En la Corte son inaceptables las consignas e injerencias
* Especiales, Seguridad viernes 16, Dic 2011- El presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, señala que no se permite desacreditar sin fundamento a los impartidores de justicia
El Poder Judicial de la Federación no aceptará consignas ni injerencias de ningún tipo, ni que las resoluciones de los impartidores de justicia se desacrediten sin fundamento, afirmó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, al rendir su primer informe anual de labores.
En sesión solemne a la que asistió el presidente Felipe Calderón, Silva Meza defendió la autonomía e independencia de los jueces y refrendó el compromiso de la Corte con el respeto a los derechos humanos.
“Proteger la independencia de los jueces es una de nuestras mayores preocupaciones. No vamos a aceptar consignas ni influencias que alteren el funcionamiento de los órganos que pretendan vulnerar la autonomía de juicio”, afirmó.
El Poder Judicial respeta plenamente el derecho de audiencia de las partes, dijo, pero rechaza cualquier forma de injerencia o de presión que vaya más allá y que pueda lastimar o alterar su libertad de criterio, pues cumple una función de contrapeso y equilibrio institucional.
Silva Meza admitió que en algunas ocasiones las resoluciones del Poder Judicial , especialmente aquellas con alto impacto político o mediático causen dificultades para algunos actores políticos.
“Entendemos que a veces no se comprenda a cabalidad, en algunas ocasiones, sus fundamentos y consideraciones se confunden. No compartimos que se desacrediten sin fundamentos”, manifestó.
Los jueces están a cargo de garantizar que las libertades y la dignidad de todos sean protegidas y tratadas de acuerdo con lo que mandata la Constitución, “hacerlo para todos, sin distinciones es nuestro único poder, es la única fuente de nuestra legitimidad”, afirmó.
Reconoció que México vive momentos difíciles y delicados en materia de seguridad, pero recordó que le toca al Poder Judicial verificar que las acciones de combate a la delincuencia se desarrollen conforme a la ley y a la Constitución, pues “la justicia penal juzga a partir de pruebas y evidencias”.
“Vivimos también nosotros en carne propia la inseguridad y la emergencia del país, pero ninguna emergencia será válida ante los tribunales de la federación para justificar cualquier acción que en los hechos vulnere o pase por alto el principio de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución”, concluyó.