Todo está previsto, todo puede pasar
¬ Juan Manuel Magaña martes 24, Jul 2012Política Spot
Juan Manuel Magaña
Ahora que está muy de moda la legalidad, conviene meterse en las realidades previstas con gran malicia por los actuales legisladores en su más reciente reforma política, aprobada finalmente el miércoles pasado.
Son dos las que vienen al caso
En la primera, supongamos que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, pasara finalmente la aduana del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -TEPJF-, aunque en medio de intensas protestas que amenazaran su toma de posesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La severa crisis constitucional que se derivaría de un hecho así, ya no preocupa a la política mexicana.
Precisamente, la reforma política añadió al artículo 87 constitucional la posibilidad de que el futuro presidente, por muy repudiado que fuera, pueda rendir protesta ante las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados, donde sea, hasta en un salón de hotel o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cualquiera de sus sedes.
La otra, es que el TEPJF diera razón a la impugnación de la elección por parte de Andrés Manuel López Obrador y compañía, y resolviera invalidar las presidenciales.
Para eso, hubo reformas y adiciones al artículo 85 constitucional, que resuelven el asunto de la invalidez y sobre la ausencia temporal o permanente del Presidente de la República.
En un caso se prevé, que si al iniciar un periodo constitucional hubiese falta absoluta del presidente, el encargo lo asumiría provisionalmente el presidente del Senado.
En el caso de que al iniciar el periodo constitucional no haya sido declarada válida la elección, asumirá funciones un presidente interino designado por el Congreso, a su vez constituido en Colegio Electoral con por lo menos dos terceras partes de sus integrantes.
El interino saldría de un escrutinio secreto y por mayoría absoluta (dos terceras partes de los presentes), en un plazo máximo de 60 días, lapso en que se encargaría del despacho del Ejecutivo el secretario de Gobernación en funciones.
Y fuese provisional o interino, según los casos que vimos, el encargado del Ejecutivo estaría obligado a convocar a elecciones extraordinarias en las que participarían los candidatos que sean, menos el presidente provisional o interino.
De resultar inválida la elección, el interino tendría no más de 10 días para convocar a nuevos comicios y no menos de siete ni más de nueve meses para llevarlos a cabo.
Como se ve, las dos realidades políticas que tanto preocupan por estos días a México, están ya perfectamente previstas en la ley.
Y nadie debe espantarse por eso. Eso sí, llegada la hora del TEPJF, los actores políticos tendrán que hacer como en el dominó: mostrar sus fichas y poner caras de hombre.
