Michoacán
Ramón Zurita Sahagún martes 21, Ago 2012De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Cuando inició la administración sexenal de Felipe Calderón Hinojosa, surgió la intención de dar un golpe espectacular que le permitiera darle legitimidad a su sexenio. El respaldo del Ejército y la lucha armada contra la delincuencia organizada fueron los elementos analizados que podrían darle el sustento requerido.
El referente más cercano fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando dos golpes de timón le permitieron ganar credibilidad ante la opinión pública que le cuestionaba la posibilidad de un fraude electoral en los comicios del 6 de julio de 1988.
El derrocamiento de dos viejos y cansados líderes, convertidos en caciques sindicales, le generó un amplio reconocimiento por parte de algunos sectores que dudaban de la palabra del nuevo Presidente de México.
Primero fue Joaquín Hernández Galicia y después Carlos Jonguitud Barrios, los dirigentes sindicales depuestos con aplicaciones distintas. El petrolero fue encarcelado en una historia ampliamente conocida, y el magisterial, simplemente fue enviado al retiro.
Se improvisaron nuevos liderazgos, Sebastián Guzmán Cabrera, por el lado de los petroleros y Elba Esther Gordillo, por el de los educadores.
Guzmán Cabrera murió y Carlos Romero Deschamps entró al quite y a encabezar en forma vitalicia a los trabajadores petroleros, y Gordillo Morales lo hizo desde entonces con el magisterio afiliado al SNTE. La jugada fue magistral por parte de Salinas de Gortari y el amplio reconocimiento hacia la Presidencia de la República que encabezó duró cinco extraordinarios años.
Calderón Hinojosa quiso emular ese propósito, para aliviar la grave tensión propiciada por su arribo al Ejecutivo federal, dando un golpe magistral que le fuese reconocido Seis años después, la estrategia está considerada como fallida, pues los más de 60 mil muertos que dejará su gobierno al término del sexenio, serán un gran lastre para su gobierno.
Michoacán fue el primer estado al que llegó el Ejército como parte fundamental de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Calderón y seis años después, el estado sigue convertido en un infierno.
Ni siquiera las estimulantes palabras del gobernador Fausto Vallejo Figueroa sobre lo bien que se vive en su entidad han amainado la violencia que se abate sobre el estado. Michoacán fue el primer estado en sentir el rigor de las fuerzas armadas, las que no llegaron a establecer un estado de sitio, pero dejaron sentir su fuerza en la entidad. Solamente que este impresionó en las primeras semanas, ya que luego de la sorpresa que causó el operativo, el reagrupamiento de los grupos delincuenciales desató de nueva cuenta la violencia y con mayores índices de criminalidad.
Aparecieron nuevos grupos y la entidad quedó fraccionada entre ellos, los que desataron una guerra por el control del estado y aparecieron indicios de complicidad en todos los niveles, llegando a los primeros planos gubernamentales.
Pero si Michoacán fue la primera entidad en resentir los efectos de la batalla contra los grupos delincuenciales, otras entidades pasaron lista de presencia en la batalla contra los cárteles de la droga.
Tamaulipas fue otra de las entidades más castigadas, donde el candidato a gobernador favorito en las encuestas, por amplio margen fue asesinado vilmente y los grupos delincuenciales gozaron de impunidad en dos administraciones consecutivas. Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores se encuentran hoy sometidos al escrutinio de las autoridades para deslindar posibles alianzas u omisiones con estos y hacia estos grupos que se apoderaron de Tamaulipas en sus administraciones. Algo similar sucedió en Nuevo León, donde los gobiernos de J. Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz no pudieron frenar el asentamiento de los grupos del crimen organizado, los que se apoderaron de gran parte del territorio estatal y hoy en día mantienen un férreo control. Chihuahua que fue al inicio el del gran conflicto, por el estallido de la violencia, hoy parece bajo el control de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad federal y estatal.
Sinaloa y Baja California con sus altibajos dejaron de ser las entidades más violentas del país, donde en la actualidad se producen hechos violentos, pero sin la virulencia del pasado.
Morelos fue una de las entidades mayormente azotadas por la violencia y hoy parece bajo el control de las fuerzas de seguridad. La lucha contra el crimen organizado parece haber fracasado en otras entidades como Guerrero, Durango y Coahuila, además de Michoacán y Tamaulipas, en las que los esfuerzos no han sido suficientes para bajar los índices de criminalidad y erradicar a los grupos delincuenciales.
Veracruz mantiene a grandes contingentes de la Marina que luchan contra la delincuencia, pero no son suficientes para controlar o bajar la violencia.
El grave drama de la administración calderonista serán las secuelas dejadas por una estrategia que no pudo fructificar en aciertos y que solamente provocó mayor violencia y cuya herencia para el próximo gobierno será sumamente costosa.
Michoacán (el estado en que nació el presidente Felipe Calderón) fue el inicio de todo y es la entidad en que se han redoblado esfuerzos para intentar mostrar que la estrategia fue la adecuada.
Tres meses antes de que concluya su gobierno, el Ejecutivo federal hace esfuerzos desmesurados por mostrar que no se equivocó en la estrategia.
COORDINADORES
Cada uno de los coordinadores de las principales bancadas en el Congreso de la Unión manifiesta su propósito de evitar confrontaciones y encontrar las vías del acuerdo para las reformas necesarias.
Esto es loable, dentro de posiciones sumamente encontradas que han prevalecido desde siempre, por lo que se espera que la LXII Legislatura sea una más de las más productivas de los últimos tiempos. Habrá que esperar poco para saber si es cierto que prevalece el diálogo y la negociación o si son simplemente buenos deseos.
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