¿Y los trabajadores?
Luis Muñoz jueves 27, Sep 2012Segunda vuelta
Luis Muñoz
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, diputado Carlos Aceves del Olmo, informó ayer en conferencia de prensa que las propuestas que hicieron los partidos de izquierda sobre la reforma política no han quedado fuera, están a discusión pues el dictamen no se ha rechazado ni se ha aprobado aún.
Explicó que todavía está a discusión con toda la documentación que entregaron en tiempo y forma hasta el 21 de los corrientes todos los partidos.
Cuestionado sobre lo más relevante en este dictamen, el legislador dijo que todo es relevante, porque todo mueve al mundo del trabajo y a la sociedad.
“Todo es relevante. No podría yo calificar algo como lo más importante sobre otro, fundamentalmente para no incidir en que se vote por una cosa sí y por otra no”.
Sobre el articulado, si era más voluminoso que el que recibieron hace un par de días y si tiene alguna diferencia, Aceves del Olmo opinó que no hay diferencia. Tiene todo lo reglamentario. Tiene todo lo que el reglamento parlamentario ordena: la exposición de motivos y la fundamentación, lo que hace que sea más voluminoso, pero lo fundamental está ahí.
¿Podría ser modificado el documento?
Su respuesta fue clara:
“Desde luego que sí. Todos los diputados tenemos derecho, a la hora de discutir, de hacer nuestras propuestas y si son aceptadas pasan a ser parte del articulado”.
¿Con qué porcentaje de unanimidad llegaría al leno?
“Yo creo, dijo, que no hay unanimidades en nada. Ustedes mismos lo ven. Dicen ahora, la alianza es PAN-PRD. Luego dicen, no, la lianza es otra…El caso es que no hay unanimidad. Cada quien está haciendo su trabajo, de acurdo con las instrucciones que le den en sus partidos y espero que al final prevalezca la capacidad de ver lo que sí hace falta para México y no utilizarlo como una tribuna política para hacerse publicidad.
Por último, el diputado consideró que este jueves podría ser votado en el pleno. Al menos, dijo, esa es la intención.
LIBERTAD DE EXPRESION
Para Beatriz Pagés Rebollar, la política exterior mexicana, como los medios de comunicación, y con éstos la libertad de expresión, se encuentran en una crisis.
La diplomacia y los medios mirando hacia Estados Unidos y, por el otro lado, el manicomio informativo “gobernado por el pragmatismo publicitario, por la dictadura del raiting y donde la llamada libertad de expresión tiene más apariencia de arbitrariedad, de ilegalidad, que de verdadera libertad”.
Así es como ve la periodista el estado actual de México, mientras Humberto Hernández Haddad dio a conocer una propuesta de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) para que, a fin de detener la espiral de violencia y los ataques en contra de la libertad de expresión, sean sujetos a prisión preventiva como recientemente se tuteló a quien cometa el delito de trata de personas, al incluírsele en un catálogo junto con los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en contra de la seguridad de la nación y libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Lo anterior fue expuesto durante el Foro sobre Política Exterior y Libertad de Expresión en México, convocado por el Club de Periodistas y la Fundalex, donde su presidente, Armando Prida Huerta, expresó que también los ciudadanos están viviendo verdaderos atropellos de la justicia o de los funcionarios públicos y los periodistas que publican lo que ocurre son “atropellados” en sus derechos de dar a conocer los sucesos.
Consideró que “muchas agresiones vienen de la autoridad y son identificadas, pero lo que realmente priva en este país es una impunidad impresionante. No basta tener la razón jurídica ni la moral.
No importa que denuncies con las pruebas en la mano.
Por su parte, el titular del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro de la Fundalex, Ernesto Villanueva, expresó que “el Estado ha dejado de proteger a la sociedad, pues a pesar de que tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión, no lo ha realizado”.
Por ello dio a conocer la posibilidad de iniciar un juicio por daño patrimonial al Estado, porque está afectando a todos los ciudadanos, aunque expresó que la solución es una reforma donde pase la Procuraduría a una independencia como Fiscalía, de la cual dependa directamente la Secretaría de Seguridad Pública, que permita garantizar las libertades de expresión y el derecho a la información.
