Vacío de poder en el tema de desaparición de personas
Luis Muñoz miércoles 10, Ago 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
El reciente fin de semana el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, ante lo que considera grave vacío del Estado para buscar a personas desaparecidas, urgió al gobierno federal para que ponga en marcha de manera inmediata el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), institución que debió estar en funciones desde 2019.
El abogado del colectivo, José Antonio Lara, explicó que ante las más de 100 mil personas registradas en calidad de no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, “la falta de dicho banco interfiere en una localización oportuna”.
Aclaró que desde 2017, los integrantes del Congreso de la Unión adecuaron el marco legal para crear diversas instituciones y mecanismos para afrontar “esta grave crisis de desaparición de personas en el país”.
El abogado Lara dijo que entre estas acciones se encuentra la puesta en operación del BNDF, que debe concentrar la información forense para ayudar a identificar a las personas desaparecidas, incluyendo la genética, de los registros de las entidades federativas y de los federales, así como del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas”.
Calificó esta acción de las autoridades del gobierno federal como “una grave omisión que atropella los derechos humanos de los familiares y de las víctimas directas que hoy continúan en la labor de búsqueda, incluso, de manera artesanal”.
Adelantó que ya se mantiene comunicación con autoridades de la “Organización de la Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos y con la Comisión Interamericana para que coadyuven a la inmediata creación de esta institución que tanta falta le hace al país”.
“Las víctimas y familiares deben tener el respaldo del Estado mexicano para garantizar una búsqueda eficaz e inmediata hasta saber su paradero, “ya que toda persona tiene derecho a ser buscada y su familia a tener el respaldo total de las autoridades”.
El litigante acotó que entre 1964 y hasta el 31 de mayo de 2022, hay registro de 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en el país, de las cuáles el 83.7% ocurrió en los últimos 16 años, de acuerdo a cifras oficiales. Agregó que tan sólo entre 2006 y mayo de 2022, las diez entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son: Jalisco con 13 mil 339; Tamaulipas con 10 mil 594; Estado de México con 6 mil 387; Nuevo León con 5 mil 913;
Sinaloa con 5 mil 112; Sonora con 4 mil 161; Michoacán con 4 mil 100; Veracruz con 3 mil 961; Ciudad de México con 3 mil 501, y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan 71.8% del total de los registros.
Por ello, “el Estado debe comprometerse a garantizar una debida búsqueda, localización e identificación, haciendo uso de las instituciones y mecanismos, y realizar más adecuaciones del Poder Legislativo al marco legal”.
El Diario Oficial de la Federación, con fecha 12 de noviembre de 2018, señala lo siguiente:
En el marco de la XXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada los días 21 y 22 de junio de 2018 en Acapulco, Guerrero, informó que se cuenta con los “Lineamientos tecnológicos del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, aprobados el día 13 de agosto de 2018 a través de medios electrónicos.
No resta más que, como demanda el colectivo, poner en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses.
Piden 15 años de cárcel para talamontes
El vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, Jesús Sesma Suárez, presentará una iniciativa al Congreso capitalino para imponer hasta quince años de prisión a quien tale árboles en suelo de conservación.
El incremento en los delitos ambientales como la tala ilegal en la capital del país, obliga a tomar medidas más severas contra los talamontes, dijo. “Es inconcebible, añadió, que en pleno siglo XXI y no obstante estar sufriendo los efectos del cambio climático, haya personas inconscientes que siguen beneficiándose, ilegal e inmoralmente, de los recursos naturales”.
Sesma sostiene que a los talamontes se les tiene que castigar de una manera más que ejemplar para desincentivar esas prácticas que, por supuesto, también tienen que ver con actos de corrupción. Por eso es urgente que sean castigados, con medidas severas, pero no sólo a ellos, sino a todos los que los ayudan, incluidos los servidores públicos de ser el caso”.
