Para disgusto de AMLO, jueces federales ordenan proteger al INAI
Miguel Ángel Rivera viernes 12, May 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Casi todos los días, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene motivos para acrecentar su disgusto contra el Poder Judicial Federal, pero también, cotidianamente, los jueces, magistrados y ministros tienen motivo para invalidar acciones u omisiones del Ejecutivo federal que no están apegadas a la ley. Una tras otra, las imposiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador son revertidas por el Poder Judicial Federal, sin importar que, cotidianamente, el mandatario los llene de insultos y los acuse de estar contra los intereses del pueblo para servir a los privilegiados.
Tampoco pesa la advertencia de que el año impulsará una reforma constitucional para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos mediante voto popular. Falta conocer detalles, pero es de suponerse que también los jueces y magistrados pasen por el filtro de las urnas.
El más reciente revés para el jefe del Ejecutivo que ha expresado su desprecio por las normas —“no me vengan conque la ley es la ley”— y por las instituciones, como lo demuestran su orden de dejar paralizado al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) al cancelar la elección de un quinto comisionado, necesaria para que pueda operar esa organismo constitucional autónomo.
Contra las instrucciones de López Obrador a sus incondicionales que son mayoría en el Senado y se negaron a elegir al comisionado faltante, un tribunal federal concedió una suspensión definitiva (amparo) que obliga al Senado a nombrar al comisionado que debe llenar el sitio que dejó vacante Francisco Acuña, luego de que su responsabilidad en el cargo concluyó el pasado mes de marzo de este año. La sentencia provino del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en respuesta a un amparo promovido por el Consejo Consultivo del INAI.
El pasado día 2 la titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Celia Quintero Rico, ordenó al Senado nombrar a los tres comisionados pendientes, en respuesta a una demanda de amparo interpuesta por Francisco Ciscomani Freaner, integrante del Consejo Consultivo del INAI.
En esa oportunidad, la juez otorgó 48 horas a la Junta de Coordinación Política del Senado para que demuestre que cumplió con otra suspensión definitiva que otorgó en marzo pasado, para elegir entonces a dos comisionados del INAI.
“En esta virtud, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar para el único efecto de que la autoridad responsable, (la) Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, cese la omisión reclamada y con base en el Dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia, por el que se propone a la Junta de Coordinación Política el Listado de las y los candidatos que, con base en los principios de especialización e idoneidad, reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, acuerde el nombramiento que debe someter al pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación, con la finalidad de ocupar el cargo que deja disponible el comisionado (Francisco Javier Acuña Llamas)”, estableció.
La Jucopo se declara en contra a pesar
de que ya tenía listo el nombramiento
El Senado, por intermedio de su equipo jurídico se inconformó con ese amparo, sobre la base de la juez no debió conceder la suspensión provisional porque la medida cautelar no puede tener efectos restitutorios, sino de conservar la materia del juicio de amparo.
Por el contrario, el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa confirmó la suspensión provisional, a pesar de las protestas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.
Por unanimidad de votos, los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declararon infundado el recurso de queja de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado contra la determinación de la jueza Quintero Rico.
El magistrado Fernando Silva García sostuvo que “ningún poder constituido, en este caso el Senado, tiene facultades para desactivar o inhabilitar, directa o indirectamente, deliberada o accidentalmente, el funcionamiento de un órgano constitucional autónomo de garantía de los derechos humanos a la transparencia y a los datos personales, nacido desde la propia Constitución, como el Inai”.
Añadió que el “congelamiento o paralización de la función constitucional del INAI por parte del Senado, generaría que se incumplieran los deberes que tiene de respetar, promover y garantizar los derechos humanos a los datos personales, a la transparencia, a la información pública, a un ambiente libre de corrupción y a la rendición de cuentas”.
Estos alegatos jurídicos en realidad son superfluos, pues en la llamada “noche negra” de fines de abril, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, anunció que ya se había llegado a un acuerdo con la oposición para aprobar por lo menos a uno de los comisionados faltantes del INAI.
Sin embargo, contra lo dicho por el coordinador de los senadores de Morena, sus compañeros votaron en contra del candidato propuesto y con eso el INAI quedó incompleto. De esta manera cumplieron con las instrucciones del presidente López Obrador, quien ha repetido que ese Instituto es inútil y que es mejor que deje de funcionar.
Por ejemplo, en su mañanera del 18 de abril, el jefe del Ejecutivo afirmó que el INAI es “un cero a la izquierda” y no ha servido para nada, pues ha servido para simular, legitimar robos y ocultar información.
Por lo mismo propuso sustituir las funciones que realiza el Instituto por alguna otra institución pública y de esa forma destinar el presupuesto del organismo para apoyos sociales.
“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función (las tareas que realiza el INAI) la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción… Esos 1,000 millones al año se utilicen para apoyar a personas que lo necesitan”, indicó López Obrador.
Los senadores quedaron bien con su líder y guía, pero dejaron desamparado a su coordinador formal, el mencionado Ricardo Monreal, pues recibió críticas en el sentido de que cometió un engaño.
La ira de los legisladores de oposición se tradujo en la “toma” de la tribuna del Senado, lo cual obligó a los senadores oficialistas a buscar refugio en su antigua sede del Palacio de Xicoténcatl, en donde aprobaron a toda velocidad y con dispensa de todos los trámites un total de 20 iniciativas con otros tantos cambios y adecuaciones por las cuales desaparecen instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Financiera Rural.
Debido a todas esas licencias que se concedieron los senadores de Morena y sus rémoras, ahora las reformas están impugnadas y, de conformidad con las más recientes sentencias de la Suprema Corte, los legisladores estarán obligados a reponer los procedimientos, mientras que sus reformas aprobadas “al vapor” quedan sin efecto.
Delitos del crimen organizado “no se olvidan”,
propone coordinador de diputados del PRI
El coordinador de los diputados federales del PRI, el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira, continúa con su “cruzada” para eliminar o contener la influencia de la delincuencia organizada en cuestiones electorales y como parte de la misma impulsa una reforma para que sus acciones ilegales sean imprescriptibles, es decir, que deben ser castigados sin que importe el tiempo transcurrido desde que cometieron.
La delincuencia organizada está ganando espacios en la arena pública y se está apoderando de uno de los instrumentos básicos de legitimidad, la democracia, señaló Moreira al dar a conocer las razones para impulsar esa reforma.
Por ello, a fin de coadyuvar en la defensa de la democracia, presentó una iniciativa que adiciona un segundo párrafo, al artículo 113, del Código Penal Federal, para establecer que los delitos relacionados con la intervención de crimen organizado en el proceso electoral, así como el homicidio de una persona candidata por parte de organizaciones delictivas sean imprescriptibles.
