Centros de Conacyt son segunda fuerza nacional de investigación
Nacional viernes 16, Nov 2012- En 28 estados del país hay 50 de ellos
En 20 años de existencia, el Sistema de Centros Públicos de Investigación Conacyt se ha convertido en la segunda fuerza de investigación a nivel nacional, al contar con presencia en 50 localidades de 28 entidades federativas.
El Sistema, integrado por 27 centros, alcanza el 10 por ciento de la membresía del Sistema Nacional de Investigadores. Además, una de las singularidades de este consorcio es que operan a partir de tareas de vinculación y resolución de problemas en su entorno, ya sea en el ámbito gubernamental o empresarial; lo cual se traduce en una amplia plataforma de servicios que posibilita un alto nivel de ingresos propios.
Bajo este esquema, el Sistema recibió, sólo en 2012, 4 mil 400 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo a esta cifra se le agregaron 3 mil 200 millones de pesos producto de la generación de recursos propios.
Además, el Sistema cuenta con 148 posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt y mil 571 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores; además de que 11 por ciento de su matrícula está conformada por estudiantes extranjeros.
Entre las áreas de conocimiento en las cuales impactan los diferentes centros se encuentran biotecnología, astronomía, manufactura, informática, química, matemáticas y ciencias sociales por mencionar algunas.
En conferencia de prensa, el maestro Luis Gabriel Torreblanca Rivera, presidente del Consejo Consultivo de los Centros Públicos de Investigación Conacyt, aseguró que de cara a un nuevo sexenio enfrentan diferentes retos, como lograr mayor interacción con los sectores gubernamental y productivo, así como la creación de nuevos centros.
Por su parte, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Centro de Investigación y Docencia Económica, comentó que es imprescindible que estas unidades generadoras de conocimiento demuestren a la sociedad su capacidad para resolver problemas; de tal manera que no se piense en la ciencia y la tecnología como elementos del gasto público, sino como una inversión que hace el país para desplegar mayores niveles de desarrollo, competitividad y bienestar social.