Una Corte blandengue
Freddy Sánchez jueves 2, Mar 2023Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Héroes o villanos. Indefectiblemente, esa será la calidad que se atribuya a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de sus resoluciones sobre las controversias constitucionales en materia electoral.
Lo típico en estos casos, puesto que quienes reciban lo que esperan dirán que se hizo justicia y que los encargados de hacerla actuaron con apego a derecho sin dejarse influenciar por intereses ajenos y cumpliendo cabalmente con sus obligaciones de actuar con autonomía, independencia e imparcialidad. Todo lo contrario de lo que se espera que digan los que no vean atendidos sus reclamos de que la Corte les dé la razón y a sus adversarios un “palo”.
Lo mismo que ocurre invariablemente ante las resoluciones de la SCJN. Aunque, en esta ocasión con una notable diferencia, ya que detrás de los que promueven las acciones legales para ratificar o rechazar las reformas electorales aprobadas por Morena y sus aliados en las cámaras legislativas hay millones de personas que esperan que los ministros se pronuncien a favor de sus respectivas causas.
Por una parte, la que defiende el presidente Andrés Manuel con las reformas que le fueron aprobadas y, por la otra, la de quienes por considerar que se trató de violaciones constitucionales para afectar el buen funcionamiento del INE, dar por hecho que la Suprema Corte de Justicia resolverá la inconstitucionalidad de leyes secundarias que han sido sujetas a controversias.
Sobre el particular, cabe señalar que dos primeras leyes sujetas a impugnación, muy probablemente serán las primeras de las que se conozca la resolución de la Corte acerca de si hubo o no por parte de los legisladores que las aprobaron una violación constitucional que deba ser enmendada.
En ese sentido, hay que recordar que la mecánica que sigue la SCJN para resolver sobre cualquier controversia consiste en que uno de los ministros de los once que componen este órgano supremo de justicia se haga cargo de elaborar un estudio sobre la constitucionalidad del acto reclamado y formule una propuesta de resolución para que sea discutida y aprobada o rechazada por sus homólogos.
En ese contexto, es menester señalar que para que una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se consolide es preciso que ocho de los once integrantes del pleno apoyen lo que postula el ministro proponente.
O sea que para echar atrás las reformas aprobadas por Morena y sus aliados, si esa fuera la resolución propuesta por el ministro encargado del estudio correspondiente, sólo cuatro votos en contra impedirían una resolución en ese sentido y las adecuaciones legales que el Presidente se ha propuesto imponer para el futuro manejo del INE quedarían firmes. Así entonces, los que hoy esperan que se anulen todas y cada una de las reformas, serían los perdedores en las controversias constitucionales.
Y lo mismo podría suceder de no prosperar la mayoría de las acciones interpuestas contra las reformas aprobadas, puesto que el Instituto Nacional Electoral, según sus defensores, estaría quedado a merced de lo que se ha dado en considerar como un “desmantelamiento” de sus estructuras operativas para después señalarlo de ineficaz si los resultados electorales no fueran satisfactorios para el partido en el poder.
En otro escenario, una situación distinta ocurrirá si, en la Suprema Corte de Justicia, ocho de los once ministros respaldan las resoluciones que declaren inconstitucionales los cambios legales en materia electoral aprobados por las cámaras de diputados y senadores.
En este último caso, millones de ciudadanos que defienden al INE habrían resultado favorecidos por las resoluciones de la SCJN. La que, naturalmente podría dividir sus fallos al anular algunas de las modificaciones legales y dejar vigentes otras de las que Andrés Manuel incluyó en el llamado “plan B”, después de que su “plan A” con reformas constitucionales no tuvo la aprobación de sus opositores en el Congreso.
De modo, pues, que hay que esperar que tan contundente será la Corte contra las reformas aprobadas o si actuará como una Corte blandengue.
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