Piden más facultades para la CNDH
Luis Muñoz jueves 6, Sep 2012Segunda vuelta
Luis Muñoz
Ante la interrogante de ¿qué hace falta hacer en cuestión de derechos humanos en México?, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, afirmó que es necesario trabajar en conjunto con las organizaciones no gubernamentales para refrendar desde el Congreso la fe en el tema y estar en contacto continuo con la ciudadanía. Pero, antes, “empecemos por caminar juntos”.
Ángel Obregón Escobedo, representante del Consejo Nacional e Internacional de ONG´s y del Consejo Estatal de ONG´s Morelos, pidió que se impulsen las reformas necesarias para darle facultad sancionadora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Dijo que es necesario que la CNDH pueda sancionar a los funcionarios que cometan alguna violación a los derechos y citen a aquellos que no cumplan con las ecomendaciones que les fueron emitidas.
En una reunión con representantes de organizaciones no gubernamentales, cuyo propósito fue intercambiar opiniones respecto de lo que hace falta hacer en cuestión de derechos humanos en México, Raymundo Güido, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que no se puede seguir sólo con recomendaciones, ya que, lamentó, no les dan cumplimiento a las mismas.
Demandó que el gobierno federal destine los recursos suficientes para capacitar a comunidades indígenas en materia de autoproducción, con el objetivo de garantizarles el derecho a la alimentación.
Al respecto, la presidenta fundadora constituyente de la Confederación Nacional de ONG´s, Linda Amanda Obregón Bravo, pidió conocer cuál ha sido el uso que se le ha dado a los 15 mil millones de pesos destinados al campo para el amortiguamiento de los efectos de la sequía.
Del mismo modo, consideró esencial que se faculte a la CNDH para sancionar a los servidores públicos que no cumplan con la ley, dado que las leyes en México están bien hechas, pero el problema es que la gente no les da cumplimiento”.
Por su parte, José Luis Echeverría, presidente de la confederación de ONG´s Oaxaca, “puso el dedo en la llaga” al señalar que existe una parálisis legislativa en la atención y promoción de derechos humanos.
Como se ve, en la reunión hubo muchos pronunciamientos, ahora solo falta ver que tanto de lo que se dijo es llevado a la práctica.
ANTIDOPING A DELEGADOS
Para que no se preste a sospechas o de pie a especulaciones, la jefa delegacional electa en Magdalena Contreras, Leticia Quezada, explicó por qué no acudió a la prueba antidoping que se aplicó a los titulares de las demarcaciones capitalinas ayer en la sede de la Asamblea Legislativa. Para empezar, dijo, no fui notificada oficialmente, aunque reconoció que si se enteró pero a través de los medios informativos.
Como sea, para no sentar un mal precedente, aseguró estar
en la mejor disposición de realizarse la prueba toxicológica, convencida de que los servidores públicos deben “predicar con el ejemplo”, sobre todo en estos tiempos en que el país atraviesa por un gran problema de tráfico y consumo de estupefacientes.
Leticia Quezada consideró que si bien las y los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir con éstos y otros requisitos de probidad ante la ciudadanía, la política de lucha contra el consumo de drogas no debe ser encaminada a la estigmatización y persecución.
Además, la funcionaria respaldó plenamente la creación del Instituto de Lucha Contra las Adicciones del Distrito Federal y todas las acciones que ayuden a darle un tratamiento correcto de ayuda y no de persecución a los ciudadanos adictos a alguna sustancia.
Por último, sostuvo que “un gobierno de izquierda como el del Distrito Federal y como el que encabezaremos en Magdalena Contreras, debe darle prioridad a la prevención de adicciones, más que a la estigmatización de quienes enfrentan un problema de consumo de drogas”.
¿FIN DEL CORPORATIVISMO?
Será hasta la próxima semana cuando se instale la Comisión de Trabajo y Previsión Social para desahogar la iniciativa preferente que remitió el titular del Poder Ejecutivo en materia laboral.