Nada contra el “lavado” de dinero
¬ Juan Manuel Magaña viernes 19, Oct 2012Política Spot
Juan Manuel Magaña
Resulta que la ley “antilavado” de dinero, que Calderón acaba de promulgar, no sirve.
Lo afirma el especialista que más sabe de esto y que cuenta con vasta experiencia internacional en la materia: Edgardo Buscaglia. Para él es tan sencillo como que dicha ley es “una vacilada” porque “se escogió el camino más costoso, engorroso y complejo”.
La precisión de Buscaglia es sumamente importante para ubicar cuál es el estado real en que Calderón deja el combate al narcotráfico. Y no es como él dice, que ahora sí se podrá “golpear” a la delincuencia y el crimen organizado en lo que más les duele: sus finanzas.
De las críticas de Buscaglia, se desprende que ni siquiera deja Calderón un instrumento legal útil como para que el siguiente gobierno pueda entrarle correctamente al problema que hereda. Lo deja en un estado de simulación, como lo fue su guerra.
Se dirá que todos o casi todos los partidos tuvieron que ver con la nueva ley y no sólo Calderón. En ello hay razón, pero sólo en parte, pues la ley terminó siendo un traje a la medida del inquilino de Los Pinos, tan es así que ahora nos la vende como la panacea contra lo que no pudo.
Y no sólo no pudo. A Buscaglia le llama la atención que la ley “antilavado” se haya emitido al final de un gobierno que fue testigo de una expansión exponencial de los grupos criminales.
De entrada, el especialista opina que la ley es incompleta, “es una simulación, una vacilada”. Afirma que el mecanismo de perseguir el “lavado” de dinero deja fuera de la penalización a cerca de 80 por ciento de los casos, porque es muy difícil probar ese delito. Eso sólo se aplica a los casos obvios, donde la prueba cae de madura y es fácil detectar el producto”.
Su explicación es algo compleja y va más o menos así: El problema es que el “lavado” de dinero en México es de tipo penal, que exige que alguien, a sabiendas, “lave” dinero. Esto hace que la figura penal sea muy difícil de aplicar; y es costosísima, porque el material probatorio que exige al Estado tiene un costo muy elevado y en la mayoría de los casos se cae.
No hay coordinación entre las autoridades de inteligencia financiera de Hacienda, tributarias, auditores fiscales, fiscalías estatales y federales. Y eso no se está exigiendo a través de la ley de “lavado “de dinero.
Como tampoco se están realizando auditorías en áreas empresariales de alto riesgo, como casinos, deuda y obra pública. Y esto no se aplica en la nueva ley, a pesar de la experiencia internacional, donde se ha observado que la investigación fiscal de los recursos sospechosos es lo más ágil para combatir el “lavado”.
Tampoco se explota la extinción de dominio, que en México tiene causales muy limitadas y a nivel federal la ley exige la vinculación a la causa penal, con lo cual se echa por tierra el propósito mismo de la ley de extinción. La ley tiene que permitir al Estado extinguir el dominio patrimonial de un bien sin necesidad de asociarlo a un delito.
La conclusión de Buscaglia me deja perplejo. Nada de esto se incluyó “porque hay un pacto de impunidad. Llegarle a todos estos patrimonios es llegarle a las campañas de los políticos más importantes de todos los partidos. Los financiamientos de campaña excesivos, que violan los topes determinados por ley, vienen de empresas legales, no de “El Chapo” Guzmán. Y yo que pensaba ayer que, al menos, Calderón estaba terminando su guerra por donde debió empezarla. Ni eso.
