Aprueba Senado Ley de Seguridad Nacional; anula estado de excepción
Nacional miércoles 28, Abr 2010Establece que por ningún motivo el Ejército permanecerá por tiempo indefinido en las calles
Al discutir las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, el senador del PRI, Jesús Murillo Karam subrayó que la asamblea puede votar a favor de este dictamen porque es un paso adelante, un paso seguro en la lucha contra el crimen organizado.
El Pleno senatorial aprobó, en lo general, con un voto en contra, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para establecer el marco legal que regula la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico.
Con esta reforma se cancela toda posibilidad de establecer un estado de excepción en México, o la suspensión de garantías individuales, ante una crisis de seguridad interior.
La ley establece que por ningún motivo el Ejército permanecerá por tiempo indefinido en las calles.
El dictamen, aprobado con 105 votos a favor, uno en contra y una abstención, fue enviado a la Cámara de Diputados, para su posible ratificación.
Con esta ley las Fuerzas Armadas sólo participarán en algún estado, delegación o municipio previa petición de los Congresos locales, gobernadores o el jefe del gobierno capitalino para que se declare la existencia de una afectación a la seguridad interior.
Al hablar a favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam dijo que la labor no fue fácil pero al final acordaron un “proyecto ecuánime y congruente”, que protege los derechos humanos plasmados en la Constitución.
Es un paso jurídico adelante para todo el país pues garantiza que los derechos humanos no pueden ser restringidos por la implementación de un Estado de excepción por la afectación de la seguridad interior, añadió el secretario general del PRI.
Por su parte, los senadores del PRD, Tomás Torres y Pablo Gómez, manifestaron el apoyo de la izquierda “que participó, discutió, propuso y modificó la iniciativa presidencial”.
Gómez, quien participó en el movimiento estudiantil de 1968, sostuvo que con esta ley se prohibe el uso del Ejército Mexicano “para reprimir movimientos sociales” y limita la intervención de las Fuerzas Armadas en asunto civiles.
El senador del PRD propuso aprovechar la oportunidad para reformar de una vez el fuero militar y no esperar a que el Ejecutivo envíe la propuesta sobre el tema, a partir del mes de septiembre, pues “es solo una promesa que yo no creo”.
El legislador priista Murillo Karam respondió que dicha reforma tendría que hacerse al Código de Justicia Militar, tema que no está a discusión, por lo cual, dijo, no procede.
En su turno, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González señaló que se logró dar un marco jurídico a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen que garantice su seguridad y limita la acción de la misma.
Así, con esta ley, los militares que participen en la lucha contra el crimen en las calles estarán sujetos, además de la Constitución, a las leyes del Congreso y a todos los tratados internacionales.
Los elementos castrenses que incurran en ilícitos en contra de civiles serán juzgados por los tribunales competentes, según lo que disponen los artículos 13 y 133 constitucionales, aprobados por los legisladores.
Las Fuerzas Armadas sólo podrán intervenir en algún estado, delegación o municipio previa petición de los Congresos locales, gobernadores o el jefe del gobierno capitalino para que se declare la existencia de una afectación a la seguridad interior.
La solicitud será presentada ante el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, y el organismo determinará si procede o no la petición, y cuales serán las instituciones que deban brindar el apoyo requerido.
La declaratoria deberá contener quien será el responsable de la coordinación con las fuerzas federales, la determinación de la temporalidad del auxilio y el ámbito de actuación geográfica.
Luego, el Secretario Ejecutivo remitirá el proyecto de declaratoria al presidente de la República y al Senado, o en receso legislativo, a la Comisión Permanente, para que estos poderes revisen si el procedimiento se ajusta a la ley.
También, si lo considera precedente, el Ejecutivo federal emitirá la declaración de afectación a la seguridad interior y dispondrá de la Fuerza Armada permanente para auxiliar a las autoridades civiles.
