Que la Fepade haga su tarea
Luis Muñoz jueves 23, Feb 2012Segunda vuelta
Luis Muñoz
Dos temas que han estado en las charlas de sobremesa, amén de otros más, son el del presunto espionaje que denuncia la hermana del presidente, Luisa María Calderón, y el de los hechos ocurridos en el penal de Apodaca, donde fallecieron 44 internos y 30 se fugaron.
Sobre el primero, el vocero del CEN del PRI, Eduardo Sánchez Hernández, señaló ayer que lo dicho por Cocoa “aclara las cosas”.
La ex candidata del PAN a la gubernatura del estado de Michoacán dijo que iniciará una denuncia contra quien resulte responsable por el delito de espionaje, a raíz de las grabaciones en las que una voz femenina afirma su disposición a repartir “billetazos” para ganar voluntades en el proceso interno de ese partido en aquella entidad.
Ante eso, el PRI, a través de su vocero, concluyó:
“Eso aclara las cosas, ya que la declarante reconoció que se trata de su voz y da por ciertos los hechos que denunciamos”.
Y dirigiéndose a la autoridad competente, señala: “Queda entonces despejado el camino para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dé curso a la averiguación correspondiente a nuestra denuncia sobre distintos delitos electorales, precisando el origen de los recursos implicados en el “billetazo” reconocido por su autora.
Con el propósito de auxiliar a la autoridad investigadora, dijo el priísta, proponemos la hipótesis del fuego amigo, en tanto las declaraciones sobre el “billetazo” se produjeron durante el proceso interno del PAN, lo cual sugiere que la misma táctica de captación de votantes pudo haberse utilizado en la elección constitucional.
Por lo que hace a la acusación de espionaje, el vocero precisó que “cuando hicimos la denuncia la grabación ya tenía varios días de circular en internet, había sido consultada por miles de internautas y, además, también se había difundido por diversos medios de comunicación.
INVESTIGA CNDH HECHOS EN APODACA
Otro asunto que ha generado una serie de comentarios es el del incendio y fuga de reos del penal de Apodaca.
Sobre este particular, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ejerció la facultad de atracción que le confiere la ley y abrió una investigación acerca de los hechos ocurridos el domingo 19 de febrero en dicho penal, donde murieron 44 internos y otros 30 se fugaron.
Explicó la institución que ha resuelto actuar de esta manera por la magnitud de lo sucedido, con apego a las facultades que le otorgan la Constitución, la ley de la propia comisión y su reglamento.
Además, por el interés y alcance nacional e internacional que ha tenido este hecho en la opinión pública.
Por instrucciones del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, personal de esta institución autónoma se trasladó a esa ciudad con la finalidad de llevar a cabo las tareas correspondientes.
También la CNDH estará pendiente del desarrollo que tomen las investigaciones emprendidas por las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y la atención que se proporcione a familiares y víctimas.
Adelantó que una vez que concluya su investigación, emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
Además, la CNDH reitera su llamado a las autoridades responsables para que se apliquen acciones preventivas en los centros penitenciarios del país, a efecto de evitar incidentes de esta naturaleza.
APLAZAN COMPARECENCIA DE MONY
Por considerar que no se cumplía lo aprobado por la Comisión Permanente, misma que mandataba la presencia de los cinco comisionados que integran el organismo y no sólo la de su titular, la Comisión de la Función Pública determinó reprogramar la comparecencia de Mony de Swan Addati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
El diputado Pablo Escudero explicó que el motivo de la reunión era para conocer el punto de vista de Mony de Swan y de los comisionados respecto a la presunta violación de diversas disposiciones del orden federal en detrimento del erario público y del sano desarrollo democrático del país.
A su vez, el legislador César Augusto Santiago Ramírez, del PRI, indicó que la ausencia de los comisionados violentaba el mandato de la Comisión Permanente, por lo que planteó que la comparecencia debía suspenderse y reprogramarse para una fecha aún no determinada.
Tras una ronda de discusión, el presidente del órgano legislativo puso a consideración la propuesta, la cual fue avalada por los legisladores Agustín Guerrero Castillo y Juan Carlos López Fernández, del PRD; Carlos Alberto Ezeta Salcedo, Juan Gerardo Flores Ramírez y Pablo Escudero Morales, del PVEM, así como Mario di Costanzo Armenta, del PT.
