Las víctimas
¬ Juan Manuel Magaña viernes 11, Ene 2013Política Spot
Juan Manuel Magaña
Por fin, en un acto oficial en Los Pinos, Enrique Peña Nieto corrigió uno de los peores absurdos de su antecesor Felipe Calderón, al promulgar la Ley General de Víctimas que éste rechazó como para ensañarse más con un país lastimado.
Todo mundo sabe que esa ley es perfectible, pero lo que ahora hacía falta era contar con un marco legal que protegiera a la población afectada por los delitos y los atropellos.
Es en eso en lo que hay un enorme cambio de actitud del poder ante las organizaciones que no se rindieron durante el arduo proceso de impulso a esta ley.
Pero ahora faltan los hechos, la aplicación misma de una ley que carece de recursos, de estructura administrativa para su implementación y hasta de alcances, puesto que sin una nueva reforma los gobiernos de los estados no estarán obligados, como el federal, a hacerla cumplir.
Sin estos elementos la ley quedará reducida, como muchas otras en el país, a letra muerta.
La ley fue avalada por el Legislativo en abril de 2012 y publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación.
Con ella, el Estado ya tiene un mecanismo institucional para reconocer y reparar económica, moral, jurídica y médicamente, los abusos y atropellos cometidos contra la población, ya sea por delincuentes o por las propias autoridades.
Sin un instrumento así fue que el irresponsable de Calderón se atrevió a aplicar una estrategia de seguridad inútil y contraproducente que en vez de pacificar al país, multiplicó y extendió la barbarie por todo el territorio y puso a la población en medio de una violencia de las mafias y de las fuerzas públicas. En eso consistió su ingeniosa guerra.
Tal vez una ley de víctimas no hubiese sido necesaria si en el sexenio anterior se hubiesen sancionado los atropellos cometidos por quienes supuestamente deben resguardar el estado de derecho. Pero fue lo primero que al inquilino de Los Pinos le valió.
Por el contrario, Calderón fue renuente a modificar su “estrategia” tan a ojos cerrados que hasta decidió vetar la referida ley y hasta impulsar una controversia constitucional en su contra.
Y eso fue su mala conciencia ante su responsabilidad política por el cotidiano derramamiento de sangre en el país, que ojalá llegue el día en que tenga que rendir cuentas de ello.
Esa fue su indolencia frente a los reclamos de las organizaciones sociales que se movilizaron durante meses por la pacificación del país y por la justicia para las víctimas y sus deudos.
Lo que sigue es mejorar esa ley, pero completarla con una política de seguridad que ponga por delante la protección de la población y la pacificación del territorio nacional.
Urge porque el sexenio ha tenido un arranque tan violento como lo fue prácticamente todo el anterior.
