La Corte emite protocolo sobre el trato a menores
Nacional miércoles 9, May 2012- Dirigido a jueces
El presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, considera que con el protocolo se dota de herramientas a los jueces.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes”, para proteger a menores de edad usuarios del sistema de justicia federal, entre ellos los involucrados en la lucha contra la delincuencia.
En entrevista, el coordinador general de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Pérez Vázquez, destacó que el máximo tribunal es la institución defensora de los derechos fundamentales de las personas.
Destacó que a partir de las reformas del año pasado, todos los tribunales de la Federación, lo que incluye a la Suprema Corte, tienen la responsabilidad inexcusable de defender los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Expuso que el protocolo es parte de la instrucción que se recibió del ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, y por la necesidad de jueces y magistrados federales de tener más herramientas, así como de conocer de mejor manera la normatividad internacional.
Por lo anterior, es deber de los juzgadores conocer y aplicar el protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes, y la SCJN trabaja para dotar a los operadores del sistema judicial mexicano federal del mayor número de instrumentos para que realicen su trabajo.
Recordó que el Protocolo de actuación para el Poder Judicial de la Federación nació en el seno de una mesa interinstitucional a invitación del Ejecutivo Federal y que incluyó a la Suprema Corte, “para platicar sobre el problema generado por los niños envueltos en una situación de violencia derivada de la guerra contra la delincuencia” .
“Nos damos cuenta de que obviamente la situación de las niñas, niños y adolescentes ante la justicia no se limita sólo a los casos de infantes involucrados en un acto relacionado con la inseguridad o con la guerra contra la delincuencia” , detalló.
“Al estar elaborando el protocolo, nos dimos cuenta de que obviamente los niños son usuarios del sistema de justicia nacional; entonces la ambición del protocolo creció para tratar de llegar a todos los jueces y juzgadores del país” , señaló.
Pérez Vázquez pidió tener presente que no sólo hay adolescentes y niños que pueden ser delincuentes; para eso hay todo un sistema de justicia penal para adolescentes, pero también son eventuales víctimas que aparecen como consecuencia del fuego cruzado, añadió.
“Existen niños que de repente pierden a sus padres, son abandonados o desplazados por efecto de la violencia y tienen que vivir con otros familiares, lo que inicia un procedimiento para saber quién se va a hacer cargo de él en beneficio de su interés superior” , aseveró.
Por tanto, eventualmente los niños son usuarios del sistema, sea como usuarios de un juzgado familiar, en el caso de tutelas, custodias, adopciones; en asuntos civiles, cuando su patrimonio se ve afectado; en asuntos penales, cuando son víctimas o presuntos delincuentes.
“En fin, los niños, las niñas y los adolescentes siempre son usuarios del sistema de justicia, y hay un buen número de normas internacionales que los jueces mexicanos deben conocer para realizar mejor su trabajo” , aclaró.
El magistrado refirió que no hay indicadores de en cuántos de los casos que lleva la justicia federal hay menores de edad involucrados, pero se sabe que casi una cuarta parte de los asuntos que resuelve el Poder Judicial de la Federación son asuntos familiares, divorcios, custodias y tutelas, lo que hace necesario construir indicadores.
El protocolo aclara a los jueces los principios fundamentales que deben de respetarse en cualquier procedimiento jurisdiccional en el que esté involucrado un niño, una niña o un adolescente, como su interés superior, la no revictimización y respetar su intimidad.
Señaló que los juzgadores tienen la obligación de escuchar y tomar la opinión de los niños que participan en un proceso judicial, porque la decisión de un juez siempre modifica la historia personal del individuo sujeto al proceso judicial, y eso es quizá más crítico o más notorio en el caso de un menor de edad.
Lo anterior “porque la decisión que se tome sobre quién lo va a cuidar, qué va a pasar con su patrimonio, quienes van a ser sus padres en el caso de una adopción, afecta para siempre su historia personal” .
El menor de edad “tiene el derecho claro, evidente, reconocido por los organismos internacionales de ser oído, de participar y estar enterado todo el tiempo del proceso que lo afecta” , concluyó el coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte.
