Wal-Mart, depredadora social
¬ Augusto Corro miércoles 25, Abr 2012Punto por punto
Augusto Corro
La cadena de tiendas de autoservicio Wal-Mart se encuentra inmersa en un escándalo, por supuestos actos de corrupción.
Se le acusa de entregar sobornos a autoridades mexicanas con el propósito de ampliar su presencia y poder en el mercado nacional. La información surgió en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia investiga a Wal-Mart por posibles violaciones a la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero. El diario New York Times reveló el asunto.
A raíz del problema, la empresa transnacional sufrió una caída de 12 por ciento en el valor de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Así se encuentra el panorama que enfrenta Wal-Mart, que salvo lo que ocurra en Estados Unidos, aquí en México, no ocurrirá nada importante.
En los próximos días la transnacional recuperará el valor de sus acciones en la BMV y como si nada hubiera pasado. Desde luego, desde el punto de vista penal, el o los supuestos delitos ya prescribieron.
Por otra parte, las autoridades mexicanas (no todas) tienen la capacidad suficiente para hacerse de la vista gorda y dejar que el tiempo se encargue de resolver el problema.
Desde su llegada a México, Wal-Mart se convirtió en una empresa empeñada en obtener ganancias, sin detenerse a pensar en sus acciones de depredación social, en todos los lugares donde instala sus tiendas. Por ejemplo, en una ciudad del interior de México, de regular tamaño, en la que se establece Wal-Mart, cambia todo el panorama comercial y social.
Ante la competencia devastadora de Wal-Mart, cientos de comercios se van a la quiebra. Las tiendas modestas y toda clase de comercio menor cierran sus puertas porque no tienen manera de participar en una competencia comercial dispareja y abusiva.
Los pequeños comerciantes afectados por la invasión del mercado local, sin alternativas de progreso, emigran a las grandes ciudades o se van a los Estados Unidos.
Un estudio sociológico revelaría los daños ocasionados por Wal-Mart en una sociedad pasiva que no tiene manera de evitar la invasión comercial voraz y deshumanizada. Una vez instalada la tienda de autoservicio, contratan a personal, que bajo presiones económicas, regala su trabajo.
Sin respeto alguno a las leyes laborales, los empleados son sometidos a intensas jornadas laborales, sin recibir pagos extras.
Para instalar sus centros comerciales, no importa que los terrenos sean ejidales o se encuentren en zonas arqueológicas, como ocurrió en Teotihuacán.
En el 2006, Wal-Mart participó en las elecciones presidenciales en una campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador. No hubo sanción alguna.
A grandes rasgos, esta ha sido la participación de la transnacional en nuestro país. Si algún castigo o pena se llega aplicar a Wal-Mart, este saldrá del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aquí en México todo seguirá igual. ¿Y los funcionarios mexicanos sobornados? ¿Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, tendrá algo que opinar? No olvidar que las tiendas de autoservicio se han multiplicado como plaga.
El uso de la fuerza pública
El gobierno de Calderón anunció la entrada en vigor de los Protocolos para el Uso de la Fuerza, la Preservación de Evidencias y la Presentación de los Detenidos ante las Autoridades, que deberán ser cumplidos por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.
Se especifica en el mencionado reglamento que “en las operaciones contra el crimen las Fuerzas Armadas no podrán disparar contra personas que evadan, huyan o traten de hacerlo, salvo que se resistan de manera grave a la autoridad y representen un peligro inminente de muerte o lesiones serias”.
Además, se señala cuándo se puede aplicar el uso letal de la fuerza. En otros renglones se ordena a las Fuerzas Federales presentar de manera inmediata a la autoridad correspondiente a los detenidos, así como garantizar su integridad física y el respeto a los derechos humanos y al debido proceso legal.
En términos generales, la aplicación de los protocolos mencionados causó sorpresa, porque debieron entregar en vigor desde el inicio de la guerra contra la delincuencia y no cinco años después, cuando las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas es el pan de cada día.
¿Por qué hasta ahora? Esa pregunta la tiene que contestar el propio Calderón, aunque nos imaginamos que la respuesta la encontramos en la estrategia fallida y poco reflexiva de la guerra contra la delincuencia organizada. El gobierno federal panista se lanzó a la aventura de erradicar los cárteles de la droga, sin las armas legales suficientes para derrotar al enemigo.
Una prueba la encontramos en el combate al lavado de dinero y a la captura de los prestanombres. Que se sepa no hay una ley suficientemente poderosa para disminuir el poder económico de los cárteles. Los ejemplos sobran.
Son bienvenidos los protocolos, aunque está claro que llegan muy tarde. Es larga lista de violaciones a los derechos humanos, por parte de las fuerzas públicas. Hoy, tendrán que cumplir con la ley y combatir con efectividad a la delincuencia. Mucho tiempo hicieron lo que les vino en gana.
