“A mí no me vengan con que la consulta no es consulta”: senadores
Miguel Ángel Rivera miércoles 28, Sep 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Al comparecer el secretario de Gobernación y “corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, resultó imposible olvidar que el actual gobierno federal ha hecho uno de sus principales lemas la expresión “a mí no me vengan conque la ley es la ley”.
Apenas unas horas antes de presentarse ante los senadores, en la mañanera del presidente López Obrador, el titular de Gobernación reiteró que se va a realizar la consulta popular para preguntarle al “pueblo sabio” si está de acuerdo con extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública.
Desde que el primer mandatario planteó la posibilidad de esa consulta, los especialistas en Derecho Constitucional señalaron que se trata de una violación a los principios de la Carta Magna que los funcionarios del Ejecutivo se han comprometido a respetar y hacer respetar. En efecto, el artículo 35 constitucional establece que no podrán ser objeto de consulta popular la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.
Pero como ya es costumbre en el actual sexenio —por eso la referencia a la declaración “no me vengan con que la ley es la ley”— el régimen de la llamada Cuarta Transformación buscó la manera de saltarse los mandatos de la Constitución.
En este caso, el secretario de Gobernación presentó el recurso para saltarse la Carta Magna. En la referida conferencia mañanera presidencial, el “hermano” (así lo define) del primer mandatario anunció que la consulta se realizará, pero con otro nombre, lo cual se considera suficiente para eludir el compromiso de cumplir con los mandatos constitucionales.
Para no violar la Constitución, basta con cambiar el nombre de la consulta
El ahora también precandidato presidencial de Morena, informó que el 22 de enero se hará un ejercicio de participación social y “no propiamente una consulta”, ya que no es vinculatoria.
Con esto, agregó, los mexicanos opinarán sobre extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública a través de tres preguntas y para recoger esas opiniones se instalarán puntos receptores. La que se puede denominar “no consulta” estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y un comité ciudadano y los resultados podrían ser dados a conocer el 24 de ese mismo mes.
El recurso para darle la vuelta o para saltarse la Constitución no fue aceptado, como se comprobó en la comparecencia del titular de Gobernación antes los senadores.
“¿Por qué se insiste en cometer fraudes a la Constitución? El tema de la militarización y el tema de la consulta son sólo dos ejemplos”, señaló el senador independiente y luchador en defensa de los derechos humanos Emilio Álvarez Icaza, quien le reprochó, además, que hace un año, recién nombrado para ese cargo, ofreció ser un conciliador y propiciar el diálogo, pero “hoy es usted uno de los actores de la polarización del país”, que ha generado desencuentros hasta en la propia bancada de su partido.
“Es una certeza, claro que me consta. Y también debo decir que es una enorme decepción que el ejercicio de sus atribuciones no sea para construir acuerdos en temas tan críticos como la seguridad, es absolutamente sorprendente ver a una izquierda militarista.
“Es una derrota ética y política que este gobierno promueva la militarización y que, en lugar de construir acuerdos, se usen las atribuciones para chantajear, para amenazar. Y eso me parece una derrota ética inaceptable de la izquierda que ustedes dicen aceptar”, remató el legislador independiente.
Por su parte el ex jefe de Gobierno de la ahora Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de inicio recordó que su grupo parlamentario, del PRD, participó de manera directa en la construcción del texto constitucional de los transitorios y, por supuesto, del andamiaje jurídico que sirvió para establecer una Policía Nacional con mando civil, una policía nueva y, asimismo, en la redacción de los instrumentos que reconocieron la participación de las fuerzas armadas dentro de un marco jurídico y normativo que diera seguridad a su actuación.
“Por eso —continuó Mancera— hoy quiero decir que no es cierto que en el PRD estemos en contra de las fuerzas armadas o que veamos mal que participen en cualquier tarea, incluso en las tareas de seguridad pública, no cuando está dentro del marco de la ley, no cuando es indispensable su participación, no cuando se realicen los términos que lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Hoy nuestra principal preocupación e interés es construir a través del debate, de la confrontación de ideas una normativa que asegure que cuando se requiere esa participación, que debe ser extraordinaria, se haga con la certidumbre jurídica necesaria”, señaló Mancera, quien sentenció: “no podemos exigirles a las fuerzas armadas que brinden seguridad si no tienen seguridad jurídica también en el actuar.
El ex mandatario capitalino precisó que, por lo anteriormente expuesto, su bancada ni respalda la iniciativa para ampliar el periodo por el cual la Secretaría de la Defensa tiene el control total de la Guardia Nacional, pues consideran que se trata de una propuesta “liviana, sin contenido, confusa, imprecisa y, además, con contradicciones hasta constitucionales dando facultades a una comisión, que son exclusivas del Senado de la República sólo para hacer una operación aritmética, para ampliar de facto el plazo de utilización de las fuerzas armadas”.
Mancera propuso fortalecer a las policías estatales y municipales, pues el número ideal de elementos en los parámetros internacionales es de 1.8 por cada mil habitantes, mientras que en las 32 entidades del país se contabilizan 123 mil policías preventivas, lo cual da 0.96 por cada mil habitantes.
Enseguida, Clemente Castañeda, de MC, se enfocó en lo que su partido considera el principal problema nacional: La inseguridad.
En ese apartado, el legislador del partido naranja, rechazó de inicio la disyuntiva planteada desde el gobierno en el sentido de que sólo hay dos visiones sobre el país. Dijo que México es plural, pero que dentro de ese pluralidad se da un rechazo al aumento del tiempo en que las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de seguridad pública.
Por eso, dijo, no es el quinto transitorio (acerca de la Guardia Nacional), sino el séptimo transitorio, que obliga al gobierno, a los gobiernos estatales, al gobierno federal y a los gobiernos municipales al fortalecimiento de sus policías.
“Nosotros estamos plenamente convencidos, y lo sostenemos, no nos da miedo decirlo, aunque nos acusen de todo lo que se le ocurra al gobierno en turno, que la respuesta al problema de la inseguridad no está en la ampliación del tiempo de las Fuerzas Armadas, sino en encontrar los mecanismos de fortalecimiento de las policías”.
A su vez, la senadora Claudia Anaya Mota, del PRI, cuya fracción parlamentaria presentó una iniciativa para ampliar el mando de la Secretaría de la Defensa sobre la Guardia Nacional, misma que fue vista como un recurso para favorecer la posición del gobierno del presidente López Obrador, también marcó distancia respecto de la militarización:
“En estos días, el Presidente ha anunciado una consulta ciudadana en materia de uso de las fuerzas armadas, lo cual es inconstitucional bajo el concepto o figura que se quiera atender. Léase el artículo 35 constitucional.
“Además de ello, es inconstitucional porque estamos en año electoral. Por favor, revísese el artículo 134 y 41 de la Constitución.
“No se puede hacer fraude a la ley desde el gobierno, es su tarea como secretario de Gobernación evitarlo”, sentenció la priista.
A su vez, su compañero de bancada, el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, expuso: “Lo que deben aprovechar en el Senado es esta apertura que Adán Augusto demuestra y que inaugura una nueva forma de trabajar o por lo menos una nueva forma de relación y trabajo con el Estado”.
El legislador priista, quien participa en negociaciones para presentar una iniciativa de aceptación general, dijo apreciar disposición del secretario de Gobernación para analizar las propuestas de modificación que se plantearon a la minuta de la Cámara de Diputados para extender la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.
