¿Está en riesgo la elección presidencial?
* Especiales, Roberto Vizcaíno martes 14, Feb 2012Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Coldwell reveló que Calderón quiere controlar la Fepade para golpear a sus opositores
- Ha hecho de la criminalización un método de represión electoral y política
- A nombre del PRI le exigió a la procuradora Morales una aclaración
Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional del PRI, y el secretario de Operación Política, Miguel Osorio Chong.
El dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, denunció ayer que el presidente Felipe Calderón cambiará al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, para desde ahí judicializar la elección presidencial y la de renovación del Congreso, en su afán de evitar que el Revolucionario Institucional llegue al poder en julio próximo.
Durante una conferencia de prensa inusual citada para las 7 y media de la mañana, y acompañado por el abogado Raúl Cervantes, jefe del Jurídico de este partido, el dirigente señaló que la sustitución de José Luis Vargas Valdez en la titularidad de la Fepade la hará Calderón, porque éste se ha negado a seguir sus instrucciones para perseguir y encarcelar a candidatos priístas.
El también senador y ex gobernador de Quintana Roo, envió ayer mismo una carta a la procuradora general de la República, Marisela Morales, en la que le exige aclare y justifique por qué el presidente Calderón quiere cesar y cambiar al responsable de la Fepade en medio de este proceso electoral.
“… nos parece que sería grave la designación de un nuevo fiscal que no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la Fepade… en fechas recientes se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo federal en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional”, le indica en su escrito.
El dirigente subraya que el PRI considera “inadmisible que la Fepade se convierta en un instrumento de esta política, y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno”.
A lo largo de una decena de preguntas, el senador Joaquín consideró que otro objetivo de estas acciones ilegales ordenadas desde Los Pinos, existe la intención de desviar la atención a la cruda realidad que vive el país.
“Nos oponemos a que se pretenda manipular la aplicación de la ley como un distractor de los problemas y la difícil realidad que viven millones de mexicanos: desempleo, pobreza e inseguridad”, advirtió.
En este punto, le recordó a Calderón que por más intentos que haga para desviar la atención de los ciudadanos de los problemas generados en esta administración, será difícil que lo logre.
“México no olvida que durante los gobiernos de Acción Nacional el número de desempleados se ha incrementado 166 por ciento, es decir, hoy hay 1.5 millones de desempleados más que a finales del año 2000, de acuerdo con datos del INEGI.
“El país tampoco olvida que entre 2000 y 2010, 12 millones de mexicanos cayeron a condiciones de pobreza, de acuerdo con información pública de Coneval.
“Las familias de México no olvidan que la violencia se ha disparado, cobrando al menos 47 mil 515 vidas a septiembre de 2011, según cifras de la propia Procuraduría General de la República.
“Lamentamos que los recursos institucionales del Estado mexicano se distraigan con fines político-partidarios, en lugar de atender y resolver estas problemáticas”, dijo.
El presidente del PRI subrayó que a lo largo de este sexenio se ha incurrido una y otra vez en el método de acusar sin pruebas, aplicar órdenes de aprehensión absolutamente ilegales y desplegar campañas mediáticas de desprestigio, para luego tener que liberar a los supuestos delincuentes con un cínico “usted perdone”.
Tal ocurrió en el caso de la elección a gobernador de Jalisco en 2007, donde el priísta Arturo Zamora le llevaba una ventaja de al menos 7 puntos al panista Emilio González Márquez, hasta que una semana antes del día de los comicios la PGR filtró que Zamora sería detenido por sus supuestos vínculos con el narco.
El priísta perdió y Jalisco ha vivido las consecuencias de un gobernador que le entra duro al trago y que transfiere enormes recursos a la Iglesia católica local, al tiempo que gasta sin medida en programas de televisión en un intento por elevar su imagen y competir por la candidatura panista a la Presidencia de la República.
Una semana después de su derrota, Zamora recibió el “usted perdone… no hay nada contra usted”, de la PGR.
El líder nacional del PRI recordó que eso mismo ha pasado en el caso de la reciente elección a gobernador en Guerrero, donde el priísta Manuel Añorve también fue acusado en una filtración de estar vinculado al narco.
Ahora mismo, otra filtración de la PGR indica que el candidato priísta al Senado, el ex gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, está supuestamente vinculado al narco. Y que lo mismo ocurre con el ex mandatario del mismo estado, Tomás Yarrington.
Lo mismo se dijo del ex alcalde de Cancún, “Greg” Sánchez, a quien se encarceló unas semanas antes de la elección a gobernador en Quintana Roo y lo mismo ocurrió con más de 30 alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán, todos quienes luego salieron libres por falta de pruebas y bajo el señalamiento del gobierno federal y del mismo Calderón de que los jueces los habían soltado quien sabe por qué, para seguirle así alimentando el daño de la sospecha pública.
Pedro Joaquín Coldwell acusó ayer a Calderón de haber convertido el recurso de acusar de vínculos con el narco a sus opositores y sus partidos, hasta transformarlo en su método de combatir a sus contrarios criminalizando los procesos electorales.
Es simple y llanamente el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia para beneficiar a Acción Nacional y sus candidatos, señaló.
Eso, dijo, es lo que pretende seguir haciendo con la remoción de José Luis Vargas Valdés de la titularidad de la Fepade, para colocar ahí a un sustituto a modo, que siga sus instrucciones y así perseguir e inhabilitar a los candidatos del PRI y otros partidos de la oposición.
De lograrlo, indicó Pedro Joaquín Coldwell, Calderón habría dañado gravemente a la Fepade, institución que junto con el IFE y el Trife, forman el trípode que es el soporte legal para el ascenso constitucional al poder en México, y por lo tanto donde descansa la fortaleza de la democracia y democratización del país.
Indicó que aun cuando la Fepade tiene como objetivo ver sólo las cuestiones electorales, Calderón ya la contaminó al ordenarle al PAN interponer una denuncia ante esta instancia por el supuesto involucramiento del crimen organizado en las elecciones de Michoacán, con lo cual abrió la puerta para que esta fiscalía se meta en temas que no son de su incumbencia.
Dijo que en razón de eso es que el PRI bajo sumando ya creó una comisión interna y está a punto de iniciar la capacitación de candidatos y equipos para que sus coordinadores financieros tengan extremo cuidado de no recibir dineros no comprobables.
“Hay una serie de hechos acumulados que nos llevan a tener una profunda desconfianza de las acciones de este gobierno porque concatenados hemos visto un uso faccioso de la procuración de justicia”, insistió.
Dijo saber que el actual fiscal es presionado por el círculo del Presidente para que renuncie.
“La información de que disponemos es que se le está pidiendo la renuncia… me parece que es de parte de las explicaciones que el gobierno tiene que darnos a todos, de las que estamos solicitando.
“Pero bueno, es desde los altos mandos del gobierno, y justo para evitar caer en un terreno de especulaciones, es que demandamos transparencia en la toma de esta decisión”, subrayó.
E insistió:
“Lo que estamos planteando, lo que consideramos para evitar que la procuración de justicia se use de manera facciosa en beneficio de Acción Nacional y no se cometan injusticias, como las narradas donde gente ha sido privada de su libertad, y luego con el “usted perdone” ya pasada la elección, liberada es que nos digan claramente que quieren hacer…
“Esperamos que los otros partidos se sumen (en este reclamo) porque no es una causa partidista, sino una demanda, insisto, de transparencia para que todos los partidos políticos tengamos garantías de legalidad y de imparcialidad en el desarrollo del proceso”, concluyó.
