Tregua
Ramón Zurita Sahagún miércoles 15, Feb 2012De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Desde hoy y hasta el 30 de marzo, los partidos y sus candidatos entrarán en una tregua electoral, en la que no podrán realizar acciones proselitistas ni pedir el voto a los ciudadanos.
Se trata de otra de las rarezas de la nueva legislación electoral, donde se condensan los tiempos para cada actividad.
Pero si los candidatos y los partidos se reservaran de algunos de esos mecanismos, sí pueden realizar reuniones, donde expliquen sus proyectos y hasta entrevistas en radio y televisión, sin llamar a los ciudadanos a que voten por ellos.
Después de ello, el 31 de marzo comienza la campaña formal de los partidos y sus candidatos presidenciales, en la que ya pueden realizar el proselitismo que les procure los votos necesarios para ganar la elección.
La tregua electoral llega en un momento en que los ataques de uno y otro lado se calientan y servirá para que los organismos políticos preparen sus obuses que dejarán caer conforme a sus necesidades de crecer o detener al adversario.
Se anticipa que el proceso electoral estará acompañado de una guerra tan o más sucia que la presentada en el proceso anterior, hace seis años, cuando la víctima principal se llamó Andrés Manuel López Obrador.
Hoy, nuevamente en competencia, el tabasqueño no se aprecia como el enemigo a vencer, tanto que las encuestas lo ubican hasta el tercer lugar, situado muy lejanamente del priísta Enrique Peña Nieto y de la panista Josefina Vázquez Mota, de la que se espera un rápido crecimiento para el inicio de la campaña formal.
Las descalificaciones, acusaciones, denuncias y ataques, se dejarán venir en cascada, aunque nadie quiere mostrar las armas con las que cuenta.
Será una guerra de denuncias a ejecutivos, unos en vigencia y otros del pasado, las que llamarán poderosamente la atención.
Los priístas habrán de lanzarse contra el gobierno federal, sus fallas, omisiones, fracasos y querrán mostrar que 12 años de gobiernos panistas no han servido para el beneficio de la ciudadanía.
Por su parte, los panistas continuarán con la campaña emprendida para mostrar desde las altas esferas del poder, la corrupción de varios gobernantes emanados del PRI, algunos de los cuales se encuentran ya bajo la mira de las autoridades.
Esta estrategia ya mostró su valor, luego de que en Jalisco, el candidato favorito, hace seis años, Arturo Zamora Jiménez, fue bajado der las preferencias ciudadanas a base de filtraciones y denuncias que nunca tuvieron sustento, pero que la PGR se encargó de sostener, mientras le fue posible, para que luego de la elección y de la derrota del priísta, aclararan que no había investigación alguna.
Los rumores lanzados desde las instancias del poder son armas poderosas que todavía guardan efectividad, con resultados alentadores.
Lo mismo sucedió en Guerrero, donde Manuel Añorve Baños, fue señalado como socio o protector del crimen organizado, solamente que como no les funcionó el numerito, por la rápida reacción del priísta, se aclaró unos días después que no había investigación alguna en curso, ni mucho menos denuncia presentada.
Y es que en Guerrero, la alianza de facto entre el PRD y el PAN se encontraba posicionada muy por encima de las preferencias en favor del priísta Añorve Baños.
Ahora los tricolores se sienten acosado por la alerta enviada a las autoridades para que notifiquen las salidas y entradas en los aeropuertos de los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.
La difusión de informaciones provenientes de Estados Unidos, en las que se lanzan graves acusaciones en contra de Yarrington, señalado por eventuales pactos con la delincuencia organizada y hasta una posible colusión en el crimen de Rodolfo Torre Cantú, activó los focos rojos en el PRI, donde buscan elementos para lanzarse contra ejecutivos panistas del pasado, del presente y hasta del federal.
Fue así como surgió, muy mal organizada por cierto, una denuncia contra los ex gobernadores de Baja California, Ernesto Ruffo Appel (primer gobernador no priísta en el país) y de Eugenio Elorduy.
El manifiesto fue lanzado desde el Congreso estatal de Baja California, buscando tener el mismo resultado que se tuvo con los ex gobernadores de Tamaulipas, solamente que no prendió la proclama.
Ahora, el PRI encontró un motivo para impugnar desde el proceso con el relevo del fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales, el que considera está vinculado a la elección de Michoacán, ya que, asegura, el funcionario removido no cedió ante presiones para tratar de descalificar el proceso.
“Ante la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la validez de la elección para gobernador de Michoacán, hoy queda claro que la remoción del fiscal se debe a que no aceptó presiones sobre este caso”, acusó el tricolor en un comunicado emitido ayer.
En el documento, el partido incluye una cronología en la que recuerda que el 6 de diciembre, en un acto del PAN, el Presidente aseguró que el crimen organizado intervino en la elección en Michoacán. En contraste, explicó, el hasta ayer titular de la Fepade, José Luis Vargas Valdez, aseguró en Estados Unidos que las últimas siete elecciones estatales se han habían conducido con normalidad democrática, incluida la de Michoacán. “Me parece que la razón por la que están removiendo a este fiscal es porque disintió de una opinión con el titular del Poder Ejecutivo federal y de una estrategia del PAN que estaba orientada a buscar la nulidad de la elección en Michoacán”, dijo el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, en entrevista con Carmen Aristegui.
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