Piden endurecer sanciones
Luis Muñoz viernes 2, Nov 2012Segunda vuelta
Luis Muñoz
Uno de los objetivos en la actual legislatura es abrogar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Con el propósito de tipificar el delito de tortura y endurecer las sanciones para funcionarios públicos que lo cometan, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal.
Lo que se busca, dijo, es castigar con cárcel de seis a 12 años e inhabilitación definitiva de cualquier cargo público al funcionario que, con motivo del ejercicio de su cargo, torture a una persona bajo su custodia; igual sanción se sugiere para la persona que cause dolores o sufrimientos físicos o psíquicos a un detenido.
El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, deberá denunciarlo de inmediato; en caso contrario, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo.
Cabe señalar que se define como tortura “todo acto por el cual se inflijan dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales a una persona para obtener de ella o de un tercero información o una confesión; castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; intimide o coaccione a esa persona o a otras, o por otra razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario o servidor público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento”.
En la iniciativa, turnada a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, se explica que un gran porcentaje de las violaciones a derechos humanos en el país se origina porque ante conflictos sociales, las autoridades optan por la fuerza en lugar del diálogo y la solución pacífica de conflictos. Por ello, no considera como excluyente de responsabilidad la inestabilidad política interna ni la urgencia en las investigaciones.
Mejía Berdeja aclaró que no se debe confundir la tortura con lesiones, abuso de autoridad u otros delitos, por lo que planteó que a solicitud de cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por un perito médico legista, que deberá expedir de inmediato el certificado correspondiente; en caso de apreciar que hubo tortura, deberá comunicarlo a la autoridad competente.
Además, sugiere el diputado que “el responsable de este delito cubra los gastos de asesoría legal, médicos, de rehabilitación, funerarios o de cualquier otra índole en que haya incurrido la víctima o sus familiares.
Asimismo, por los perjuicios causados a la víctima o sus dependientes económicos en caso de que haya pérdida de la vida; alteración física y psicológica de la salud; pérdida de la libertad; pérdida de ingresos económicos; incapacidad laboral; pérdida o daño a la propiedad; y menoscabo de la reputación”.
LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES
Ayer, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva refrendó el compromiso de la CNDH de promover y hacer efectivos los derechos de las personas adultas mayores, en el ámbito laboral, familiar, político y social.
Sostuvo el compromiso de la institución con quienes han entregado la mayor parte de su vida laboral y productiva al desarrollo de nuestro país, de apoyarlos y servirles impulsando aquellas causas que redunden en su beneficio.
Al encabezar la ceremonia de firma de convenio de colaboración entre la CNDH y la Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores, Jubilados y Pensionados, A.C. (RENORAMJUP), Plascencia Villanueva manifestó su admiración y reconocimiento a los adultos mayores. Una admiración y un reconocimiento que, dijo, se deben hacer compatibles con acciones concretas que deriven en mejores condiciones de vida para todos.
