En unas horas, Américo Villarreal retornó y volvió a abandonar al Senado
Miguel Ángel Rivera miércoles 28, Sep 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Artículo 79 de la Constitución del Estado de Tamaulipas:
“No pueden obtener el cargo de Gobernador del Estado por elección:
I.- Los Ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria;
II.- Los que tengan mando de fuerza en el Estado si lo han conservado dentro de los 120 días anteriores al día de la elección;
III.- Los Militares que no se hayan separado del servicio activo por lo menos 120 días antes de la elección;
IV.- Los que desempeñen algún cargo o comisión de otros Estados o de la Federación, a menos que se separen de ellos 120 días antes de la elección, sean o no de elección popular;
V.- Los Magistrados del Poder Judicial, consejeros de la Judicatura, Diputados locales, Fiscal General de Justicia y Secretario General de Gobierno, o quien haga sus veces, si no se encuentran separados de sus cargos, cuando menos 120 días antes de la elección”.
Este fue el meollo de la larga discusión que se suscitó en el Senado con motivo de la licencia-no licencia al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.
Los antecedentes inmediatos son las denuncias de que han sido objeto, tanto el gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), como el gobernador electo, Américo Villarreal Anaya (Morena), que básicamente consisten en estar ligados a organizaciones de la delincuencia organizada.
García Cabeza de Vaca fue desaforado por la Cámara de Diputados federal, pero no procedió porque los diputados locales de Tamaulipas —en su mayoría simpatizantes del mandatario— decidieron que esa sentencia no tenía validez en su estado.
En respuesta, la administración estatal que dirige García Cabeza de Vaca y la dirigencia de su partido, el PAN, han buscado de diversas maneras para consignar penalmente a quien ganó con amplio margen las elecciones de gobernador.
Como parte de esa campaña, ayer mismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tenía que dictaminar una protesta del PAN por los presuntos vínculos de Villarreal Anaya con organizaciones delincuenciales. En especial se denuncia una supuesta relación de la dirigencia de Morena en Tamaulipas con el Cártel del Golfo y de la columna armada Pedro José Méndez y su líder, Octavio Leal Moncada, así como financiamiento ilícito por parte del empresario Sergio Carmona y grupos de la delincuencia organizada a la campaña de Américo Villarreal.
Por los horarios de la tarea periodística, no es posible esperar a la sentencia del Tribunal Electoral.
Lo que sí es un hecho es que, ante la andanada de denuncias en su contra, Villarreal Anaya atendió recomendaciones de sus colaboradores y allegados de retornar a su escaño del Senado para gozar de fuero, en espera de la fecha en que pueda asumir el gobierno tamaulipeco. Faltan muy pocos días, el cambio de mando está programado para el ya inminente 1 de octubre.
Américo Villarreal haría bien en contratar mejores asesores jurídicos
En apariencia el recurso de acogerse nuevamente al fuero que protege a los senadores, parecía un recurso, si no muy elegante, sí efectivo, para salvaguardar al gobernador tamaulipeco electo de una eventual acción penal por parte de la administración saliente de su estado.
El problema es que sus asesores y consejeros no tuvieron en cuenta el artículo 79 de la Constitución de Tamaulipas, del que damos cuenta al inicio de esta columna, el cual estipula que no puede asumir el cargo de gobernador un funcionario federal que no se hubiese separado de su cargo 120 días antes de las elecciones. Es obvio que los senadores están dentro de ese apartado.
No obstante, para sorpresa general, Villarreal Anaya pidió retornar al Senado, pero la maniobra pronto fue denunciada y, en la sesión de ayer de la llamada Cámara Alta, la oposición encabezada por el PAN denunció la violación a la Carta Magna tamaulipeca.
Los asesores jurídicos de Villarreal apreciaron el riesgo y buscaron la manera de enmendar, lo cual consistió básicamente en tratar de invalidar la solicitud del gobernador electo y senador, como si no existiera.
El problema es que los sistemas de registro y control en el Senado dejaron constancia de que Villarreal había reasumido su escaño.
Esto fue lo que ocasionó la prolongada polémica en la sesión de ayer, como consecuencia de la cual se retrasó la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, citado para explicar la política económica del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El que desató la discusión fue el ex panista y luego senador por Morena y ahora parte del llamado Grupo Independiente, Germán Martínez Cázares, quien pidió que se le aclarara si Villarreal Guerra estaba o no en funciones de senador.
Allí vino una serie de supuestas aclaraciones y precisiones para tratar de aclarar los movimientos administrativos para dar de alta al político tamaulipeco y luego para darlo de baja. Esto por supuesto no satisfizo a nadie en la oposición.
“Es obvio que no conocen la ley”, afirmó la senadora panista Kenia López Rabadán, quien agregó:
“Es obvio que no saben gobernar este país.
“Hoy, claramente quieren procesar un trámite que no existe, no es posible dejar sin efectos porque simple y sencillamente ya causó estado. Es difícil, yo sé, es difícil entender la ley, ustedes intentan hacer leyes, pero sé que es muy difícil si en algún momento las leen seguramente debe ser muy complicado entenderlas.
“Concluyo diciéndoles:
“Son una vergüenza jurídica, pero sobre todo son una vergüenza para el pueblo que lastimosamente confió en ustedes… Qué lástima que son tan incompetentes, pero valdría la pena que contrataran a un buen asesor. Digo, no todo se lo gasten en tenis, en joyas, en casas grises, en albercas, me parece que valdría la pena, por el bien de México, que por fin aprendan a leer la ley”.
El abogado defensor invocado por la legisladora panista resultó ser el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, quien sacó a relucir sus conocimientos como doctor en Derecho.
Monreal no tenía planeado participar, pero ante la avalancha que no atinaban a contener sus correligionarios “morenos”, tomó el lugar de la senadora Verónica Camino.
El profesor universitario inició su alegato al señalar que había una confusión en torno al plazo de 120 días fijado por el referido artículo 79 constitucional de Tamaulipas y dijo que ese plazo se debía considerar respecto de las elecciones, lo cual cumplió Villarreal Anaya y por ello pudo ser postulado candidato a gobernador y luego declarado triunfador en el proceso.
“En consecuencia —alegó el jurista— dicha restricción se agotó y se tuvo por cumplida al haberse efectuado la elección constitucional al cargo de gobernador de dicho estado.
“Es decir, al no estar vinculada a la protesta del cargo que el pueblo le concedió al presunto o gobernador electo, no impide, en el plazo de la elección y antes de la toma de protesta, que pueda reincorporarse, incluso temporalmente, como Senador de la República. No inhibe la posibilidad constitucional que se proteste el cargo de gobernador del estado, aun cuando estuviere en este momento reincorporado, porque el impedimento son 120 días para celebrarse la elección”.
Todavía la senadora López Rabadán alegó con base en tesis de la Suprema Corte, a lo cual Monreal reviró con otras sentencias del mismo tribunal constitucional y, por si eso no fuera suficiente, impuso la fuerza de su cargo; luego de rebatir los argumentos de la legisladora panista, volteó hacia el presidente de la Cámara, el también “moreno” Alejandro Armenta Mier, a quien, sencillamente, solicitó:
“Presidente, le pediría, si no tiene inconveniente, que sometiera a la conclusión, sometiera a la votación…”.
La solicitud quedó incompleta porque todavía hubo manifestaciones de inconformidad, pero finalmente todo se solucionó al someter a votación una nueva solicitud de Villarreal Anaya para dejar el cargo de senador.
“Esta comunicación deja sin efecto la solicitud que estamos discutiendo, y por ello, podemos dar por concluido su trámite”, dijo Armenta al negarse a continuar el debate.
En la votación, para no variar, se impuso la mayoría de Morena y satélites.
