Moreira va en serio contra Calderón
Roberto Vizcaíno miércoles 19, Dic 2012Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- El ex presidente del PRI presentó un documento directo y muy consistente contra el michoacano
- El argumento central es poderoso: el ex mandatario lanzó a la tropa sin permiso del Congreso
- En el equipo de Peña Nieto todos trabajan por la reforma educativa y el presupuesto
Sustentado por un experimentado equipo de abogados, el expresidente del PRI, Humberto Moreira acusó al ex presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya de haber impuesto “un Estado de excepción” sin consultar al Congreso, y lanzando al Ejército a una guerra que expuso gravemente a la población con pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
En una denuncia sin desperdicio, de apenas 40 cuartillas, que contienen 16 capítulos, y que fue presentada el 28 de noviembre por Moreira Valdés ante la fiscal Fatou Bensouda de La Haya se advierte que Calderón ordenó “la movilización de las Fuerzas Armadas sin haber suspendido las garantías constitucionales, previa autorización del Congreso”.
De ahí, afirma, su responsabilidad directa de los crímenes que se le imputan, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
El ex gobernador de Coahuila afirma que Calderón, en su calidad de “Presidente de la República, declaró un Estado de guerra interna en México y movilizó a las tropas en el territorio nacional, sin proteger a la población civil mediante la suspensión de garantías constitucionales”.
Esto lo inició Calderón el 11 de diciembre de 2006, cuando ordenó el envío de tropas a Michoacán para combatir y erradicar a las bandas de narcotraficantes ubicadas en esa entidad.
De ahí Calderón envió a las fuerzas armadas al resto del país, sin contar con la aprobación del Congreso y sin ningún plan previo.
Desde entonces, afirma Moreira en su denuncia, Calderón dirigió “la guerra contra el narcotráfico no como un plan de acción aislado, sino como el eje rector de su política nacional”.
Así, desde que Calderón aplicó la Operación Conjunta Michoacán, la guerra contra el narcotráfico se extendió en todo el país, “sin que se conozca a ciencia cierta el número de muertos que ha provocado, especulándose que los mismos pueden ser de 50 mil hasta 150 mil”, indica en su denuncia.
El expediente, bien armado y sustentado, advierte que hasta hoy no es posible conocer con exactitud el número de violaciones a los derechos humanos cometidos por las tropas.
El tamaño de estas violaciones lo indica el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que suma más de 10 para las Fuerzas Armadas y 102 para la Secretaría de la Defensa y para la Secretaría de Marina entre diciembre de 2006 a abril de 2012.
Otro de los graves problemas que propiciaron miles de muertes y violaciones a los derechos humanos, surge de que la orden presidencial de movilizar a la tropa, se hizo sin contar con los protocolos de uso de la fuerza.
“Con dicha estrategia los reportes de la tasa de homicidios, sólo en relación con la delincuencia organizada, mostraron un incremento de 260% entre 2007 y 2010, contándose 2 mil 826 homicidios en el primer año y 15 mil 273 en el segundo…
“(Entre estos) se reportaron 996 niños y niñas muertos en México entre diciembre de 2006 y octubre de 2010 a causa de la guerra contra el crimen organizado…
“Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, los siete cárteles de narcotráfico reconocidos tuvieron mil 306 bajas por prisión, y 500 mil personas participan en sus filas… En la guerra contra el narcotráfico han participado 70 mil militares y marinos”, precisó.
Para 2010 esta guerra habría desplazado no menos de 230 mil personas como consecuencia directa de la violencia generada por la delincuencia organizada.
El ex gobernador de Coahuila pretende que la Corte Penal Internacional de La Haya finque responsabilidades penales internacionales contra Calderón.
Porque, afirma, “al comandar y movilizar a las Fuerzas Armadas mexicanas, sin respetar los requisitos constitucionales, ni los tratados de Ginebra, propició que las tropas bajo su mando atentaran contra la vida e integridad de las personas que no participaban de ninguna forma en las hostilidades, sujetándolas a tratos crueles, tortura y ultrajes contra su dignidad personal, imponiéndoles especialmente tratos humillantes y degradantes.
“Consecuentemente, el Presidente de la República es, posiblemente, directamente responsable de los crímenes que se le imputan, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas”, concluye la denuncia de 40 páginas y 16 capítulos.
Lo hecho, hecho está. La denuncia fue recibida y será tramitada lejos de la influencia del ex presidente. Los analistas advierten que esta demanda podría reforzarse con otras adhesiones y acusaciones de otros personajes y grupos.
El panorama no se advierte fácil para el ex presidente, quien por estos días deberá estar siendo analizado por las autoridades de la Universidad de Harvard, que podría retirarle su “invitación” a dar cátedra.
Se sabe que quien le consiguió este empleo, fue el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhan quien durante casi todo el año que casi concluye, dedicó su esfuerzo a buscar dónde ubicar a Felipe Calderón una vez que dejara el cargo.
NEGOCIACIÓN INÉDITA
Como nunca antes, la Cámara de Diputados y la de Senadores se encuentran hoy dentro de un proceso de negociación que lo mismo incluye a las dirigencias nacionales de los partidos, que a los gobernadores y a una buena parte del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, pero especialmente a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al titular de Hacienda Luis Videgaray y al de Educación Pública, Emilio Chuayffet.
Todos ellos tienen experiencia legislativa y sin duda una sólida carrera política.
Ni qué decir que todos ellos son apoyados por dos de los personajes más reconocidos por su capacidad negociadora dentro el Congreso y en el Sistema Político Mexicano: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa.
Todos trabajan hoy en cada uno de sus foros de influencia para sacar aprobadas antes de que concluya el año los presupuestos de Ingresos y Egresos así como la reforma educativa y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Los elementos de la negociación son todos: desde acuerdos políticos, obras para determinados estados, la aplicación de programas de interés hasta importantes, multimillonarias partidas del presupuesto.
Del lado de los opositores se da el cínico agandalle. Saben que a Peña Nieto le interesan, le urgen sus votos, y ellos los cobran como si costaran en euros.
Así en la Cámara de Diputados se da, por ejemplo, un acuerdo para salvaguardar la permanencia de los maestros dentro del sistema educativo sin que esta quede condicionada al cumplimiento del servicio profesional docente.
En cuanto a la integración de la Junta de Gobierno del Instituto Para la Evaluación de la Educación, se avanza para permitir que Peña Nieto y quienes le precedan puedan proponer ternas que luego serán sancionadas y aprobadas por el Senado como ocurre con la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El coordinador de los diputados del PRI, el sonorense Manlio Fabio Beltrones indicó que espera que este período concluya como el más exitoso de todas las legislaturas.
Consideró que dentro de este contexto está seguro de que la reforma educativa será aprobada antes de que concluya el año.
“Si no es hoy, mañana”, señaló.
Y explicó:
“Tenemos todavía una idea compartida con la colegisladora, de lo que pudiera ser la fórmula del nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno, que se tiene en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
“En la iniciativa, como ustedes recuerdan, viene el nombramiento del Ejecutivo y es votado por las dos terceras partes del Senado de la República.
“Hay quienes mencionan que el Ejecutivo no debe tener intervención alguna en el nombramiento de los cinco miembros de esta Junta, lo cual para nosotros es inadmisible, porque tratándose de política educativa, es una política de Estado, en la que tiene mucha responsabilidad el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, por lo cual debe tener una intervención en ese nombramiento, como también el Senado de la República, en la ratificación de estos miembros de un órgano autónomo.
“Estamos platicando acerca de ello, intentando llegar a un acuerdo que nos permita que lo que se apruebe en Cámara de Diputados pase rápidamente en el Senado de la República”, dijo.
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