De pena ajena
¬ Augusto Corro jueves 30, Ago 2012Punto por punto
Augusto Corro
Son contradictorias las versiones sobre el interés de Calderón de acudir a San Lázaro a entregar su sexto y último informe de gobierno.
Por un lado, se asegura que las pláticas para presentarse ante el Poder Legislativo van por buen camino. Por otro, se habla de que el Ejecutivo desechó la idea. De ser cierto esto último, sólo nos queda reconocer que Calderón decidió, con sensatez, no exponerse a críticas acres por su fallida administración sexenal. Desde luego, el jefe del Ejecutivo no entregaría el documento del informe mencionado, sino que buscaría subir a la tribuna para enviar algún mensaje a la nación, como se estilaba en otras épocas. Como todo mundo sabe, el gobierno panista de Calderón no se encuentra en condiciones de soportar un análisis político ni superficial, ni a fondo.
Son más los resultados negativos que positivos.
El tema de la violencia desatada por la lucha contra la delincuencia organizada será una carga pesada que llevará Calderón después de dejar el poder.
Con una estrategia fallida que no quiso corregir, en el sexenio del michoacano perecieron más de 60 mil personas, aumentó la miseria y no hubo manera de abatir el desempleo.
¿De qué hablaría Calderón en el pleno del Congreso? De simples autoelogios de sus “logros”, que en nada le ayudaría a mejorar su imagen. En las elecciones pasadas, millones de electores decidieron votar por otra opción política, porque el PAN-gobierno tuvo un desempeño pobre.
MAR DE FONDO
El enredo de Tres Marías en el que federales agredieron a dos diplomáticos y un elemento de la Armada, creció de tal manera, llegó a una dimensión descomunal. El tamaño del conflicto obligó a Calderón a “lamentar profundamente los sucesos ocurridos” y a asegurarle al embajador de EU en México, Anthony Wayne, que se investiga a fondo, con todo rigor y severidad, porque no pueden pasar estas cosas, sea por negligencia o complicidad.
Las informaciones sobre el hecho mencionado son tantas que será complicado saber la verdad que se busca al estilo mexicano.
Por el momento, se seguirá el proceso de enfriamiento. Los 12 federales implicados en el ataque a la camioneta diplomática fueron arraigados. Correrá el tiempo y cuando vuelva a tratarse el tema, pocos se acordarán del asunto. Se olvidará que en la agresión a los diplomáticos y al capitán participaron policías federales que no portaban el uniforme, se transportaban en vehículos particulares y actuaron con prepotencia.
Por el momento se acusa a los representantes de la ley de “abuso de autoridad”, pero no se descarta que las autoridades los responsabilicen de intento de homicidio. El tema se convirtió en una papa caliente porque se intentó ocultar la personalidad de los extranjeros que iban en el vehículo con placas diplomáticas.
Primero, se manejó, extraoficialmente, que se trataba de dos empleados de la embajada, luego que eran agentes de la DEA o de la CIA. Finalmente, que ambos abandonaron el país, sin declarar ante el Ministerio Público. Vaya enredo.
Pasan los días y bien a bien no se sabe que pasó en Tres Marías. Quienes saben exactamente qué ocurrió en aquel paraje guardan un convenenciero hermetismo.
LA PIEDRA EN EL ZAPATO
En el sexenio panista, el Ejército y la Armada tuvieron que participar de lleno en la guerra contra la delincuencia organizada, por una sencilla razón: la policía en todos sus niveles, federal, estatal y municipal, no estaba capacitada para responder al reto que representaba enfrentar a los criminales de los cárteles de la droga.
Así, pues, el Ejército y Armada se vieron obligados a desempeñar tareas ajenas a sus obligaciones constitucionales. Es decir, suplieron a las policías en el combate a la delincuencia. La corrupción e incapacidad de las fuerzas policiacas orilló a las autoridades a realizar una depuración a través de la evaluación y certificación de sus elementos.
La meta consistía en conformar a dichas fuerzas con personal confiable, eficaz y transparente. ¿Se trataba de una aspiración inalcanzable? Casi. Por lo menos, el proyecto de evaluar y certificar a toda la policía no se llevaría a cabo en un sexenio. Así ocurrió.
En los estados y municipios las evaluaciones apenas alcanzan a la mitad de las organizaciones policiacas y de éstas, únicamente el 62 por ciento aprobó el examen. El gran problema de la corrupción en la policía es integral y llevará muchos años erradicarlo.
Hablamos de un problema social que creció de la mano de la corrupción y la impunidad. Salarios raquíticos y una selección protectora de los aspirantes a policías (muchos con antecedentes penales) produjo que nuestros representantes de la ley fueran presa fácil de los delincuentes. En el presente se vive una paradoja obligada por las circunstancias: en la evaluación, un sinnúmero indeterminado de policías reprobaron los exámenes y tienen que seguir en el desempeño de sus “funciones” como policías.
Así pues, la tarea de la certificación de los representantes de la ley está llena de buenas intenciones y nada más. El problema terminará totalmente, cuando en México desaparezcan la corrupción y la impunidad.
En tanto, el Ejército y la Armada tendrán que continuar en la guerra contra el narcotráfico. No hay de otra.
