Dos ministros, dos
Francisco Rodríguez martes 16, Oct 2012Índice político
Francisco Rodríguez
Que no se nos olvide: la actual composición de la Suprema Corte de Justicia es producto de un golpe de Estado técnico, un albazo legislativo o, simplemente, un fujimurazo.
En 1994, apenas arribado a Los Pinos, Ernesto Zedillo desapareció de un plumazo al tercer brazo de gobierno, para poner en práctica sus reformas con las que se pretendía alcanzar “un nuevo Poder Judicial”, a través de la reestructuración de la Corte, no sólo en cuanto a su número de miembros, sino también en cuanto a sus facultades para interpretar el texto constitucional y resolver controversias. Igualmente, estableció el Consejo de la Judicatura Federal como órgano de administración judicial e instauró la carrera judicial.
Plausibles sus objetivos, dicha reforma judicial fue criticada por sus formas a grado tal que dos de sus mejores comentaristas, Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta, han citado a Robert McNamara, quien fuera secretario de la Defensa del imperio, para ilustrarlo: “¿Cuánta maldad debemos hacer para obtener un resultado noble?”.
Aplaudida por los de siempre, la tal reforma zedillista ha entrado a prueba una vez más, ante la sustitución de dos ministros de ese cuerpo colegiado. Y una vez más se habla de que el nombramiento de quienes entren al relevo estará impregnado de partidización, cuando uno de los supuestos que originariamente se pretendía era la de la no politización.
REFORMA LABORAL, NI TIRIOS NI TROYANOS
1) Graciela Bensusán Areous, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC ) dijo que los “ganadores” de las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) -que se discute en el Senado- son los grandes empresarios y no los trabajadores. En la iniciativa, dijo, hay temas ausentes, como la definición de la flexibilidad para la creación de empleos y la duración de la jornada laboral. Sostuvo que México tiene una de las jornadas laborales más largas, con 48 horas semanales -la de Chile es de 45 y la de Brasil 44-, y uno de los periodos vacacionales más cortos del mundo, con seis días por el primer año en el empleo. “Estamos casi igual que países africanos, los cuales apenas comienzan a tener normas en toda su historia”.
2) Si la reforma laboral concreta el pago por hora en México, legaliza la subcontratación (“outsourcing”) y no incluye la democratización de los sindicatos, realmente los trabajadores “estarán ante un callejón sin salida”. Además este país se alejará aún más de la meta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de tener empleos “decentes”, aseguró en entrevista la doctora Luciana Gandini, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) e investigadora de El Colegio de México (Colmex).
3) La cúpula del sector empresarial, encabezada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó en el Senado que se modifique la reforma laboral -que aprobó la Cámara de Diputados- en temas que les afectan, como “la sobrerregulación en el “outsourcing”, que es perjudicial para la creación de empleos; el pago de intereses cuando termina la relación laboral por salarios caídos y las condiciones al pago por hora que, como quedó, lo acotarían drásticamente”. Ante la Comisión del Trabajo de esa cámara, los empresarios pidieron a los legisladores que corrijan también “el desproporcionado incremento en sanciones, que alcanzarían hasta 5 mil días de salario mínimo por trabajador, casi mil 600 por ciento por encima de las actuales penas, y los contratos a prueba, que no debe aprobarlos una comisión mixta, porque ello invalidaría los beneficios para la mayoría de las empresas”.
4) El Estado encabeza la sistemática e impune violación a los derechos de los trabajadores, pasa por encima de las leyes laborales, así como convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); también permite que los patrones cometan esta ilegalidad, determinó el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organismo internacional ético de carácter no gubernamental. Condenó por estos hechos al gobierno federal, en particular a los titulares de la Presidencia de la República y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Para que los consideren…
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