El PRI exige remover a malos gobernadores; Morena los premia
Miguel Ángel Rivera viernes 13, Dic 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplió a medias su oferta de colocar dentro de su gobierno al exgobernador de Chiapas Rutilio Cruz Escandón Cadenas, el presidente del PRI y senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas exigió destituir a los mandatarios estatales que no han sido capaces de contener a la delincuencia o que francamente están vinculados con esos grupos criminales.
Por lo que se aprecia, se trata de dos visiones opuestas acerca de la calificación, así como eventuales premios o castigos, a los gobernadores y, en general, a todos los funcionarios públicos.
En tal circunstancia, el ex mandatario chiapaneco es una figura ejemplar. No por su buen desempeño, sino por todo lo contrario.
En su sexto y último informe, el ex gobernador presumió que habían sido seis años de retos y logros, al cabo de los cuales su entidad es un referente de crecimiento económico y de abatimiento de la pobreza a nivel nacional.
Supuestamente con base en datos del Coneval –uno de los organismos autónomos que la llamada Cuarta Transformación decidió desaparecer– Escandón Cadenas alardeó que en el sexenio 2018-2024, en Chiapas logramos una mejora muy significativa, el indicador en situación de pobreza disminuyó 10.63 por ciento, siendo la reducción más alta a nivel nacional. Este resultado es la mejor obra de mi gobierno, me siento muy orgulloso y puedo decir: «Misión cumplida”.
Una visión muy diferente presentó la revista Proceso en su información relativa a la toma de posesión del nuevo gobernador de Chiapas,Eduardo Ramírez Aguilar, ceremonia en la que el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, representó a la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Violencia en sus regiones y ciudades, aparición de grupos civiles armados ligados a los grupos criminales actuales, desplazamientos por los enfrentamientos armados, desapariciones, feminicidios, cacicazgos regionales y municipales, corrupción, falta de transparencia, deudas al magisterio, una frontera sur porosa donde pasa el contrabando y la migración ilegal, y también falta de desarrollo económico.
“Así entregó Rutilio Escandón el gobierno de Chiapas a su sucesor, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha reconocido los problemas actuales del estado, especialmente el de la violencia, y ha expresado que la prioridad de su gestión será restablecer la paz”, resumen los dos primeros párrafos de la nota firmada por Gabriela Coutiño, quien fundamenta esas afirmaciones en declaraciones de académicos, empresarios, prestadores de servicios y activistas sobre el saldo que deja la primera administración morenista de la historia de Chiapas.
Sin referirse abiertamente a las fallas u omisiones de su antecesor, el nuevo mandatario chiapaneco, también “moreno” y antes militante del PVEM, ofreció que “la paz volverá a Chiapas”, en una ceremonia que se efectuó con un despliegue de patrullas blindadas y policías del grupo “Fuerza de Reacción Inmediata Pakal”, que fue presentado horas antes que el nuevo mandatario rindiera protesta formal del cargo.
El ex gobernador no ha sido acusado formalmente de estar vinculado con la delincuencia, pero el hecho es que durante su mandato aumentó la violencia y grandes extensiones de Chiapas han sido controladas por organizaciones criminales en los años recientes.
Rutilio Cruz Escandón estuvo casado con Rosalinda López Hernández –fallecida el 5 de junio de este año, tras ser electa como senadora– hermana del ex secretario de Gobernación, hoy coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. El ex mandatario chiapaneco concluyó su gestión con señalamientos de corrupción, falta de transparencia e incremento de la violencia.
A pesar de los malos antecedentes, el ex mandatario Escandón Cadenas ya recibió su nombramiento en el Ejecutivo federal, será cónsul en Miami. Por eso digo que la presidenta Sheinbaum cumplió siu promesa a medias, pues prefirió mandarlo al extranjero y no tenerlo cerca.
Al exigir la remoción de gobernadores acusados de vínculos con el crimen organizado, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió que los mandatarios se separen del cargo para atender las acusaciones y si no pueden dar resultados.
“Ninguno es del PRI (olvidó mencionar que su partido sólo gobierna sólo dos estados), y no porque no sea del PRI, hoy ellos gobiernan la mayoría en el país, hay que aclarar esos señalamientos”, sostuvo “Alito” Moreno al advertir que a nivel internacional este tema de vinculación con el narco y el crimen organizado demerita y aleja las inversiones en México.
En reunión con medios de comunicación, el dirigente priista insistió que los mandatarios estatales deberían asumir los señalamientos en su contra y su responsabilidad ante la crisis de inseguridad.
Mencionó el caso de Sinaloa, donde el gobernador es Rubén Rocha Moya. Moreno sostuvo que no se trata de un tema político sino de transparencia y rendición de cuentas.
El ex gobernador de Campeche sostuvo que “un gobierno no llega a aprender, un gobierno llega a dar resultados y a cumplirle a la gente, a presentar propuesta, a presentar proyecto y alternativas”.
Aseguró que el Revolucionario Institucional “jamás le ha regateado el apoyo al gobierno, en los últimos siete años que estamos en la oposición, para que implementen una estrategia de seguridad que dé resultados. El PRI siempre ha estado listo y dispuesto a apoyar y a coadyuvar en programas y proyectos que verdaderamente resuelvan el tema de seguridad”.
El INE acata el recorte al presupuesto, pero advierte que afectará la elección de nuevos funcionarios judiciales
El oficialismo de la Cámara de Diputados puso fin ayer al proceso para aprobar en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y, con la creencia de haber cumplido con su deber, ayer mismo declaró el final del periodo ordinario de sesiones.
De esta manera, las preocupaciones son para los afectados por los recortes, ya sea que fueron decididos desde el Ejecutivo o “promovidos” por los diputados.
Una de las instituciones que se salvaron de desaparecer, pero que tendrá grandes problemas para cumplir con sus responsabilidades es el Instituto Nacional Electoral (INE) que deberá organizar una problemática elección de los nuevos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
A las dificultades propias del proceso, generadas por una reforma constitucional con grandes lagunas, los consejeros electorales ahora tienen el difícil compromiso de organizar las votaciones con la mitad del dinero que solicitaron. En acatamiento de la voluntad del Ejecutivo, los diputados aprobaron la reducción del presupuesto de dicho Instituto.
Uno de los aspectos notables es que el riesgo que implica el recorte del presupuesto lo expuso la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien ha dado muestras de su afinidad con la llamada Cuarta Transformación, como el haber aprobado la sobrerrepresentación del partido oficial y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Entre otros aspectos, Taddei ha advertido que tal vez sería necesario reducir a la mitad el número de casillas, muy lejos de la cobertura nacional real.
De darse esta situación se cumplirán los pronósticos de muchos académicos y dirigentes de la oposición en el sentido de que esas elecciones de nuevos juzgadores federales resultarán desairadas, con una muy baja participación de los ciudadanos.
Los conocedores advierten que los consejeros electorales tienen todavía el recurso de interponer una controversia constitucional para que aumenten sus recursos para el año venidero.
Pero también se recuerda que precisamente como resultado de las reformas constitucionales aprobadas por el oficialismo se prohibieron tales controversias. Además se considera muy improbable que la mayoría de los consejeros electorales –sometidos o convencidos de los designios de Morena– acepte recurrir a una Suprema Corte proscrita por la llamada 4T.
