Contra recomendaciones de la ONU, la Suprema Corte avala la militarización
Miguel Ángel Rivera jueves 1, Dic 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El pasado 11 de agosto, la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador mantener la “naturaleza civil” de la Guardia Nacional, pero con el respaldo de la Suprema Corte, ese organismo continuará militarizado.
La ONU-DH, encabezada entonces por la ex presidenta socialista de Chile Michelle Bachelet —a la cual el gobierno mexicano, que también se dice de izquierda la ha dedicado homenajes, pero a cuyas recomendaciones no ha atendido— ya había pedido con anterioridad el fortalecimiento de las instituciones civiles en México y que sólo de forma excepcional se recurriera a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
En su mensaje de agosto, la Oficina de la portavoz de la ONU-DH pidió que “la naturaleza de la Guardia Nacional y de la seguridad pública, consagrada constitucionalmente, sea mantenida” y reiteró su disposición de proporcionar asistencia técnica al gobierno del presidente López Obrador para fortalecer las instituciones civiles, así como la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad de autoridades civiles y militares.
El referido mensaje se conoció en el marco del anuncio del jefe del Ejecutivo mexicano de que preparaba un decreto y una iniciativa de ley al Congreso para trasladar toda la estructura de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual luego se materializó cuando el PRI y otras partes de la oposición y cedieron al aprobar esa militarización de la Guardia Nacional. En esa ocasión, la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU-DH, Ravina Shamdasani, recordó que diferentes mecanismos de derechos humanos han insistido en el fortalecimiento de las instituciones civiles en México.
“El uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es excepcional, un último recurso de carácter temporal y fiscalizado por órganos civiles independientes”, dijo.
Este antecedente viene al caso, porque nuevamente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró que es una asignación “indebida” que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad.
Este nuevo llamado se produjo luego de que el pasado martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el decreto presidencial de mayo de 2020, que permite que continúe la participación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública.
La referida dependencia de la ONU recordó que, en octubre de 2020, expertos en la materia advirtieron acerca de la posibilidad de que el acuerdo presidencial de mayo de 2020 tenga el efecto de exacerbar “el ya alto nivel de violencia que existe en diferentes partes del país”.
En esa ocasión, los especialistas manifestaron su “alarma” porque el Ejército realice tareas “que no le son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
Pero, lejos de atender esas advertencias internacionales, las fuerzas armadas podrán seguir en labores de seguridad pública, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el decreto presidencial de mayo de 2020, que permite el despliegue del Ejército y la Marina “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional”.
La propuesta favorable a mantener vigente el acuerdo del presidente López Obrador lo formuló la ministra Margarita Ríos Farjat, quien llegó al cargo a propuesta del actual primer mandatario. En su ponencia pidió a los ministros no politizar el tema, ya que el nivel de criminalidad que vive el país es agobiante y eso es lo que tomó en cuenta el Constituyente Permanente para permitir que las fuerzas armadas puedan intervenir en apoyo de las corporaciones policiacas civiles.
Subrayó que el acuerdo presidencial tiene su base legal en el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, cuyo texto transcribe casi en su integridad el acuerdo presidencial impugnado, por lo cual no hay razón para que el Poder Legislativo impugne lo que ya había avalado.
“Además, este instrumento normativo permite que las tareas desplegadas por los elementos castrenses en labores de seguridad pública se desarrollen en un estado de legalidad y no de hecho, lo cual constituye un avance en la intervención ordenada y efectiva de las fuerzas armadas dentro de este ámbito, de acuerdo con lo previsto en la disposición constitucional transitoria a la que me he referido”, añadió la ministra ponente, cuyo proyecto fue aprobado con ocho votos totalmente a favor, uno parcial —del ministro Alberto Pérez Dayán— y dos totalmente en contra.
Uno de los votos en contra del proyecto fue del ministro Luis María Aguilar Morales, quien señaló que el decreto presidencial impugnado no justifica las razones del despliegue militar. “No se expone razón que de manera motivada explique el porqué es necesaria la participación de la fuerza armada permanente en funciones de seguridad pública (…) durante muchos años han sido las propias fuerzas armadas las que han solicitado que se expidan reglas claras para su actuar en dichas tareas, por lo que reviste de fundamental importancia la exigencia de que toda orden, disposición o norma en ese sentido sea explícita, precisa y clara para poder cumplirse”.
Como fin del debate, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, advirtió que “el hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil, como la Guardia Nacional, concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la seguridad pública; tanto la Constitución con posterioridad de la reforma de 2019 y el acuerdo son muy claros: la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad ciudadana, además de ser temporal, debe ser extraordinaria, suplementaria y subordinada”.
Grupo Elektra pierde amparo, deberá pagar 4 mil millones de pesos
Por unanimidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desechó el amparo solicitado por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y confirmó que la empresa, debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un crédito fiscal por 4 mil 916 millones 792 mil pesos por omisiones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2011.
De conformidad con una decisión del Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, la Sala Superior de tribunal aprobó el proyecto de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien reiteró el fallo que el TFJA emitió en enero de 2021, y ofreció más argumentos para validar el crédito fiscal del SAT.
La magistrada recordó que el 12 de mayo de 2016 la administración de fiscalización a grupos de sociedades determinó un crédito fiscal a cargo de la empresa por más de 4 mil 916 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas.
El fallo dado a conocer este miércoles no es el único que afrontan las empresas de Grupo Salinas ante tribunales en el país; frente a resoluciones adversas, en innumerables ocasiones ha anunciado la intención de recurrir a tribunales internacionales.
El pasado 10 de agosto, en su cuenta de Twitter, Salinas Pliego retomó la información y la acompañó con el siguiente texto: “Vamos bien, empezaron con que eran 44 mil mdp… a ver qué tanto más están equivocados y ya al final vemos cómo le hacemos”.
Grupo Salinas emitió un comunicado en el cual dijo que los cargos se basaron en una estimación ilegal e injusta. “Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos en instancias nacionales e internacionales, de lo que consideramos cobros erróneos y excesivos”.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho llamados al fundador de Grupo Salinas a que pague los impuestos que tiene pendientes con el SAT.
“Yo entiendo que todos los empresarios, incluido Ricardo Salinas Pliego, están de acuerdo en que se debe pagar lo justo, lo que él alega es que estaban cobrando o le están cobrando más de lo debido, se está aclarando y no va a haber ningún problema”, dijo el mandatario en una de sus conferencias mañaneras.
