Ayotzinapa, represión e ineptitud
¬ Augusto Corro martes 10, Ene 2012Punto por punto
Augusto Corro
Dos estudiantes normalistas perecieron víctimas de las balas que salieron de las armas de la policía. Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre pasado en la Autopista del Sol, al mediodía.
Una protesta estudiantil que exigía el cumplimiento de los compromisos del gobernador Angel Aguirre terminó en un acto represivo. A la antigua usanza dictatorial, el mandatario guerrerense movió los hilos para salvar a su policía y a sus funcionarios ineptos.
El resultado de esa medida acabó en incrementar la dimensión del conflicto. A la hora de escribir estos renglones, se ignora en qué o cómo terminará un problema cuya solución inmediata se encontraba en manos de las autoridades estatales.
Sin embargo, la falta de interés real por aplicar la justicia por parte de la máxima autoridad en el estado, provocó que continuaran las protestas. Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que tiene en sus manos la posibilidad de acelerar el cumplimiento de la justicia.
En un informe preliminar esa organización menciona que la Policía Federal hizo los primeros disparos al aire durante la protesta mencionada, con el propósito de dispersar a los estudiantes.
Además, detalla con precisión el desarrollo de los hechos, con una sola meta: identificar a los policías que dispararon contra los estudiantes.
De acuerdo con las investigaciones de la CNDH, los estudiantes, unos trescientos, corrieron por todos lados. Durante veinticinco minutos, los representantes de la fuerza pública dispararon indiscriminadamente contra los estudiantes: dos jóvenes murieron, tres resultaron heridos y al menos quince fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La organización mencionada tiene documentado el uso de armas largas y gases lacrimógenos en manos de los policías estatales, ministeriales y federales. También tiene registrado el intento de esos elementos policiacos de “fabricar los hechos mediante la ‘siembra’ de un arma AK-47 a un estudiante.
LA CRONICA
Según testimonios recabados por la CNDH indican que alrededor de las 11.30 horas del 12 de diciembre pasado, los normalistas empezaron a descender de autobuses. Portaban pancartas en las que exigían al gobernador Angel Aguirre mejoras en la operatividad de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Los estudiantes relatan que los policías federales, que portaban armas largas, dispararon alrededor de las 12.10 horas. En esos momentos, “se sumaron elementos de la policía ministerial vestidos de civil y armados”. (En los videos noticiosos se confirma la presencia de la policía guerrerense).
Comenzaron, entonces, los disparos en forma directa contra los manifestantes. El fuego cesó a las 12.35 horas. Quedaron tendidos sobre el asfalto los cuerpos sin vida de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 19 y 20 años, respectivamente, ambos hijos de campesinos y estudiantes de la normal mencionada.
En los resultados de las autopsias, se lee Jorge Alexis falleció por traumatismo craneoencefálico severo provocado por el proyectil de un arma de fuego; y que Gabriel pereció por la herida que le causó una bala que entró y salió por el cuello. (En el reporte no menciona el tipo de armas usados y su calibre).
Los peritos de la CNDH señalan en su informe que los disparos que mataron a los normalistas “vinieron de frente, donde, a decir de los testigos, se encontraban los policías ministeriales. Otros tres estudiantes resultaron lesionados”.
Como ocurre siempre con las autoridades represoras, esta vez, la propia policía detuvo al joven Gerardo Torres Pérez, quien fue víctima de tortura, según el peritaje de los visitadores de la comisión citada. Todo ello para que se declarara culpable de haber disparado un arma AK-47.
LA INTERROGANTE
Ensoberbecido, el gobernador Angel Aguirre dejó crecer el problema. Hoy es evidente su ineptitud para solucionar el problema y priva la incertidumbre porque el conflicto se le fue de las manos. Con su indecisión para actuar, aumenta la posibilidad de que se incrementen las protestas y el asunto caiga en el terreno de la política.
Si ocurre lo anterior, el desprestigio será para los lideres perredistas y panistas que llevaron al poder al citado mandatario estatal. Como todos saben, Aguirre, un priísta de hueso colorado, fue el candidato de amarillos y azules para gobernar Guerrero.
En uno de esos actos de prestidigitación de la política a la mexicana, Aguirre, militante del tricolor durante toda su vida, aprovechó la oportunidad de ser candidato a la gubernatura, en una alianza partidista, de aquellas que tanto le fascinan a Manuel Camacho y a su alumno Marcelo Ebrard Casaubon (MEC).
Este último se convirtió en el padrino y protector del multicitado guerrerense hasta llevarlo al poder. Si no se resuelve con prontitud y justicia el caso de los normalistas asesinados, Aguirre y sus promotores serán los receptores naturales de los ataques de sus adversarios políticos. Para empezar, el gobernador no tiene el apoyo suficiente de perredistas y panistas y tiene que apoyarse en los militantes del tricolor para montar los actos de apoyo a su favor.
El gobierno aliancista guerrerense resultó un fiasco. El parecido de Aguirre a Ulises Ruiz Ortiz, aquel sátrapa oaxaqueño, es muy marcado. La represión y la impunidad continúan en el ánimo de los gobernantes.
¿A quién le conviene que se torne más explosivo el conflicto de los normalistas guerrerenses?
En épocas de campaña electoral, como la que vivimos, ese tipo de problema se convierte en oro molido para los enemigos políticos. Los argumentos contra el gobernador son abundantes y convincentes para provocarle más que un dolor de cabeza.
Con Aguirre en el gobierno de Guerrero, aquella entidad ha vivido momentos muy difíciles, porque la delincuencia organizada tiene a esa plaza sumida en la violencia criminal. Acapulco, la joya de la corona, es el más afectado por la ola sangrienta que baña al otrora paraíso del turismo extranjero y nacional.
