La “cascada” de reformas aprobada de madrugada desembocará en la SCJN
Miguel Ángel Rivera martes 2, May 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Con sus prisas para cumplir los deseos de su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores parecen empeñados, también, en hacer trabajar horas extras a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto porque se esperan numerosas demandas de los legisladores de oposición, de órganos autónomos afectados y de organismos de la sociedad civil en contra de la llamada “cascada” —los menos respetuosos la califican de “diarrea”— de reformas que aprobaron diputados y senadores de Morena y sus satélites del PVEM, PT y el moribundo PES, en los últimos días de abril, que comprenden la desaparición de instituciones tan importantes como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Financiera Rural, además de ampliar las funciones de la Secretaría de la Defensa en áreas que antes eran exclusivas de civiles.
En las reformas aprobadas al vapor por los diputados y senadores del oficialismo, los especialistas encuentran numerosos aspectos que podrían ser considerados inconstitucionales y, por lo tanto, terminarán por ser revisados en el pleno de la Suprema Corte, pues es previsible que el gobierno federal combatirá cualquier decisión en contra.
Pero en este caso, precisamente por las prisas con que trabajaron los legisladores del oficialismo, las demandas podrían incluir también a los procedimientos, pues la oposición considera que no se cumplieron los pasos que obligan la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y los reglamentos de las dos cámaras del Poder Legislativo.
Al respecto, mucho se ha comentado que no se cumplieron requisitos como la revisión de las iniciativas en comisiones y se dispensaron todos los trámites en las sesiones donde las reformas fueron presentadas para su aprobación. Tanto que, según algunos de los críticos, no hubo tiempo ni siquiera para que los legisladores leyeran lo que se les presentó.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Todo lo anterior deberá ser examinado por los jueces federales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues hasta podría darse el caso de que la sesión del Senado, donde se aprobó, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, un total de 20 reformas.
Como se sabe, los senadores de oposición bloquearon la tribuna de la sede se su Cámara, en el Paseo de la Reforma casi esquina con Insurgentes, cuando se sintieron burlados por el oficialismo al rechazarse la propuesta para elegir un comisionado del INAI, con lo cual ese órgano constitucional podría volver a trabajar con normalidad. Pero, lejos de concretarse esa medida salvadora, en el paquete de reformas se incluyó la ley que desaparece al órgano encargado de cuidar que se cumpla la transparencia en el gasto gubernamental.
Como consecuencia del bloqueo, los senadores “morenos” y sus rémoras buscaron una sede alterna, que fue su antigua sede, en la plaza de Xicoténcatl, en el primer cuadro de la Ciudad de México, donde improvisaron otro salón de sesiones. Cambiar de sede de última hora no es novedad, lo hicieron en anteriores ocasiones los legisladores del PRI, de los que reniegan los de la llamada Cuarta Transformación, pero los imitan y hasta los superan.
Debido a la inmediatez del fin del periodo ordinario de sesiones, se previó que otro obstáculo para el oficialismo sería reunir el quorum para sesionar legalmente. Necesitaban un mínimo de 65 senadores, la mitad más uno de sus integrantes.
De acuerdo con las crónicas acerca de esa sesión de medianoche, fue necesario de que una de las senadoras de Morena en funciones, Claudia Balderas, tuvo que solicitar licencia para que fuera convocada su suplente, Tanya Carola Viveros Cházaro, que fue la que participó en la sesión. Balderas estaba comisionada para participar en la Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, que se realiza en Bruselas, Bélgica.
La senadora “morena” no podía regresar a México a tiempo para asistir a la sesión en la sede alterna, pero de alguna manera hizo llegar su solicitud de licencia, que fue tramitada con toda celeridad para que la suplente ocupara su escaño.
Con los modernos sistemas de comunicación no sorprende la celeridad con que llegó la solicitud a la directiva del Senado presidida por Alejandro Armenta Mier, el problema podría derivar de la interpretación de lo que dice el Reglamento del Senado acerca del procedimiento para solicitar licencia y llamar al suplente.
El Reglamento del Senado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2010, cuya versión más reciente apareció el 23 de mayo de 2014, establece en su artículo 12 que “para obtener licencia, los senadores presentan ante el Presidente solicitud por escrito, con firma autógrafa y con señalamiento de la causa. Dicha solicitud es resuelta por el Pleno en la sesión inmediata”.
Si este precepto se aplica literalmente, la licencia a la senadora Balderas no sería válida, pues, aunque hubiese enviado su solicitud vía Internet, no se puede considerar que se trate de un documento por escrito y con firma autógrafa. Pero todavía más, el mismo artículo establece que la solicitud será resuelta en la sesión inmediata, no en la misma.
Otro aparente impedimento: El artículo 13 del mismo Reglamento, en su párrafo 2, ordena: “Conforme a las solicitudes presentadas, el Pleno decide el otorgamiento de las licencias tomando en consideración la debida integración del Senado”.
Ahora bien, se plantea el viejo dilema de qué es primero, el huevo o la gallina, pues el Reglamento establece que el autorizar la licencia es facultad del pleno, pero el pleno puede tomar decisiones luego de que se declare legal la sesión y eso no puede ocurrir mientras no se confirme que existe quorum. Un suplente no puede pasar lista de presente mientras no haya rendido protesta, pues no está en funciones. Esto queda claro en el siguiente artículo, el 14: “Aprobada la licencia, el presidente de la Mesa llama al suplente para que asuma el ejercicio del cargo de senador. Una vez que rinde la protesta constitucional, entra en funciones hasta en tanto el propietario se encuentre en posibilidad de reasumir el cargo.
Esto y otros muchos aspectos se tendrán que revisar por los jueces federales en cuanto se presenten las demandas contra las apresuradas reformas.
Los jubilados de Banrural quedan desamparados
El régimen de la llamada Cuarta Transformación sostiene que su principal preocupación son los pobres. Por ello, reproduzco partes medulares de una carta abierta dirigida al presidente López Obrador, a los secretarios de Gobernación y de Hacienda, así como a senadores y diputados:
“El 12 de abril del presente, el Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones, publicó en la Gaceta Legislativa una iniciativa de decreto para extinguir el Organismo Público conocido como “Financiera Rural” y abrogar su Ley Orgánica.
“Mucho se ha discutido en los medios sobre sus intenciones y aplicaciones, pero lamentablemente nadie se ha percatado de que este acto pone en inminente riesgo los Derechos Laborales y Humanos de 5,600 jubilados y pensionados del Sistema Banrural y sus familias que en conjunto significan un universo de 9,100 personas de la tercera edad, con todos los perniciosos efectos que en esto significa.
“De un plumazo, la Iniciativa desaparece los Artículos Octavo y Decimoquinto Transitorios de la citada Ley, los cuales protegen y dan marco legal a los derechos de aquellos adultos mayores que dedicaron su vida al Servicio Público.
“Para efecto de no propiciar un estado de incertidumbre jurídica, se somete a su consideración, la importancia de que, en el Apartado de Proyecto referido a los derechos laborales de los trabajadores de la Financiera Rural, se incluyan los Artículos Octavo y Decimoquinto Transitorios que salvaguardan los derechos laborales de los Jubilados y Pensionados del Sistema Banrural.
“Hacemos un atento llamado al Presidente de la República y a los Coordinadores Parlamentarios de ambas Cámaras, para que no se apruebe dicho proyecto en los términos actuales, hasta no contar con la opinión de expertos en Derecho Laboral y haber otorgado el Derecho de Audiencia a los Jubilados y Pensionados.
ATENTAMENTE
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS
JUBILADOS DE LA BANCA RURAL, A.C.
