Crímenes y castigo
¬ Juan Manuel Magaña martes 15, Ene 2013Política Spot
Juan Manuel Magaña
Al tratarse de las víctimas y de los desaparecidos de la absurda guerra de Felipe Calderón, el nuevo gobierno ha acertado en asumir dos fuertes compromisos, pero cabe preguntarse si podrá cumplirlos. Con la publicación de la Ley General de Víctimas, el gobierno abrió la posibilidad de avanzar en la pacificación y la reconciliación en el país. Y aunque muchos ven que eso es apenas un paso, no han faltado los que piensan que es uno que lo compromete.
Así ocurrió anteayer en un encuentro con familiares de personas desaparecidas, en el que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comprometió al gobierno federal a coordinarse con instancias estatales para emprender la búsqueda de todos los desaparecidos, instalar un sistema telefónico para la recepción de datos de desapariciones y hasta estudiar la integración de una fiscalía especializada en el problema.
Qué diferencia es llegar y decir: “claro, los buscaremos a todos”, que haberse negado todo el tiempo a ello, para al final excusarse con un “perdón pero nos faltó tiempo, ¿eh?”, como dijo Alejandro Poiré, uno de los principales peones de Calderón.
Era tanta la presión por los muertos, las víctimas y los desaparecidos de aquella guerra, que hacía ya insostenible al gobierno.
Quizá por eso lo mejor que le pudo pasar a Calderón fue perder e irse a volar. Pero esa presión ha estado lejos de desaparecer, y la ha sentido y estudiado bien el nuevo gobierno. Por eso, ha acertado en comprometerse. Hace y dice mucho de lo que la gente ha reclamado y esperado.
Ha devuelto a una sociedad profundamente dolida y agraviada, la esperanza. Ha disminuido la presión y por eso su acierto, su gran tino, es sobre todo político.
Pero esta clase de aciertos son sin duda la parte más fácil del problema.
El nuevo gobierno no iba a mantenerse en la misma línea de Calderón tan sólo para llegar y decir: “claro que no se resarcirá a las víctimas ni se buscarán desaparecidos, y háganle como quieran”. Desactivó, por decirlo así, dos fuertes reclamos que quién sabe en qué momento iban a ser explosivos.
Pero la cuestión es: y eso qué, si lo que importa realmente es -pequeño detalle- que se cumpla. Y para eso sí que hay un largo camino.
En el caso de desapariciones forzadas estamos hablando de casi 21 mil en términos oficiales.
Se trata de miles de personas que pudieron desaparecer, sustraídas con violencia de su entorno cotidiano, sin que ninguna autoridad tenga hasta el momento responsabilidad alguna. Y aquí está la clave de ese compromiso de ponerse a buscar ahora a esas víctimas: que el gobierno tendrá que empezar por examinar las decisiones gubernamentales que derivaron en este problema de la crisis de seguridad y deslindar las responsabilidades penales, administrativas y políticas que dejaron en estado de completa indefensión a las víctimas de desaparición forzada.
Tendrá que esclarecer los casos frecuentes en que servidores públicos y efectivos de las diversas corporaciones militares y policiales han sido señalados como partícipes o incluso como protagonistas del delito de desaparición forzada y que se dé curso a las acciones legales en su contra a las que haya lugar.
Con el tipo de compromisos que ha hecho, el nuevo gobierno se acerca cada vez más a la necesidad de juzgar al anterior como nunca ha ocurrido en el pasado. La pregunta es ¿va de veras para allá o sólo ha comprado tiempo?
