Con las firmas en contra
¬ Juan Manuel Magaña jueves 17, Ene 2013Política Spot
Juan Manuel Magaña
Con la nueva ley laboral los legisladores incurrieron en injusticia, en un error político y en un atropello a los trabajadores del país.
¿Y qué esperaban, que nadie se quejara?
A unas horas de que venciera el plazo para impugnar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012, sumaron un millón 123 mil 887 las demandas presentadas, tan sólo en la capital del país.
La mayoría de los juicios presentados corresponden a trabajadores del IMSS, la UNAM, Telmex, el gobierno del DF y el SME.
Funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal informaron que todavía el martes se ampararon los integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), así como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la primera región, en el Distrito Federal, serán los encargados de revisar los juicios y determinar, como primer paso, si cumplen o no con los requisitos para admitirlos a trámite y posteriormente decidir si les concede una suspensión provisional.
La primera inquietud que brota es por qué, si los asalariados del país rechazan con tal firmeza esa modificación legal, no fueron oídos por el Congreso; por qué fueron metidos al horno por la partidocracia. A ver, por qué.
Dicha ley es un retroceso a los derechos laborales de la población: legaliza los contratos a prueba, la subcontratación y el pago por hora; pone a los trabajadores en un estado de desprotección más grande que el de los últimos 30 años, y los deja a merced de los intereses patronales y el sindicalismo corrupto, influyentes ambos, por lo mismo, en la esfera política.
Dicha ley, contraria a ordenamientos constitucionales en materia laboral, se basa en la pretensión de debilitar la fuerza de trabajo y de despojarla de garantías, lo que habrá de reducir más su poder adquisitivo y, con ello, el mercado interno.
Y si eso es así, entonces dónde quedan los buenos propósitos de impulsar la creación de empleos, la competitividad y la productividad en la economía nacional.
Ese tamaño de rechazo es apenas el principio. Los legisladores que aprobaron esa ley se aplaudieron unos a otros como si hubiesen realizado la hazaña del consenso, pero en realidad cerraron los ojos a la conciencia de haber contribuido un poco más al descontento que ahí sigue, crece y crece.
Ahora hay que preguntarse si lo que no supieron hacer los políticos se podrá resolver en la esfera judicial.
Son ya tantas las cosas que derivan a este ámbito, que uno se pregunta cómo es que a esos legisladores se les paga, y tanto, que llevan años sin producir otra cosa que mediocridad.
