“3 de 3 contra la violencia”, ya es ley
Jorge Luis Galicia Palacios lunes 29, May 2023Como veo, doy
Jorge Luis Galicia Palacios
- Agresores y deudores alimentarios, impedidos para cargos públicos y de elección
Iniciaremos nuestra colaboración con unas preguntas, dirigidas a hombres de la política y el servicio público: ¿Quieres ser aspirante a un cargo de elección en el proceso electivo de 2024?, ¿Tienes intenciones de formar parte de la administración pública como funcionario?, y/o ¿Pretendes integrarte a algún cargo o comisión como servidor público?, si la respuesta es sí, aquí te indicamos lo que ahora debes observar dentro de los requisitos de ley, además de otros ya establecidos como no estar inhabilitado y en algunos casos no contar con antecedentes penales.
La semana pasada, el Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que establece la suspensión de derechos políticos a los agresores de mujeres y deudores de pensión alimenticia, es decir dio entrada al decreto de reforma y adición de los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, denominada como “3 de 3 contra la violencia”.
La reforma establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos al tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Asimismo, por ser declarada persona deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
LAS CARTAS HABLAN.— No obstante que el proceso legislativo de la Ley 3 de 3 contra la violencia, aprobada recientemente por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, y que también cuenta con el aval de la mayoría de los Congresos locales, concluirá con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es de reconocer el esfuerzo que, desde 2018, y antes de esa fecha, algunos grupos de legisladoras y mujeres activistas iniciaron su cruzada en la búsqueda para que nunca más una persona violadora o agresora de mujeres ostentara algún cargo público.
Incluso, para los comicios de 2021, el INE estableció como norma, de buena fe, que los partidos políticos evitaran postular a candidatos con denuncias o sentencias por violencia contra las mujeres, por acoso sexual o que adeudaran pensión alimenticia.
En ese contexto, es de recordar que en agosto de 2020, diputadas de diversos partidos políticos tomaron la iniciativa de impulsar lo que hoy es una realidad en el andamiaje legal y se conoce como Ley 3 de 3 contra la violencia, a fin de que quienes tengan antecedentes, denuncias y/o sentencias, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género en el ámbito familiar no puedan aspirar a ninguna función pública, cargo de elección popular o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
VA MI RESTO.— Lo aprobado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, con el aval de la mayoría de los Congresos locales, sin duda, representa un paso más en el desarrollo y derechos de las mujeres.
“Un paso en contra de la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas, además de que garantiza el disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales; no es una lucha contra los hombres, sino contra los agresores que tienen una sentencia firme. No permitiremos que ninguna persona agresora pueda acceder a los cargos de elección popular o del cargo público hoy, mañana y nunca”, argumentó al respecto la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena),
Lo anterior se traduce en que a partir de su publicación en el DOF, específicamente a partir de la elección de 2024, ningún violentador o deudor por pensión alimenticia aparecerá en las boletas electorales ni podrá ocupar un cargo público.
Es cierto, hay quien opina que dicha ley poco ayudará a reducir los índices de violencia contra las mujeres, puede ser que así sea, pero una cosa es segura, a partir de la misma ningún agresor de mujeres podrá acceder al servicio público y eso ya es ganancia en esta incesante lucha por la defensa de los derechos femeninos, y hasta ahí porque como veo doy.
