Diputados de la 4T aprueban en Comisiones expropiar depósitos en Afores
Miguel Ángel Rivera martes 16, Abr 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Como quiera que se le vea, la apropiación por parte de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de los recursos depositados en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), es una expropiación, es decir, una propiedad privada que pasa a dominio del gobierno.
Pero, además, esa expropiación, así la autorice el Congreso de la Unión (en realidad, sólo los legisladores oficialistas, pues la oposición se opone totalmente) no está justificada, por lo que seguramente terminará en terrenos de la Suprema Corte de Justicia, a la cual el jefe del Ejecutivo no se cansa en atacar y que tiene amenazada con desaparecerla por entero.
La ileglidad que ayer aprobaron en comisiones los diputados de Morena y sus rémoras del PT y PVEM queda en evidencia con una somera revisión al artículo 27 constitucional, que es el que autoriza las expropiaciones.
“Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana…”.
Por si hiciera falta, también cabe mencionar el artículo 14 constitucional que establece:
“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
En este caso, las cuentas de la Afore, tienen propietario, una persona determinada que obtuvo ese dinero con trabajo honesto, ahorrado en muchos años de trabajo.
Por tanto, dice el referido artículo 14 establece que ninguna persona puede ser despojada si no es por mandato de un juez. Allí nada tienen que ver ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, ni la de senadores ni la de diputados.
Lo único que explica el intento del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de arrebatar sus depósitos a personas mayores de 70 años que no las han reclamado —o sus herederos que, por alguna razón, tampoco han ejercido su derecho a recibir esos capitales— es la necesidad urgente de obtener recursos para financiar los enormes gastos que se requieren para costear las obras insignia de López Obrador y para pagar los intereses de la enorme deuda pública acumulada por el actual gobierno federal que llegó al poder con la promesa de que no endeudaría a la nación.
Al respecto, basta recordar que, para cubrir el presupuesto federal para el presente año, la mencionada Cámara de Diputados aprobó contratar deuda por 1.9 billones de pesos, es decir casi dos millones de millones de pesos. En términos relativos, esa cantidad significa casi el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual rebasa lo que recomiendan los especialistas como máximo de la deuda nacional.
Este intento de apoderarse de una parte de los depósitos en las Afore, es sólo la continuación del desesperado intento del gobierno de López Obrador de allegarse recursos extra, como fue la cancelación de más de cien fideicomisos administrados por dependencias gubernamentales y organismos autónomos, a los que se sumaron otros fondos manejados por el Poder Judicial Federal, los cuales, por cierto, todavía están sujetos a litigios, pues los miembros de la judicatura han advertido que manejan recursos de los trabajadores de ese poder.
Una diferencia radical: unos manejan recursos
públicos y otros dinero de particulares
Entre los fideicomisos de los que ya se apoderó el gobierno de López Obrador y lo que pretende hacer con los recursos depositados en las Afore es que en aquéllos el dinero proviene del erario público, mientras que las en estas últimas se trata de dinero de particulares que los recibieron como parte de sus prestaciones laborales, es decir, son producto de su trabajo y por tanto se trata de capitales de particulares, sobre los cuales no tiene ningún derecho el gobierno.
Cabe recordar que el dinero que persigue la llamada Cuarta Transformación suma más de 40 mil millones de pesos, cantidad que trata de obtener con el respaldo de sus incondicionales diputados y senadores, que por fortuna ya sólo tienen por delante 15 días más, pues el periodo de sesiones terminará el último día del presente mes. El siguiente periodo se abrirá el 1 de septiembre, pero será con los legisladores elegidos en las votaciones del venidero 2 de junio, incluidos los que logren la reelección.
Claro, queda el recurso de convocar a un periodo extraordinario para sacar adelante algún otro capricho del Ejecutivo, pero resultará difícil, pues para llamar a esos trabajos extras se requiere mayoría calificada de la cual carece el gobierno encabezado por el inquilino de Palacio Nacional. Esto, además de que la mayoría de los legisladores estará dedicado a la dura labor de asegurarse un sitio en el próximo gobierno.
Por lo pronto, los integrantes de la mayoría oficialista respondieron con total sometimiento hacia el Ejecutivo y, si hiciera falta, el coordinador de la mayoría de Morena, Ignacio Mier, estuvo presente en la sesión —aunque no pertenece a la comisión dictaminadora, la de Seguridad Social— donde se discutió la iniciativa del Ejecutivo, aunque oficialmente fueron él y otra diputada “morena” los autores de la iniciativa.
La iniciativa de expropiación se aprobó con 19 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones. Formalmente, según esa propuesta, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyos fines serán recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que le sean aportados a partir de lo que se sustrae a los trabajadores que no han reclamado sus ahorros.
En defensa de la iniciativa del Ejecutivo, los diputados oficialistas alegaron que el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal con relación a la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables, para alcanzar el mínimo de 16 mil pesos y fracción.
Por cierto, algunos especialistas que han revisado la iniciativa denunciaron que es mentira que ese dinero sea utilizado para cumplir otra promesa de la llamada Cuarta Transformación, que es la de asegurar pensiones mínimas de 16 mil pesos mensuales, pues la propuesta aprobada ayer no hace referencia a esa oferta.
“Quiero iniciar definiendo la palabra robar y es tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier manera que sea. Y eso es lo que ustedes, Morena y sus aliados, pretenden hacer con este dictamen en contra de miles de mexicanas y mexicanos que por décadas de trabajo ahorraron para su retiro. Es un robo a despoblado”, afirmó la panista Rocío González.
Por otra parte, luego de que el inquilino de Palacio Nacional se felicitó porque el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la demanda de la oposición de ordenar la clausura de su conferencia mañanera, los consejeros electorales dieron otras razones para justificar el porqué de esa petición, pues López Obrador incurre nuevamente en intervenir en asuntos electorales, lo cual tiene prohibido, pero ya se sabe que su principio es “no me vengan con que la ley es la ley”.
De acuerdo con el mandato del INE, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 9 de abril debe ser modificada o eliminar partes relativas a propaganda gubernamental, además de que ahora estableció vincular al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, así como al director de Cepropie para que editen el material de video publicado en las redes sociales y corrijan la versión estenográfica de la conferencia, a fin de que no se difunda propaganda que pueda incidir en el voto de los ciudadanos.
