Corrupción carcelaria
Freddy Sánchez jueves 14, Mar 2024Precios y desprecios
Freddy Sánchez
La “mega cárcel” que propuso Xóchitl Gálvez sigue dando mucho de qué hablar.
Y dos cuestiones se contradicen por encima de lo demás que se menciona sobre el propósito expuesto por la candidata del frente opositor como parte de su estrategia de seguridad en caso de ser la ganadora en las elecciones del dos de junio.
Por una lado, lo de esa gran prisión a donde se recluiría a los reos sentenciados (como lo planteó Xóchitl), y por el otro, la aseveración de que lo necesario es cambiar lo que son actualmente los centros de reclusión en el país.
O sea que en opinión de algunos críticos de lo que ha dicho sobre una “mega cárcel”, la aspirante presidencial opositora, esa idea carece de buena visión en virtud a que resultaría inviable concentrar en un penal a internos de lugares remotos.
Y no sólo eso, los que cuestionan el plan de la señora Gálvez se refieren también a los manejos de corrupción que supuestamente implicó crear cárceles de alta seguridad con intervención de capital privado en tiempos de Felipe Calderón y por lo mismo se afirma que se estaría repitiendo una política pública sólo para beneficiar a los amigos de los que detentan el poder.
De ahí que se insista en decir que la solución está en modificar el esquema operativo de las prisiones que ya funcionan en el país y las que pudieran surgir en el futuro. Ahora que, en ese aspecto, no se puede ignorar una triste realidad que para decirlo sin eufemismos obliga a señalar que si “una manzana está podrida”, lo único que queda es “tirarla a la basura”.
Lo cual es algo que no dejan de mencionar quienes dudan de la eficacia los programas institucionales de renovación de los centros de internamiento de presos donde el imperio de la corrupción prácticamente está profundamente enraizado siendo virtualmente imposible erradicarlo.
En ese tenor, ambas cuestiones podrían tener algo de cierto, pero al mismo tiempo carecer de absoluta objetividad para determinar qué es mejor: crear una “mega cárcel” diferente o intentar como tantas veces regenerar el ambiente de las existentes.
Y es que para ser francos podría uno afirmar que una y otra idea serían de mucha o poca utilidad social en aras de cambiar el sistema de readaptación social en México y el resguardo de los internos sujetos a proceso, en tanto no se reconozcan las deficiencias de todas las acciones institucionales previas que se han realizado con evidente saldo rojo en materia de hacer de las cárceles lo que se necesita.
Es decir que dichos establecimientos no sigan siendo percibidos como “catedrales de la corrupción”, con canonjías que en apariencia a unos presos les cuestan para beneficio de una caterva de funcionarios corruptos, sin que se erradiquen abusos de distinta índole ni se logre que los internos que salgan de prisión en verdad se reintegren a la sociedad como personas de bien dedicadas a trabajar y no a delinquir.
En ese contexto, es de señalar que independientemente de una “mega cárcel”, las prisiones en general deben modificar su carácter operativo con nuevas medidas que garanticen cambios en bien de la gente que respeta la ley, evitando seguir sirviendo a intereses criminales.
Así que el principal obstáculo para alcanzar un cambio real que haga posible la readaptación social de los presos en los penales de México es la aparentemente tolerada e impune corrupción carcelaria.
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