Justicia a periodistas
¬ Augusto Corro viernes 5, Oct 2012Punto por punto
Augusto Corro
Por fin, es posible que se logre un poco de justicia para dos periodistas que fueron agredidos por policías en los hechos violentos de Motozintla, Chiapas.
Por lo menos una decena de uniformados fueron detenidos luego de que robaron materiales y privaron de su libertad al comunicador Juan de Dios García Davish y agredieron a María de Jesús Peters. Los policías estatales tendrán que responder de los delitos de robo con violencia, abuso de autoridad y lesiones.
Debido a conflictos postelectorales en Motozintla la población decidió manifestarse violentamente e incendiaron el palacio municipal y otros edificios, así como camionetas.
A las 4.00 horas de la madrugada, un grupo de la Policía Estatal, que se cubría el rostro con pasamontañas y que portaba armas de grueso calibre, acudió al lugar y de manera violenta detuvieron a una treintena de personas.
Desde un balcón de un hotel cercano, los reporteros cumplían con su trabajo. Recababan información y filmaban lo que ocurría a su alrededor.
Diez policías, con el rostro cubierto, llegaron al cuarto donde se encontraban los periodistas, quienes al negarse a entregar las cámaras, fueron agredidos a golpes.
Ojalá y esta vez las autoridades apliquen todo el rigor de la ley contra esos uniformados que lucieron a todo lo que daba su condición de gorilas.
IMPUNIDAD
Oaxaca es el estado más peligroso de México para quienes defienden derechos humanos. Así lo señalaron representantes de la red “Todos los derechos para todos” (RTDT) y de las Brigadas Paz Internacional (PBI).
Dijeron que en los últimos 21 meses se han reportado 41 agresiones, cinco asesinatos y una desaparición forzada relacionados con activistas y defensores de los derechos humanos.
Además, criticaron la actitud del gobernador oaxaqueño, Gabino Cué, quien no actúa con eficacia para revertir el clima de hostilidad que prevalece contra los defensores de los derechos humanos y “que es generado por la impunidad que persiste de grupos caciquiles y paramilitares”.
Concluyeron que el gobierno de Oaxaca no ha podido crear una política integral de atención a las agresiones de personas defensoras, y tampoco ha logrado un ambiente seguro para el trabajo de los activistas sociales.
EL CAPITULO DE HOY
Un juez federal arraigó por 40 días más a los 12 policías federales (ahora se dice que son 13) presuntamente implicados, en la agresión armada contra la camioneta de la embajada de Estados Unidos registrada en la zona de Tres Marías.
La información sobre el caso es a cuenta gotas. El hermetismo de las autoridades propició un sinnúmero de especulaciones.
A más de un mes de los hechos, la situación sigue igual. Alguna filtración noticiosa va en el sentido de que los policías federales son inocentes y que no tienen ninguna relación con el crimen organizado como afirmó una agencia de noticias.
Habrá que esperar otros cuarenta días para saber el desenlace del “affaire” Tres Marías en el que resultaron lesionados dos agentes de la CIA.
LA FIESTA EN PAZ
Ignacio de Jesús Valladares Salgado, presidente de Teloloapan, Guerrero, recibió un mensaje de advertencia por parte de “La Familia Michoacana”.
Los narcos le plantearon al edil, en un supuesto pacto, que se mantenga al margen de los intereses del grupo (de “La Familia Michoacana”) a cambio de mantener la tranquilidad en el pueblo.
“Queremos que la policía, su policía, se mantenga al margen y eso es un compromiso que estamos haciendo ahorita, para que la fiesta esté en paz y nosotros no nos metamos más con la policía”.
Obviamente, Valladares aseguró que la conversación se produjo en contra de su voluntad, denunció las presiones y negó conocer a sus interlocutores. A nivel municipal, la guerra contra la delincuencia organizada fue un fracaso.
El caso del edil de Teloloapan podría ser el ejemplo de lo que ocurre en los municipios de México. Claro, con sus excepciones.
La influencia de la narcos arrasa con autoridades y policías. Con las acciones intimidatorias de la delincuencia y sus actos sangrientos, poco o nada puede hacer el ciudadano común.
No habrá fuerza pública suficiente para brindar seguridad a la población.
¿Qué sigue en el caso de Valladares Salgado? Nada. El presidente municipal tendrá que acatar el supuesto pacto, porque los delincuentes no se detienen para llevar a cabo sus amenazas. En el estado de Guerrero se libra una lucha encarnizada por el control de la zona.
Feliz fin de semana.
