Samuel García sigue en campaña, pero no logra imponer a un incondicional
Miguel Ángel Rivera viernes 1, Dic 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Todos los indicios permiten llegar a la conclusión de que el gobernador con licencia (que empieza hoy) de Nuevo León y candidato de MC a Presidente de la República, Samuel García Sepúlveda, es otro de los políticos dispuestos a recurrir a todos recursos para lograr que se cumplan sus deseos.
La sesión del Congreso de ese estado norteño del miércoles anterior fue interrumpida por la irrupción de un grupo de “porros”, pero a final de cuentas no lograron su propósito de impedir que los diputados locales nombraran un gobernador sustituto distinto del que deseaba imponer el joven mandatario que ya está en campaña.
Aquí es donde se cimentan las sospechas de que el esposo de Mariana Rodríguez —la influencer que para muchos críticos es quien realmente tiene el poder— lleva el autoritarismo al extremo de la violencia.
En su defensa, el mandatario de Nuevo León puede alegar que él no envió a los “porros”, pero es un hecho que esos delincuentes actuaron bajo consigna.
Al respecto, el coordinador de la diputación federal del PRI y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, publicó en redes sociales un mensaje en el que sostiene: “una multitud identificada con @MovCiudadanoMX irrumpió en el Congreso de #NuevoLeón. Quieren impedir la elección del gobernador interino. Hay un virtual golpe de estado de @samuel_garcia. El estado norteño en una crisis institucional armada por un indolente fantoche”.
El grupo violento no logró su propósito de impedir el nombramiento de un gobernador interino distinto a los que pretendía imponer García Sandoval. El designado fue el vicefiscal del estado, Luis Enrique Orozco Suárez.
El mandatario que durante su campaña para llegar al Palacio de Gobierno de Monterrey ofreció que no haría lo mismo que su antecesor, el llamado Bronco Jaime Rodríguez Calderón, de dejar su sitial para buscar la Presidencia de la República, pero ya está en campaña y quería asegurarse dejar el gobierno al cuidado de un incondicional. Para eso, al mismo tiempo que envió su solicitud de licencia al Congreso de Nuevo León, nombró suplente a su secretario general de Gobierno Javier Luis Navarro Velasco, mientras que los diputados —en su mayoría opositores— habían designado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas Garza.
Esta conflictiva situación generó, por ambos bandos, protestas ante la Suprema Corte de Justicia, que declaró inválidas ambas designaciones, pero dejó en claro que el nombramiento del mandatario interino es facultad exclusiva del Congreso estatal.
Por ello, en la sesión que intentaron impedir los “porros”, los diputados ejercieron sus facultades y designaron al mencionado Orozco Suárez, quien debería entrar en funciones a primera hora de hoy viernes 1 de diciembre, al tiempo que empieza la licencia concedida al ahora aspirante a presidente de la República.
No obstante, el dictamen del máximo tribunal del país, todavía ayer, García Sepúlveda intentó imponer al Congreso a uno de sus colaboradores.
A unas horas de que entre en vigor su licencia como gobernador, García Sepúlveda pidió ayuda al Poder Judicial para impedir la llegada del gobernador interino, pues sostuvo que el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez es inelegible y responde a los intereses de la mafia del PRIAN.
Recalcó que no permitirá que regrese a Nuevo León la vieja política personificada en el PRI y PAN y pidió al Poder Judicial aplicar todo el rigor de la ley a los 26 diputados de esos partidos en el Congreso local que designaron a Orozco Suárez como gobernador interino a pesar de las sentencias que, según él, impedían a los diputados decidir este nombramiento.
El mandatario-candidato sostiene que los diputados locales están obligados a nombrar como interino a un miembro del mismo partido que ganó las elecciones, es decir, MC.
De paso, acusó a los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno, de “reventar” acuerdos.
“El PAN de Marko Cortés y Alito Moreno, sólo han venido a NL a reventar acuerdos y provocar desmanes, están muy preocupados porque en 8 días de precampaña ya estamos en un claro segundo lugar, en cambio, su proyecto es como el Titanic: se está hundiendo y su fenómeno no resultó tal cosa y va en caída libre”, aseguró García Sepúlveda, quien así aprovechó para hacer propaganda al sostener que ya superó a la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.
Un segundo revés para el gobernador-candidato presidencial
También amenazó que no permitirá que el vicefiscal Orozco Suárez, que “es la mano derecha” de quien fue su adversario priista en la contienda por Nuevo Léon, Adrián de la Garza, asuma como gobernador interino.
Es poco probable que García Sepúlveda logre su propósito, pues como apuntamos, la Suprema Corte decidió que la facultad de nombrar al gobernador interino corresponde al Congreso y no indicó nada acerca de la afiliación del designado.
Para disgusto del joven gobernador-candidato, al revés de la Suprema Corte se sumó un dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó a su partido, MC, remover los mensajes de radio, televisión y spots de internet por considerar que promueven la imagen personal del mandatario, cuya licencia entra hoy en vigor.
La Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral declaró que el material electoral debe retirarse, pues contraviene el modelo de comunicación política vigente.
El INE otorgó seis horas para que MC retire los spots titulados “Lo nuevo es hacer posible lo imposible”, “Samuel García el nuevo” y “soy el nuevo Samuel García”
La consejera electoral Claudia Zavala opinó que el gobernador tiene la calidad de servidor público por lo que no se le permite hacerse promoción.
Ayotzinapa no deja de ser un dolor de cabeza
La incumplida promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de culminar la investigación de la tragedia ocurrida hace nueve años en Iguala, con la desaparición de 43 normalistas, cada vez se enreda más.
Por lo pronto, una de las acciones judiciales emprendidas por el actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la consignación de ocho militares presuntamente involucrados en esos lamentables sucesos parece a punto de quedar inválida.
Al tiempo que los padres de los desaparecidos y sus simpatizantes insisten en la hipótesis de que el Ejército estuvo involucrado en esos criminales acontecimientos, un tribunal colegiado con sede en la Ciudad de México determinó por unanimidad que la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo, debe revisar si es válida la prisión oficiosa dictada en contra de ocho militares acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Esta orden puede significar la liberación inmediata de los militares, aunque sigan sus juicios. También se considera como un indicio de que no están justificadas las denuncias en su contra y que, a la larga, serán exonerados.
Como antecedente es de tener en cuenta el cambio de la prisión preventiva oficiosa decretado en favor del general Rafael Hernández, otro acusado, quien desde agosto pasado enfrenta su proceso penal en libertad, luego de que un juez de amparo le concedió la protección de la justicia federal.
La defensa alega que no existen elementos de prueba acerca de la presunta culpabilidad de los militares, pues las denuncias de la Fiscalía General de la República (FGR) se basan únicamente en las declaraciones del testigo protegido a quien se conoce como “Juan”, quien es o era uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, grupo delincuencial al cual se atribuye el asesinato de los normalistas y la desaparición de sus cuerpos.
La denuncia contra los militares consiste en que “no auxiliaron a los estudiantes” para evitar que fueran secuestrados, pero no que intervinieran en su desaparición, como sí lo aceptaron sus acusadores.
El hecho es que el tribunal federal determinó que la jueza debe revalorar la prisión oficiosa y tomar en cuenta nuevos elementos, ya que a consideración del órgano del Poder Judicial de la Federación, integrado por tres magistrados, tal decisión fue mal valorada y en los siguientes días debe realizar una audiencia en la que dicte otra decisión, aseguró el abogado defensor César Omar González.
