Se busca Presidente que termine con la militarización del país
Miguel Ángel Rivera lunes 12, Feb 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
¿Dónde está el Presidente que iba a desaparecer al Ejército?
La respuesta es: “Está desaparecido”.
Se puede aventurar que probablemente estuvo inscrito en la lista de miles de desaparecidos durante el presente sexenio. O, tal vez, tampoco aparezca en esa relación luego de que los “siervos de la nación” cumplieron con la orden surgida de Palacio Nacional de depurar ese registro.
Una pista para dar con el desaparecido jefe del Ejecutivo se puede seguir a partir de un despacho de la agencia informativa Reuters fechado el 1 de julio de 2019:
“El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una entrevista con un diario local que quisiera desaparecer el Ejército del país latinoamericano, pero, por las resistencias, no puede.
“El mandatario aseguró en una entrevista publicada el lunes en el periódico La Jornada que reemplazaría a los uniformados con la recién creada Guardia Nacional, cuyos 70,000 primeros efectivos fueron desplegados el fin de semana para combatir la inseguridad en la segunda mayor economía de Latinoamérica.
“Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos”, dijo el mandatario, conocido por su acrónimo AMLO, a La Jornada.
“El Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar la seguridad”, agregó. “(Pero) no lo puedo hacer porque hay resistencias. Una cosa es lo deseable y, otra, lo posible”.
“Según el mandatario, el Ejército mexicano cuenta con unos 230,000 efectivos y la Marina, con unos 65,000. AMLO busca incrementar la cantidad de los miembros de la Guardia Nacional a unos 150,000.
“En la región, Costa Rica y Panamá son los únicos países que no tienen Ejército, pero sí cuentan con una fuerza militarizada.
Sin embargo, México pasa por una crisis de seguridad sin precedentes que el año pasado dejó un récord de homicidios, en su mayoría, producto del enfrentamiento entre bandas del crimen organizado y la fuerza pública”, relató la agencia.
Tres años después, López Obrador presentó un panorama totalmente distinto. La misma agencia Reuters informó en otro despacho, con fecha 6 de septiembre de 2022:
“El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este martes que cambió de opinión respecto al uso de militares en tareas de seguridad pública por tratarse de un problema grave, tras las críticas que han recibido unas reformas legales del partido gubernamental que colocan a la Guardia Nacional (GN) bajo el control del Ejército.
“Cuando era oposición, López Obrador fue muy crítico de sus dos antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por recurrir a los soldados para enfrentar a los grupos criminales en las calles, en medio de denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos.
“Cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron”, afirmó AMLO, al ser consultado por una periodista sobre su antigua promesa de hacer regresar a los militares a los cuarteles en seis meses, en caso de ser elegido en las urnas.
“El Presidente dijo estar convencido de que ´la paz es fruto de la justicia´ y aseguró que para combatir la inseguridad está dando trabajo a la gente y luchando contra la corrupción y la impunidad, pero justificó su política de seguridad porque debía sustituir a la extinta Policía Federal, que afirmó estaba plagada de vicios”.
La misma agencia precisó que este radical cambio de opinión vino luego de que las mayorías oficialistas en las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron de manera expedita una iniciativa del propio Presidente para entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional.
La Suprema Corte invalidó la militarización
En una decisión que le valió acrecentar la animadversión que le prodiga el inquilino de Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales las reformas a las leyes que transferían el control de la Guardia Nacional a la Sedena.
En inmediata respuesta, en vez de acatar el fallo de los ministros, luego de una nueva andanada de epítetos contra el máximo tribunal, el político tabasqueño ordenó que al frente de la Guardia Nacional se mantenga el general retirado David Córdoba y que esa institución reciba orientación y formación profesional del Ejército, es decir, en los hechos. El cuerpo policíaco quedó bajo control del Ejército.
En esa misma oportunidad, el titular del Ejecutivo anunció que antes de que concluya su sexenio enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia quede formalmente adscrita a las fuerzas armadas.
A pesar de que su gobierno está muy cerca de terminar y no obstante que los partidos de oposición y los organismos defensores de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se han manifestado en contra de la militarización de la vida nacional, el líder y guía cumplió sus amenazas el pasado 5 de febrero, Día de la Constitución, dio a conocer una larga lista de 20 reformas —18 a la Carta Magna— entre los cuales incluyó nuevamente la militarización de la Guardia Nacional.
“Espero que se tenga mayoría calificada, dos terceras partes del nuevo congreso para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia”, afirmó el mandatario, conforme a su costumbre de culpar de todos los males a los gobiernos anteriores y, sin hacer un balance de los escasos (por no decir que nulos) resultados de las militarizadas fuerzas de seguridad, pues no son para presumir las más de 175 mil muertes violentas durante su mandato.
Como su paquete de iniciativas incluye otros temas que tienen fuerte impacto en la opinión pública como las propuestas de aumentos a los salarios y las pensiones, sobre todo en pleno proceso electoral, el asunto de la militarización ha quedado aparentemente en segundo plano, sobre todo porque se da por descontado que no pasará la aduana del Legislativo.
Mientras tanto, es bueno tener en cuenta acerca de ese tema lo escrito por la organización defensora de los derechos humanosCentro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), muy involucrada en la denuncia de supuestos abusos u omisiones de los militares, en particular en el terrible caso de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, hace nueve años, todavía no resuelto y como parte del cual se acusa al gobierno federal de encubrir al Ejército.
“En los últimos años, México ha experimentado una transformación significativa en su enfoque hacia la seguridad pública, marcada por una serie de decisiones políticas y jurídicas que han consolidado la presencia militar en diversos aspectos de la vida pública. La esperanza inicial de un cambio en este ámbito se desvaneció a través de una expansión sin precedentes de la presencia militar, respaldada por cambios legales profundos”, se lee en el portal de Prodh con motivo de la presentación de la segunda edición del informe titulado Poder Militar.
“Este informe analiza el proceso jurídico y político que ha llevado a una profundización de la militarización durante este sexenio, subrayando la necesidad de un proceso de desmilitarización gradual para fortalecer las políticas de seguridad, reducir las violaciones a derechos humanos y restablecer una relación civil-militar acorde con los principios democráticos.
“La primera edición de este informe fue publicada en 2021 y se agotó rápidamente. En esta segunda edición, hemos actualizado el contenido para incorporar lo ocurrido durante 2022 y 2023, con la esperanza de aportar argumentos y razones de cara a los debates que sobre este tema se generarán en el ya próximo 2024, los cuales seguramente continuarán a inicios del próximo sexenio”, anticipó el organismo de defensa de los derechos humanos.
Por separado, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que las reformas constitucionales y legales presentadas al Congreso por el gobierno de Morena están desconectadas de las necesidades reales y apremiantes de los mexicanos, al señalar que el tema de la seguridad, la principal preocupación de las familias es un gran ausente.
