PAN y PRD frenan reforma de administración pública y Peña Nieto cancela firma de Pacto por México
Roberto Vizcaíno jueves 29, Nov 2012Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Como antes ocurrió con la reforma laboral, ahora Cordero detiene la reforma administrativa
- El mexiquense se verá obligado a iniciar su administración con una estructura albiazul
- El PAN, al parecer quiere obligar a Peña Nieto a no correr a 1,400 directores generales panistas
Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, pidió al primer ministro de Canadá cancelar el sistema de visas para los mexicanos que visiten ese país.
Convertido en el enemigo del PRI y de Enrique Peña Nieto desde el Congreso, Ernesto Cordero –exsecretario de Hacienda, exprecandidato presidencial del PAN, coordinador ahora de la fracción blanquiazul en el Senado y presidente de esta Cámara– se atribuyó ayer la victoria de haber parado la reforma de la administración pública propuesta por el Presidente electo de México.
Esta reforma pretendía desaparecer antes de la Ceremonia de Transmisión de Poderes que se realizará en San Lázaro pasado mañana, la Secretaría de la Función Pública, y reestructurar la de Gobernación a la cual se sumarían la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva, además de reorganizar las secretarías de Hacienda, de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria.
En este nuevo embate, Ernesto Cordero es seguido otra vez por Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD.
Ya antes hicieron el 1-2 para modificar el dictamen de la reforma laboral a su paso por el Senado, al introducir una serie de artículos que obligaron el regreso de la minuta a la Cámara de Diputados. Estos cambios provocaron un amplio debate y resistencias que amenazaron con abortar la iniciativa de reforma laboral enviada como iniciativa preferente por el presidente Felipe Calderón el 1 de septiembre pasado.
Todo este jaleo propició además una campaña mediática contra los grupos priístas en el Congreso y contra sus aliados los dirigentes sindicales.
Ahora Cordero pretende obligar a Peña Nieto a designar titulares en las secretarías de la Función Pública y en Seguridad Pública, además de director de la Policía Federal Preventiva.
A sabiendas de que esta reforma de la administración pública debiera aprobarse antes del 1 de diciembre, fecha en que Peña Nieto asumirá la Presidencia de la República y pretendía hacerlo con un gabinete reformado, Cordero y Barbosa comenzaron a demandar cambios en la minuta.
Eso provocaría que la reforma tendría que regresar a la Cámara de Diputados, lo cual impediría que el mexiquense pudiera cumplir su objetivo de iniciar su gobierno con una nueva estructura administrativa.
Entre otras cosas, Cordero exige que no desaparezca la secretaría de la Función Pública, sino que sólo se le restructure para modificar sus funciones. De igual manera demanda que la Secretaría de Gobernación no absorba a la PFP, como lo plantea la iniciativa de Peña Nieto.
“No permitiremos que Peña Nieto tenga un cuerpo de policía política” en Gobernación, aludiendo que la PFP sería convertida en un cuerpo para vigilar y actuar contra opositores políticos.
En este contexto el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa actúa a su vez como la perfecta comparsa del panista al avalar todos los argumentos de Cordero.
Barbosa indica que la integración de la Secretaría de Seguridad Pública y de la PFP a la Secretaría de Gobernación exige el establecimiento de controles “democráticos”.
Mientras no se incluyan estos mecanismos de control, el PRD no aprobará la reforma.
En una obvia intención de echarle la culpa del atorón de la reforma a la fracción del PRI, Cordero y Barbosa afirman que ellos no se oponen a la iniciativa de reforma administrativa de Peña Nieto, sino que sólo responden a la “intransigencia” de los legisladores del tricolor.
El freno en el Senado ordenado por Cordero, opera porque las bancadas del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano suman 66 senadores de los 128 que integran esta cámara, en tanto que los del PRI, PVEM y Panal apenas llegan a 62.
Con los números a su favor y con el apoyo de las fracciones de izquierda, el panista Cordero frena la reforma administrativa.
Así las cosas, ahora, como hace semanas, el que queda entrampado en medio de los caprichos de Cordero y la sumisión de Barbosa, es el yucateco Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada del PRI, quien por segunda ocasión aparece no sólo “chamaqueado” sino “nalgueado” por quienes se suponía son novatones en política frente a su larga experiencia en el manejo del poder.
Por lo pronto la reforma de la administración pública, que fue sacada por Manlio Fabio Beltrones en apenas dos días y sin raspones en la Cámara de Diputados, se queda entrampada en el Senado, a apenas 2 días de la toma de posesión de Peña Nieto.
EL TRASFONDO
En el grupo senatorial del PRI afirman que la reacción de Cordero surge porque pretende obligar al Presidente electo a comprometerse a no despedir a unos 1,400 directores generales, que fueron dados de alta en los meses recientes por la presidencia de Felipe Calderón y que están amparados bajo el esquema y el marco jurídico de denominado Ley del Servicio Civil de Carrera.
Al parecer estos 1,400 o más directores generales provienen de las filas del PAN y corresponden a la intención de dejarlos “sembrados” dentro de la nueva administración priísta.
La decisión de frenar y obstruir la reforma administrativa propuesta por Peña Nieto correspondería a que Emilio Gamboa se habría negado a comprometer la ratificación de esos cargos públicos dentro del gobierno de Peña Nieto.
Estos 1,400 directores generales estarían dentro de un grupo más amplio que podrían sumar los 3,935 directores y directores adjuntos de secretarías y organismos paraestatales del gobierno federal.
SE SUSPENDE EL PACTO
En obvia respuesta a este sabotaje, el Presidente electo Enrique Peña Nieto decidió posponer la firma del Pacto por México que se realizaría durante el medio día de hoy en el histórico Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro con la asistencia de al menos las planas mayores de los tres partidos mayoritarios.
Se supone que el pacto, que fue negociado por los dirigentes nacionales del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; por el del PAN, Gustavo Madero y por el del PRD, Jesús Zambrano “contiene una auténtica reforma de Estado” que operaría sobre tres grandes objetivos:
El primero, sería el de alcanzar el fortalecimiento del Estado mexicano; el segundo, la democratización de la economía, la política y los derechos sociales, y el tercero: la participación ciudadana como actor fundamental en el diseño, la ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Las reformas requeridas que se impulsarían dentro de estos objetivos serían: la de seguridad social universal; para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad a través de una reforma hacendaria eficiente y equitativa; la modernización del sector energético para convertir a Pemex y CFE en palancas más eficaces del desarrollo; la de seguridad y la justicia; la de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción –que en este momento ya están tramitándose en el Congreso– y quinta: la de gobernabilidad democrática, donde entrarían las reformas de corte político y electoral.
La obviedad indica que si Madero y Zambrano no pueden influir en sus coordinadores parlamentarios en el Senado, entonces no pueden tampoco negociar un Pacto por México que contiene muchas reformas estructurales, que en su mayoría requieren de cambios constitucionales.
O si por un lado negocian un pacto de avanzada y por el otro juegan en el Senado al contragolpe, entonces simple y llanamente no son confiables.
REGRESO
En medio de este contexto anoche regresó a México Enrique Peña Nieto, apenas unas horas antes de que se tenga que dar a conocer su gabinete, acto previsto a realizarse la noche de mañana viernes.
