La Conago combatirá delitos de alto impacto
Nacional miércoles 17, Ago 2011- Acuerda con la federación redoblar esfuerzos en la prevención y combate a la delincuencia organizada
César Duarte, Miguel Alcántara Soria y Marcelo Ebrard, en el seno de la Conago.
Los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal acordaron realizar un esfuerzo conjunto y coordinado para reducir la incidencia delictiva en actos ilícitos de alto impacto y redoblar esfuerzos en prevención y combate, cuya primera etapa iniciará en septiembre.
El presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Marcelo Ebrard, y el titular de la Comisión de Seguridad, César Duarte, informaron que el gobierno federal y las 32 entidades también pactaron reflejar la prioridad en el combate a los delitos de alto impacto en el anteproyecto de presupuesto.
En un encuentro celebrado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, indicaron que se combatirán los delitos de secuestro, extorsión, trata de personas, robo a casa habitación y/o negocio con violencia, robo de vehículo y en carreteras, así como venta y transporte de armas.
De acuerdo con los mandatarios locales, quienes dieron lectura al acuerdo, los recursos se distribuirán conforme a reglas de operación que incluirán rigurosos criterios de evaluación del desempeño de los operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno.
Con dichos recursos se dará prioridad a los rubros de Policía Acreditable, Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, Registro Público de Vehículos, Centros de Control de Confianza, Prevención Social del Delito, Narcomenudeo, Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, Sistema Penitenciario, Reforma Penal y Plataforma México, indicaron.
La primera etapa se desarrollará de septiembre a diciembre de este año, mientras que la segunda fase se llevará a cabo a lo largo de 2012; sus avances se informarán cada mes y el logro del último cuatrimestre de 2011 se presentará en la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de 2012.
En ese contexto, cada entidad federativa definirá las acciones a emprender y las metas a alcanzar en función de sus propias condiciones en materia de incidencia delictiva y de los recursos disponibles.
El gobierno federal hará lo conducente en el ámbito de su respectiva competencia y ambos rendirán cuentas de los resultados ante la opinión pública, abundaron el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el gobernador de Chihuahua.
Para impulsar el logro de los objetivos antes mencionados, las entidades y el gobierno federal conformaron cuatro grupos de trabajo y definieron puntos de acuerdo que se presentarán al Consejo Nacional de Seguridad Pública y que implican diez acciones.
Estas tareas son: reducir la incidencia delictiva en delitos de alto impacto con una estrategia coordinada entre los estados, Distrito Federal y el gobierno federal, así como aprobar un catálogo de delitos que permitirá homologar la medición de la incidencia delictiva.
El INEGI emitirá una Norma Técnica de Clasificación de Delitos en este año; también ofrecer oportunidades laborales y educativas a jóvenes a través del proyecto “México sí estudia, sí trabaja” con la participación del Sistema Nacional de Empleo y los organismos estatales de servicios educativos y promoción laboral.
Otro punto consiste en ampliar y fortalecer el Programa de Tamizajes y el Modelo de Prevención Comunitaria de los Centros Nueva vida, así como fortalecer la Estrategia Nacional de adicciones en escuelas de educación básica.
De igual forma, se prevé tanto ampliar como fortalecer las campañas de prevención de adicciones, además de generar el programa de profesionalización a instancias de la sociedad civil e información y sensibilización a la familia en materia de adicciones.
Igualmente se establece que se entregará información estadística a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de actualizar el diagnóstico y la lucha contra el fenómeno de trata de personas en México.
Se acordó optimizar el intercambio de información para el acceso a la base de datos de vehículos robados y recuperados, incluyendo mecanismos de consulta de placas y de consulta de grabaciones de video de cámaras instaladas en sitios estratégicos en carreteras estatales y federales.
También deben impulsar el establecimiento en cada entidad federativa de Centros de Operación Estratégica (COES) en materia de narcomenudeo, conforme al modelo propuesto por la Procuraduría General de la República.
Otro punto es promover iniciativas para tipificar en cada entidad la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al crimen organizado, que incorporen técnicas de investigación propicias y que habiliten mecanismos para acceder a recursos económicos producto de los bienes incautados a la delincuencia, conforme a lo propuesto por la PGR.
En todas las entidades habrá Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica y se promoverán iniciativas de leyes estatales en materia de extinción de dominio.
Asimismo se conformará la Base Nacional de Datos de Huella Balística mediante el establecimiento del sistema IBIS en las 32 procuradurías y se instalará el sistema E-Trace que permitirá la consulta de bases de datos sobre comercialización de armas.
El décimo punto estipula iniciar el Registro Biométrico de Extranjeros y Residentes, Temporales y Permanentes en Territorio Nacional por parte del Instituto Nacional de Migración con el apoyo de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como la producción de Formas Migratorias con Información Biométrica.
