Con denuncia de amenazas de la 4T, se despidió la presidenta de la SCJN
Miguel Ángel Rivera miércoles 11, Dic 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país, afirmó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña Hernández, quien sin incurrir en desquites, denunció que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) han sido víctimas de amenazas, agresiones y de una falsa narrativa que fue impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sólo porque el alto tribunal recuperó su papel autónomo hace dos años.
Limitada a su segunda y última rendición de cuentas –cuando debieron ser cuatro, pero fueron reducidas a la mitad por la reforma constitucional promovida por el político de Macuspana– la jurista sostuvo que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir.
La ministra presidenta resaltó que este informe anual, es un ejercicio de rendición de cuentas que muestra el trabajo diario que se ha realizado desde la judicatura federal en favor de la impartición de justicia centrada en las personas. “A través de este ejercicio de transparencia, se da cuenta a la sociedad mexicana que el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones que, reconocidamente, tanto a nivel nacional como internacional, han protegido los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.
Piña hernández, dice un comunicado de la Suprema Corte, destacó que la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación derivada de la presentación de la Cuenta Pública 2023, no ocasionó alguna observación o recomendación para este alto tribunal
Señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial.
El referido comunicado destaca, asimismo, que la casi ex presidenta manifestó confianza en que la finalidad de la reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos.
También expuso un recuento de las sentencias de tribunal constitucional que provocaron una campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales, tales como el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023, así como un decreto presidencial mediante el cual intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios; así como el denominado “Plan B” el 22 de junio de 2023, entre otros.
Piña Hernández recordó, asimismo, que ella misma ha “reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil; el contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto, hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”.
Como despedida, la ministra Piña Hernández realizó un reconocimiento a sus colegas, a todo el personal jurisdiccional y el personal administrativo y operativo. “A todos los que somos trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial federal; en particular a los estudiantes, que se han manifestado, que han marchado, que se han involucrado alzando su voz en un tema crucial para la preservación del Estado de Derecho.
“El trabajo de cada uno es la mejor voz; y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia, es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.
En su segundo y último Informe, la ministra presidenta también destacó que el gobierno federal enfocó su ataque contra el PJ, pero no propuso una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra actualmente en ruinas.
Aseguró que el punto de quiebre fue el tema de la Guardia Nacional (GN), ya que se intensificaron las amenazas y agresiones hacia los ministros del máximo tribunal de justicia, por invalidar el traslado de dicho cuerpo policiaco a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte –como debería corresponder a cada juez– de un proyecto político dominante”, denunció la ministra presidenta ante los Plenos de la Corte y del también prácticamente desaparecido Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asistieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, así como César Yáñez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob).
También asistieron los ex presidentes de la Corte, Mariano Azuela Güitrón y Guillermo Ortiz Mayagoitia, y los ministros en retiro Fernando Franco González Salas, Eduardo Medina Mora y la ministra Margarita Luna Ramos.
Además, Piña Hernández se refirió al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominó prioritarios, tema discutido en mayo de 2023.
“Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por su invalidez, apenas unas horas más tarde, se publicó otro acuerdo reiterando el ‘escudo de seguridad nacional’, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal”, manifestó.
En tercer lugar, citó al denominado “plan B”, cuando el 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.
“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales, de cara a la sociedad”, recordó Piña Hernández, quien también mencionó que, “en cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica”, enfatizó.
Luego, en referencia a la reforma judicial en 2024, señaló que, desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de nuestra Constitución.
“Desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”.
Por contrapartida, la incondicional de la llamada Cuarta Transformación, la ministra impuesta por López Obrador, Lenia Batres Guadarrama, que pretende presidir el nuevo máximo tribunal, escribió en redes sociales que el informe de Piña Hernández, eran los “últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad”.
