La justicia y sus derivados
¬ Augusto Corro viernes 26, Oct 2012Punto por punto
Augusto Corro
Ir a la guerra sin fusil, es apostar por una derrota segura.
Eso le pasó a Calderón que no contó con todas las armas necesarias para vencer al enemigo, en este caso el crimen organizado.
En otras ocasiones señalamos que las policías se figuraban como parte fundamental de la fuerza de combate.
Pero, vaya sorpresa que se llevó todo mundo: las policías de todos los niveles en todos lados estaban muy relacionadas con la delincuencia. Eran socios.
A partir del inicio de la guerra fallida de Calderón, miles de representantes de las fuerzas públicas fueron cesados en sus cargos, enviados a la cárcel o simplemente les dieron las gracias, sin mayor problema.
A raíz de la podredumbre en los cuerpos representantes de la ley, se procuró sanearlos. Se les exigió exámenes de todo tipo: de salud, de supuesta confianza, etc., con resultados nada positivos.
A la fecha, se ignora cuántos policías son buenos y cuántos son malos. Además, estos últimos con su expediente negativo siguen en activo.
También hubo fallas en la impartición de justicia. Los jueces y los representantes del ministerio público dejaron mucho qué desear con sus actuaciones.
¿De qué sirve enfrentar a la delincuencia organizada si esta conoce muy bien los caminos para corromper a las autoridades?
Así sabemos de jueces cuya actuación quedó en entredicho porque dejaron en libertad a delincuentes porque, según dijeron, los expedientes no estaban debidamente integrados.
Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó el miércoles pasado al juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares López, quien estaba suspendido en sus labores desde el pasado 1 de junio.
Cázares López había incurrido en faltas graves en su función jurisdiccional.
El mencionado juez lleva en su “curriculum” la liberación de 12 de los 35 funcionarios municipales, estatales y federales presuntamente involucrados con el crimen organizado de Michoacán.
Ante las resoluciones de Cázares López, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso en su contra dos quejas administrativas y una denuncia.
Si usted recuerda, nos referimos a aquel asunto conocido como “El michoacanazo”. El mismo juzgador resolvió a favor de Julio César Godoy Toscano, aquel diputado perredista, acusado de nexos con el narcotráfico.
Claro, se encuentran más casos en los que aparecen jueces no cumplen con los ordenamientos legales ya sea por omisión, flojera o dinero.
Entre los asuntos recientes que provocaron escándalo está el de Rubén Sifuentes Cadena (a) “El Shaggy”. Este sujeto fue identificado como uno de los presuntos homicidas de José Eduardo Moreira, el hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
El 31 de julio pasado cuando “El Shaggy” fue detenido por elementos del Ejército en Ciudad Acuña, Coahuila, tenía en su poder 111 dosis de mariguana y 58 cartuchos útiles. La PGR lo consignó por delitos contra la salud.
Ya en la cárcel, el juez de Distrito, Samuel Meraz Lares, reclasificó el delito y argumentó que el ministerio público de la federación “no aportó pruebas suficientes para acusarlo de ser un narcomenudista, y , aunque lo sometió a proceso, el ilícito le permitió salir de prisión”.
A “El Shaggy” le costó un poco más de 3 mil 500 pesos alcanzar su libertad bajo caución.
A principios de octubre, “El Shaggy” (ahora prófugo) y una banda de narcos, entre estos varios policías, secuestraron y mataron a José Eduardo Moreira, en Ciudad Acuña, Coahuila.
NORMALISTAS EN LIBERTAD
En Michoacán vuelve la calma, eso esperamos.
Apenas hace unos días, la entidad se encontraba en llamas. Estudiantes normalistas se manifestaron violentamente y para controlarlos se desplegó un operativo gubernamental.
El gobernador Fausto Vallejo fue exhibido como un inepto por no controlar las agresiones de los normalistas. Un grupo de manifestantes fue detenido y enviado a prisión, como culpables de los delitos de robo y motín.
Los estudiantes presionaron para que dejaran en libertad a sus colegas, quienes, por falta de pruebas y tras pagar una fianza de 7 mil pesos cada uno, fueron liberados.
¿Quién va a pagar los vehículos incendiados?
Ojalá que Michoacán empiece a respirar tranquilidad, porque desde que Calderón llegó a Los Pinos, la entidad ha sido sometida a un sinnúmero de hechos violentos propiciados por la delincuencia organizada.
Feliz fin de semana.
