López Obrador nos mintió, aseguran los padres de los normalistas
Miguel Ángel Rivera viernes 27, Sep 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ni la lluvia ni el temor a los temblores detuvieron a miles de personas que acompañaron a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace diez años en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre, que marcharon por calles de la Ciudad de México hasta llegar al Zócalo para restregarle al presidente Andrés Manuel López Obrador su incumplimiento de la promesa de esclarecer lo ocurrido.
Todavía ayer, a cinco días de terminar su gobierno, el inquilino de Palacio Nacional lamentó que en su gobierno no haya podido localizar a esos jóvenes, debido a que se enredó el caso.
En su conferencia de prensa mañanera, el político tabasqueño comprometió a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, a encontrar la solución a esa tragedia. En realidad, sólo fue otro intento de evidenciar la vinculación entre los dos regímenes, pues la Presidenta Electa, efectivamente, ofreció continuar los trabajos para determinar, sin ninguna duda, quiénes fueron los verdaderos culpables.
“Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió, queríamos saber todo”. “Las cosas están enredadas, complicadas, por intereses”, señaló López Obrador.
Acerca de la marcha, que estaba planeada —y así se inició— para arrancar a las 16 horas en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, el mandatario saliente aseguró que están en su derecho a protestar.
En cuanto al blindaje de edificios, en particular Palacio Nacional, López Obrador dijo que era para evitar daños por parte de los grupos violentos que se infiltran en la manifestación.
En este aspecto, el jefe del Ejecutivo federal evidenció estar bien informado, pues lamentablemente, durante la marcha aparecieron nuevamente esos grupos violentos que se hacen llamar “anarquistas”.
Esto marcó, una vez más, otra de las características del gobierno que va de salida. Con la excusa de que no reprime, deja sin sancionar los daños que generan esos supuestos anarquistas, a pesar de que las leyes en la materia autorizan detener y consignar a los que realicen esos atentados. Pero ya se sabe, también, que uno de los lemas del político tabasqueño sostiene: “a mí no me vengan conque la ley es la ley”.
“Haiga sido como haiga sido”, el hecho es que López Obrador no cumplió su promesa a los padres de los normalistas desaparecidos, quienes así lo hicieron notar.
Antes de la marcha, los padres de los normalistas dieron una conferencia de prensa en la que reafirmaron su exigencia de conocer el paradero de sus hijos y al gobierno, le demandaron ahondar en las investigaciones en torno a las fuerzas armadas, pues mantienen la sospecha de que el Ejército oculta información.
En el evento efectuado en la Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el abogado Isidoro Vicario Aguilar, del Centro de Defensa de Derechos Humanos, sostuvo que, a una década del acontecimiento “no tenemos justicia y estamos lejos de una respuesta clara”.
“Los padres llevan 10 años enfrentándose a mentiras por parte de los representantes del gobierno. El presidente López Obrador dio su palabra de encontrar a los responsables y enjuiciarlos, sin embargo, se dedicó a protegerlos y no a darnos respuestas”, agregó.
El abogado indicó que el único avance en ese sexenio consistió en invalidar la “verdad histórica” dada a conocer durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Lamentamos que no haya información novedosa sobre el paradero de los estudiantes. El interés de los padres y madres no es político, el único interés es saber que ocurrió la noche del 26 de septiembre”, dijo también el abogado.
Una de las madres, Blanca Gonzales, se quejó de que “tenemos un gobierno que se burló de nosotros” y, otra más, Joaquina García, recordó que cuando López Obrador estaba en campaña “nos prometió que daría con nuestros hijos, nos dio muchas esperanzas. Pero parece que protege a los militares. Nosotros seguiremos luchando, gritando y les pedimos que no nos dejen solos porque unidos será mejor luchar”.
Ayotzinapa no es el único pendiente de López Obrador
Además de la tragedia de Iguala, en sus últimos momentos como Presidente de la República, López Obrador enfrenta todavía obstáculos a otro de sus temas más importantes: la transformación (¿sometimiento?) del Poder Judicial.
En este sentido, resulta de suma importancia que la Suprema Corte de Justicia (SCJ admitió ayer mismo a trámite dos consultas más para revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que los incondicionales diputados y senadores de la llamada Cuarta Transformación se apresuraron en aprobar como “regalo” de despedida al político de Macuspana.
Con estas dos demandas son nueve las interpuestas ante el máximo tribunal del país en las últimas dos semanas.
Los controversias fueron presentadas por funcionarios del Poder Judicial, para los cuales la reforma promovida por el inquilino de Palacio Nacional resulta, sin exagerar, un asunto casi vital, pues en ello van su empleo y de hecho toda su vida profesional, ya que sus actuales posiciones las obtuvieron después de prolongadas trayectorias dentro de la judicatura, mientras que la reforma aprobada a toda carrera por los legisladores oficialistas abre la puerta para personas sin experiencia.
Una de las demandas, registrada como el expediente 8/2024, la interpusieron los magistrados del Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, quienes expresan su preocupación por el decreto que extingue la carrera judicial y destituye a jueces y magistrados federales, permitiendo que sean elegidos por voto popular. Señalan que esto vulnera el principio de división de poderes y autonomía del Poder Judicial.
El segundo expediente, 9/2024, lo promovieron jueces y magistrados de diversos distritos federales y se refiere a las supuestas violaciones constitucionales en el proceso legislativo que aprobó esta reforma. Los juzgadores argumentan que el decreto podría afectar el respeto a los derechos humanos y la autonomía del Poder Judicial, además de contravenir tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo con el sistema del tribunal constitucional de repartir los casos entre sus once integrantes, estos dos nuevos casos fueron turnados a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien desde el pasado martes adelantó que su postura va porque la Corte “no tiene facultades” para pronunciarse sobre la reforma judicial al tratarse de cambios a la Constitución, enmienda que entró en vigor el 16 de septiembre pasado, al ser promulgada por López Obrador, luego de ser aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por las legislaturas de más de la mitad de las entidades federativas.
Esquivel es una de las ministras consideradas incondicionales de López Obrador, quien la propuso al Senado y la sostuvo a pesar de las denuncias de que plagió su tesis profesional. Por tanto, se da por descontado que su ponencia será en el sentido de desechar estas demandas.
Cuatro proyectos en relación con la validez o no de la reforma al Poder Judicial están programadas para ser discutidas el próximo 3 de octubre en el pleno de la Suprema Corte, cuando López Obrador sea ex presidente. Ya se sabe que para que una sentencia tenga validez debe ser aprobada o rechazada por ocho de los once ministros de la Corte.
Como se considera probable que la ministra Esquivel podría tener el respaldo de tres de sus pares, con cuatro votos sería suficiente para que la reforma al Poder Judicial quede confirmada.
Esto podría cambiar si el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, también promovido por AMLO, pero que ha demostrado independencia de criterio, se decide proponer una vía para dar entrada a la consulta que busca frenar la enmienda constitucional.
Por otra parte, arrancaron las campañas de los aspirantes a la presidencia nacional del PAN. Se asegura que es una lucha real.
Los dos aspirantes registrados son el ex coordinador de los diputados federales, Jorge Romero Herrera, quien pidió mantener la unidad de todos los panistas ante el acoso del gobierno y la ex diputada Adriana Dávila, que prefirió iniciar con un ataque frontal contra su rival, al señalar que representa al grupo de interés de Marko Cortés, el controvertido presidente que va de salida.
