían el inicio de un enjuiciamiento público y oficial respecto a la administración del panista Felipe Calderón.
La absolución de todos ellos tendría una repercusión directa en el reclamo de cientos de estudiantes, académicos, intelectuales, diplomáticos y políticos así como ciudadanos que le hacen a la administración de la Universidad de Harvard por la contratación de Felipe Calderón como investigador y catedrático de esa casa de estudios.
Sin duda también podría tener una repercución dentro de la causa que le sigue ya la Corte Internacional Penal de la Haya, que fue abierta por una queja del exgobernador de Coahuila y ex presidente del CEN del PRI, Humberto Moreira debido a las más de 60 mil muertes y ejecuciones ocurridas durante su gobierno y que, dice el coahuilense, fueron una consecuencia directa de su guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Para muchos mexicanos estas absoluciones serán la confirmación de que durante el sexenio de Calderón, se utilizaron a las instituciones de seguridad e impartición de justicia, como instrumentos de persecución y castigo a contendientes políticos.
Políticamente es el inicio de un enjuiciamiento público hacia el ex presidente y sus colaboradores en el área de la justicia y la seguridad.