Podredumbre y corrupción
Ramón Zurita Sahagún martes 9, Oct 2012De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Si algo queda en claro dentro de la lucha contra la delincuencia organizada es la gran penetración de los grupos delincuenciales dentro de las corporaciones policíacas y militares.
Los infiltrados suman decenas y asoman cuando se esclarecen algunos de los delitos más sonados que existen en el país.
Para las autoridades parece resultar sencillo investigar y aclarar los casos sonados, mientras que miles de ilícitos se mantienen dentro de los rangos de impunidad que parecen ser la constante.
De acuerdo con los resultados que generan las investigaciones, mientras más importantes resultan las víctimas de esos delitos más pronto las autoridades resuelven, o parecen hacerlo, los casos.
El asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez y la celeridad de las autoridades de todos los niveles para actuar en consecuencia y hasta para, aparentemente, resolverlo, deja en claro unos instrumentos de justicia sumamente eficaces.
Sin embargo, no parece ser lo mismo en otras instancias y con los mismos delitos cometidos en personajes alejados de los reflectores y de lazos consanguíneos con políticos de alto nivel.
Y es que mientras el asesinato de José Eduardo parece haber sido resuelto en cuestión de horas, el crimen de Marisela Escobedo tardó meses en encontrar al presunto culpable.
De los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas parecen haber encontrado al asesino, luego de largos meses de silencio y cuando el mundo de especulaciones y versiones corren sin parar.
Como ese asunto, otros más duermen un profundo sueño, otros más fueron archivados, mientras los meses y años pasan, sin que se vislumbre la posibilidad de atrapar a los criminales.
Pero dentro de todo este contexto, lo más terrible para la ciudadanía en general es conocer que dentro de los principales asuntos resueltos se encuentran, casi siempre, involucradas las propias autoridades, sin importar si son del orden civil o militar.
Causa escozor saber que fueron los propios jefes policíacos de Ciudad Acuña, los que llevaron a la muerte al hijo del ex gobernador Humberto Moreira Valdez, en un hecho que muestra el contubernio de esas autoridades con los grupos del crimen organizado.
Pareciera ser que se corrobora que el avance de los grupos delincuenciales se debe a los pactos establecidos con esas autoridades que, supuestamente, se encuentran para proteger a la ciudadanía y luchar contra el crimen.
El caso de Coahuila no es el primero que sucede, en que se descubre la relación y complicidad entre los grupos delincuenciales y las autoridades, especialmente las policíacas.
Pero no son solamente ellos, ya que autoridades militares, más del Ejército que de la Marina, han mostrado que sus organizaciones también han sido penetradas por los delincuentes.
Sin que se les compruebe nada, hasta el momento, un grupo de generales se encuentra arraigado y sometido a proceso por supuestas vinculaciones y protección a los cárteles de la droga.
Antes de ellos, otros militares también han sufrido las consecuencias de presuntas asociaciones con organizaciones criminales y han sufrido cárcel.
Pero donde más se producen esas vinculaciones es dentro de los distintos segmentos de las policías, sean de nivel municipal, estatal y federal.
Constantemente se detienen jefes, subjefes, oficiales y simples policías, a los que se les imputan relaciones con los delincuentes detenidos.
Pero lo que alarma a la ciudadanía no es que se les comprueben las relaciones a esos malos elementos, sino que es hasta que detienen a uno de esos delincuentes de importancia, cuando se sabe del grado de penetración que tienen dentro de las corporaciones de seguridad.
Antes de ello, no se sabe nada y los ciudadanos nos encontramos inermes ante unos cuerpos de seguridad que supuestamente nos protegen.
La corrupción de los cuerpos policíacos es una realidad y las pretendidas depuraciones no pasan de ser actos de buena fe anunciados por las autoridades, pero sin efecto, ni resultado alguno.
Ni siquiera los cambios de nombre de los cuerpos de seguridad pública ayudan en nada, ya que las desaparecidas Dirección Federal de Seguridad, Policía Judicial Federal, Policía Ministerial, Agencia Federal de Investigaciones y otras más han permitido una mejora dentro de los grupos mencionados.
Pareciera ser que solamente se trata de cambios de siglas y que las buenas intenciones quedan solamente en eso, un catálogo de buenos propósitos que no llegan a consumarse.
LE TOCA AL SENADO
Resuelta ya la aprobación de las modificaciones de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, corresponde ahora al Senado de la República hacer suya la propuesta del Ejecutivo federal y aprobarla sin enmiendas, tal como la mandó la colegisladora para abreviar el tiempo.
Cuentan con el tiempo suficiente para analizarla, debatirla y, en su caso, aprobarla sin modificaciones de ningún tipo, sin importar que panistas y perredistas pretendan meterle enmiendas relacionadas con la transparencia de los sindicatos.
De hacerlo de esa forma, antes de que finalice el mes, la reforma laboral deberá estar consumada, en caso contrario tendría que enviarla de regreso a la colegisladora para ser discutido de nueva cuenta el documento con las adiciones enviadas por la llamada Cámara Alta.
Hasta el momento todo parecer indicar que el asunto será resuelto con la aprobación del documento, tal y como lo enviaron los diputados, ya que de otra forma se iniciaría un peloteo entre ambas cámaras que daría paso a especulaciones y a que la iniciativa quedara como un simple propósito de realizar las cosas de manera expedita.
GANÓ CHÁVEZ
Para desánimo de todos aquellos que confiaban en un cambio de mando en Venezuela, Hugo Chávez se alzó con la victoria, sacando una diferencia de 10 puntos porcentuales a su antagonista Henrique Capriles.
De esta forma, el actual presidente de Venezuela prorroga su mandato, por un período más.
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