Gobernador de Veracruz, acusado de abusar del poder, “descalifica” a la SCJN
Miguel Ángel Rivera lunes 22, May 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El 22 de diciembre de 2021, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, denunció la aprehensión del secretario técnico de esa Cámara, José Manuel del Río Virgen, en Veracruz, por considerarla alejada del principio de legalidad, y por ser una acción maquinada, inventada y construida artificialmente.
En resumen, el coordinador legislativo, definió esa acción como un ejemplo más del abuso de poder en Veracruz.
Lamentablemente, agregó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, este caso se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son frecuentes.
“¡Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo! Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos”.
“Nosotros seguiremos insistiendo en que no es justo. Hay que reclamar con honor y sin temor. Qué lamentable, que la etapa del pithecanthropus pekinensis haya retornado a Veracruz”, manifestó también Monreal.
Además, el senador asentó que no cederá en la exigencia para que cese este clima de terror y persecución que vive ese estado de la República, porque no lo merecen los veracruzanos.
Medio año después, en junio de 2022, del Río Virgen, fue dejado en libertad, por sentencia de un juez del mismo estado de Veracruz, el cual determinó no vincularlo a proceso. El político estaba en prisión preventiva por su presunta autoría intelectual en el homicidio de Remigio René Tovar Tovar, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera.
En todo momento, durante el proceso judicial se habló de una persecución política en su contra. Ya que, según sus declaraciones tras ser liberado: “No había ni una sola prueba, nunca me hubiera atrevido a cometer algo tan atroz, es una vileza que usen chivos expiatorios para meterlos a la cárcel”.
El caso de del Río Virgen, quien volvió a su cargo en el Senado, no fue el único enfrentamiento del senador Monreal con el gobernador veracruzano que se cuenta entre los diez peores mandatarios del país (según otras encuestas cae al sitio 30 de 32 mandatarios), pues el veracruzano también es dado a legislar para poner contra la pared a los que considera sus enemigos o rivales, como es el caso de ley contra “ultrajes a la autoridad”.
Antes del caso del secretario técnico del Senado, Monreal pidió y logró la liberación de seis jóvenes consignados bajo ese supuesto delito de “ultrajes a la autoridad” que, de manera desproporcionada, implica prisión oficiosa.
Un ingeniero que se convierte en abogado para defender a la 4T
Con estos antecedentes, el ingeniero de profesión en la práctica se ha convertido en legislador, ha tratado por todos los medios ganarse la simpatía del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el principio de cumplir con el 90 por ciento de fidelidad y sólo 10 por ciento de capacidad.
Al parecer, el titular del gobierno veracruzano no sólo quiere quedar bien con quien lo llevó al Palacio de Gobierno de Xalapa, sino que lucha por conquistar un sitio importante al lado de la “corcholata” favorita, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum, de quien se ha convertido en uno de sus principales propagandistas.
La más reciente acción del mandatario veracruzano para ganarse la simpatía presidencial presente y futura consistió en encabezar las protestas, en la ciudad de México, contra la infamada desde Palacio Nacional presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández.
Por cierto, el tribunal constitucional echó abajo apenas el último día de enero del presente año una reforma a la Constitución de Veracruz, conocida popularmente como “ley Nahle”, por la cual se abrían las posibilidades para que la ahora secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle –otra de las consentidas del presidente López Obrador– pudiera ser la siguiente gobernadora a pesar de haber nacido en Zacatecas.
Para complacer al principal residente de Palacio Nacional, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez encabezó, frente a la sede del máximo tribunal, una “pacífica” manifestación en contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Junto a decenas de morenistas, congresistas y funcionarios veracruzanos (¿acarreados o voluntarios?), acusó a la ministra Norma Piña y a 7 ministros más de continuar con una etapa de “nefastas políticas impopulares del periodo neoliberal y, rompiendo su imparcialidad, se ponen del lado del grupo conservador del país contraviniendo las decisiones legítimas, democráticas, y sobre todo de justicia, de los otros dos poderes de la nación”.
Conforme a los criterios prevalecientes en el oficialismo, García Jiménez criticó al Poder Judicial Federal por enfrentar al Ejecutivo y descalificar las decisiones del Legislativo, cuyos integrantes fueron elegidos por el voto popular y puntualizó que además, Andrés Manuel López Obrador cuenta actualmente con una aceptación popular superior al 70 por ciento.
“Ella y ellos se creen encumbrados y por encima del resto. Y por eso nos faltan al respeto. Los agraviados estamos de este lado”, dijo el gobernador veracruzano, al referirse a la ministra Norma Piña, así como al resto de los que han votado en contra de las reformas promovidas por el primer mandatario, les recordó que “nosotros, el pueblo, no quiere el imperio supremo del poder judicial que quieren imponerle al país”.
El mandatario estatal que ha impuesto a toda costa reformas que sólo benefician a su gobierno se quejó que el máximo tribunal del país aparente tener oídos sordos ante los reclamos de justicia del pueblo y tome resoluciones en contra de sus representantes en el Congreso de la Unión.
“Es evidente que existe un contubernio para solapar la corrupción al interior del Poder Judicial con el aval o indiferencia de 8 ministros de la Suprema Corte y la inacción de una buena parte del Consejo de la Judicatura Federal”.
Tal vez, el ingeniero no tenga la razón conforme a Derecho, pero seguramente fue escuchado con beneplácito en dos de los palacios ubicados en el Zócalo capitalino.
La dirigencia del PRI pide respeto para la Suprema Corte
Por el contrario, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, demandó respeto, acatamiento y apoyo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dirigente nacional del tricolor manifestó su confianza en que el respeto a la ley será el pilar que permita al pueblo de México salir avante de esta difícil etapa de su historia.
El presidente del tricolor destacó la relevancia de la decisión de la SCJN, al resolver la controversia constitucional que entabló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del acuerdo del Ejecutivo del 22 de noviembre de 2021, en el que ordenó a dependencias y entidades de la administración pública declarar de seguridad nacional la información sobre proyectos y obras a cargo del gobierno y, con lo cual quedarían fuera de conocimiento público, así como facilitar autorizaciones, permisos y licencias que se requirieran para su ejecución.
Moreno Cárdenas sostuvo que el derecho a la información es un derecho madre, que da lugar al ejercicio de otros derechos, sin los cuales no sería posible vivir en un régimen democrático, de rendición de cuentas y de transparencia.
“De ese nivel es su importancia, así como de las instituciones públicas encargadas de velar por su respeto, promoción y garantía”, dijo el líder nacional del PRI, quien recordó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 4, establece que la información generada por los sujetos obligados sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.
Sin embargo, agregó, por el contrario, a través del llamado “decretazo” presidencial se pretendió realizar una reserva anticipada e indiscriminada de información, violentando con ello el derecho de la sociedad a saber qué se hace con los recursos públicos, a qué costo y en qué condiciones.
