Reclamo ciudadano
Ramón Zurita Sahagún lunes 23, Abr 2012De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
La seguridad continúa siendo el principal reclamo que hace la ciudadanía a los candidatos presidenciales y los mismos responden con una serie de compromisos a cumplir en caso de que ganen la contienda presidencial.
Pero este reclamo ciudadano se remonta a cuando menos cuatro campañas presidenciales pasadas, sin que hasta el momento el compromiso sea cumplido.
Carlos Salinas de Gortari fue el primer Presidente de la República en recoger el reclamo sobre la inseguridad y sucesivamente Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, escucharon la misma petición, aunque no pudieron satisfacerla.
Hoy nuevamente, los candidatos presidenciales, entre ellos el próximo Ejecutivo federal, siguen escuchando reclamos y peticiones sobre el tema.
Y es que con todo y que los Presidentes asumen dicho compromiso de frenar la violencia, esta sigue en crecimiento y cada ocasión con tintes más dramáticos y resultados poco satisfactorios. Eso si desde las distintas instancias de gobierno, las autoridades lanzan proclamas de supuesta respuesta a las necesidades de la población, con resultados halagüeños. Sin embargo, las muertes violentas continúan produciéndose por racimos en las entidades más vulneradas por la delincuencia organizada y en las que antes no lo eran.
Siguen acaparando reflectores los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán y Veracruz.
Lo curioso de esto es que son los mismos gobernantes estatales los que acusan al gobierno federal de no atender sus demandas y de que son ellos los responsables de lo caótico de la situación imperante en cada una de esas entidades.
Responsabilizan a las autoridades federales, aduciendo que el tema de la violencia corresponde al ámbito de la guerra contra las drogas, evadiendo la parte de responsabilidad que a ellos como autoridad les corresponde.
Tamaulipas y Nuevo León, son dos de las entidades con mayor crecimiento de la violencia en los dos últimos sexenios, gobernados ambos por autoridades del PRI.
Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas, así como José Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz, en Nuevo León, han resultado fiascos enormes como autoridades mandantes en el estado, para resolver el problema de la inseguridad y frenar la cada vez más creciente violencia.
Pero ellos como otros como César Duarte, Mario López, Miguel Alonso, Jorge Herrera, Ángel Aguirre, Javier Duarte y ahora Fausto Vallejo, se sacuden la responsabilidad que les corresponde y la endosan al gobierno federal, el que se mantiene estático e incapaz de hacer algo al respecto.
La estrategia gubernamental federal es fallida, pero se niega a aceptarlo y trata de compensarla con el envío de tropas a las entidades con mayores conflictos.
Cuando llegan los refuerzos, baja, aunque no desaparece, el índice de violencia y al retiro de los mismos elementos castrenses, recuperan sus puestos los delincuentes, se recrudece la violencia y todo sigue como antes.
La ola de violencia se mantiene como una de las monedas de cambio que pueden canjear los ciudadanos en las urnas el próximo primero de julio.
Porque la respuesta de los candidatos presidenciales es también indecisa, sin dar muestras de que tengan la respuesta a las necesidades de la población, cuando menos en ese tema.
Alguno de los candidatos propone mantener al Ejército y a la Marina en las calles, patrullando todo tipo de poblaciones, sin importar que este método ya enseñó sus deficiencias.
Otro más, ofrece ciudades seguras, sin dar cuenta de la estrategia a desarrollar y remontando a los electores a su actuación en el pasado, olvidando que las condiciones de ese entonces no son iguales a las de hoy. Los otros, tal vez, sabedores de la dificultad que implica el ganar los comicios, se olvidan de una propuesta concreta y prefieren nadar de muertito en el tema.
Contrario a lo que algunos opinan, el problema de la inseguridad y de la ola de violencia que se vive en el país continúa siendo el principal reclamo de una sociedad sumamente agraviada y que descubre con horror cómo los actos criminales son cada vez más atrevidos.
Lo peor de todo es que la sociedad agraviada no obtiene respuesta a sus requerimientos en ese sector y advierte cómo la impunidad reina en la mayoría de los actos criminales, ya que los responsables de los mismos viven en el imperio de la impunidad. Es por eso que las detenciones de supuestos capos y de eventuales jefes de plaza no reciben el beneplácito de los ciudadanos que azorados ven cómo día a día son presentados unos y otros, en una rápida multiplicación de los cargos.
Según datos recientes que aportan los partidos políticos y sus dirigentes, la violencia genera 160 mil desplazados, que huyen de las zonas de violencia y que buscan cruzar la frontera norte del país, en busca del sueño americano. Esos son adicionales al medio millón de mexicanos que año con año pretende hacerlo. Con base en esas cifras se establece que 60 mil personas en Estados Unidos y 40 mil en Canadá han pedido asilo en esas naciones.
SI VA JAVIER CORRAL
Pudieron más los argumentos de Javier Corral Jurado que las impugnaciones presentadas por Cruz Pérez Cuellar y Carlos Borruell, para que el primero quedase sembrado en la primera fórmula senatorial del PAN por Chihuahua.
De esa forma, el polémico legislador panista prepara su regreso al Senado de la República, dónde ya ocupó un escaño en la LVIII y LIX legislatura.
Corral Jurado protestó por el resultado de la contienda interna de su partido, donde fue relegado hasta el tercer lugar, y el TRIFE avaló su protesta.
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