Trata de personas sigue imparable
¬ Jorge Velázquez jueves 6, Oct 2016Picota
Jorge Velázquez
MÁS ALLA DE LEYES y todo tipo de “reformitis”, el grave problema de la trata de personas, principal mercado de la prostitución, requiere de medidas de fondo en donde se combata la pobreza extrema, factor de potencial enganche de la mayoría de sus participantes.
Hay mucho fondo en este asunto que genera miles de millones de pesos a las bandas delincuenciales. En primer lugar educación y falta de oportunidades para empleos dignos pero, también, la violencia intrafamiliar que obliga, en muchos de los casos, a abandonar el seno familiar.
No hay que dejar de lado que de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, la prostitución es ejercida por cerca 42 millones de personas en el mundo; de este total, el 90 por ciento depende de un proxeneta o rufián.
Junto a lo anterior, hay que tomar en cuenta que el 80 y 90 por ciento de las mujeres en prostitución sufrieron violencia sexual por parte de sus familiares antes de iniciar en esta práctica.
El asunto fue abordado en el Foro internacional “La Explotación Sexual: Violación de Derechos Humanos”, en donde, por supuesto, todo mundo expuso argumentos en contra de esta práctica que lesiona gravemente la dignidad de la mujer y atenta contra su vida.
Llamó la atención la postura de la presidenta de la Comisión Especial de Trata de Personas en la Cámara de Diputados, la priísta, Julieta Fernández Márquez, quien hizo notar que no es suficiente una ley o una procuraduría para combatir este delito, sino que se debe hacer mucho más.
Las víctimas han manifestado desconocer sus derechos y provenir de familias de padres ausentes. Se requieren herramientas para sacar a la luz este fenómeno, pues de lo contrario los menores serán vulnerables frente a la red criminal que funciona en la oscuridad para llevar a cabo sus ilícitos.
Y ante ello, hizo un llamado a los legisladores para terminar con la indiferencia y los invitó a moverse por la compasión y el respeto a las víctimas.
“Se deben repensar las estrategias, leyes y acciones que demanda un delito que crece más rápido que las respuestas”, enfatizó y en eso nadie le quita la razón.
LEJOS DE SER UN FACTOR de previsión y de lucha contra la inseguridad, las empresas de seguridad privada, estaban convertidas en auténticas compañías de acoso contra los habitantes.
El hecho ha llevado a legisladores a reformas reglamentos y leyes al respecto para evitar que ese tipo de negocios atenten contra la tranquilidad de todo tipo de personas que al estar en un sitio en donde tienen que cargar o descargar dinero, sufran la soberbia y prepotencia de malos elementos.
Junto a ello, según Joel Juárez Blanco, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), informó que en 12 meses, las empresas de la AMESP certificaron 60% más personal que en los diez años previos, lo que es buena noticia.
Al mismo tiempo, esta organización avanza en su propósito de evitar la improvisación y el crecimiento desmedido de empresas de seguridad privada irregulares, sin personal debidamente capacitado, que más que confianza genera desprestigio al sector.
Para los líderes de esta organización es importante promover que el personal que se desempeña en el ramo de la seguridad privada esté debidamente certificado en sus funciones, de tal forma que los clientes que contraten sus servicios tengan plena seguridad de que se desempeñarán con todo profesionalismo….
EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS aprobó reformas a diversos artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a fin de armonizarla con el marco jurídico en materia de transparencia y rendición de cuentas, con lo que se evitarán anomalías o contradicciones normativas.
El dictamen avalado cambia la denominación del “Comité de Información” por la de “Comité de Transparencia”; establece como derecho humano de toda persona el acceso a la información, con independencia de su edad, ciudadanía o cualquier otro estatus jurídico que pudiera limitar el ejercicio de sus derechos.
