AMLO intenta otra maniobra para darle la vuelta a la Constitución
Miguel Ángel Rivera martes 9, Ago 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Aunque no estudió Derecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en todo un catedrático de cómo dar vuelta a los mandatos de los jueces y tribunales y no cumplir con lo que dicen las leyes.
Tal vez su cátedra no tendría éxito en la UNAM o en alguna otra prestigiosa universidad o facultad de Derecho, pero sin duda tendría una concurrida asistencia de abogados litigantes conocidos en los tribunales como “chicaneros”.
Para precisar, cabe citar que el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define al abogado chicanero como aquel “abogado o litigante que utiliza hasta la saciedad mecanismos para alargar los juicios y obtener con ello ventajas económicas para sí y a veces para su cliente, promoviendo apelaciones sin fin, excepciones dilatorias, denuncias improcedentes dentro del juicio y solicitud de suspensiones”.
El mismo diccionario jurídico añade que “las chicanas forman parte de la subcultura del litigio y llegan a constituir una real obstrucción de la justicia, por el perjuicio que ocasionan a esta y la frivolidad de las promociones, que las leyes, como la Ley de Amparo, llegan a castigar”.
Todo lo anterior porque el Presidente anunció en su mañanera de ayer que promulgará un acuerdo para ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional.
Esto porque el primer mandatario y sus asesores y colaboradores están conscientes de que no será aprobada en el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para cambiar la ley orgánica de la Guardia Nacional, que nació como una institución civil, pero que el primer mandatario y su régimen de la llamada Cuarta Transformación quieren ahora transferir a la Secretaría de la Defensa, lo cual implica otras modificaciones a la llamada Carta Magna, pues el Ejército no tiene facultades para ejercer labores de policía, aunque ha desempeñada algunas labores especiales de combate a la delincuencia.
El llamado bloque opositor que opera en las cámaras de Diputados y Senadores, integrado por las bancadas del PAN, PRI y PRD, a los que con frecuencia se suma el grupo de MC, ha anticipado que esas reformas constitucionales no podrán ser aprobadas porque el oficialismo integrado por Morena y sus rémoras del PT y PVEM no suma los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales (las dos terceras partes de los legisladores presentes).
En su mañanera de ayer, el presidente López Obrador de hecho admitió esa realidad, por lo que anticipó que, en caso de no ser aprobada su reforma para que la GN sea parte de Sedena no pasa, el traslado se hará realidad por un acuerdo de la presidencia.
Es decir, se prepara una chicana. Como no se puede ganar con base en las leyes vigentes o por venir, se recurre a un desvío para no tener que cumplir con las normas.
Esto no es nuevo en la llamada Cuarta Transformación. Hace unos días, la administración encabezada por López Obrador recurrió a otra chicana para lograr que continúen las obras del Tramo 5 del Tren Maya, una de las obras estelares del régimen que había sido detenida mediante amparos promovidos por ecologistas y otras organizaciones de la sociedad civil por considerar que afecta radicalmente a la ecología y daña numerosos y valiosos vestigios de las culturas precolombinas que tanto presume “defender” el gobierno federal. Para evadir los amparos, el gobierno de López Obrador recurrió al subterfugio de calificar al Tren Maya como una obra necesaria para la seguridad nacional.
En el caso de la Guardia Nacional, creada por el actual régimen a pesar de las protestas de la oposición porque se le considera un avance en la militarización del país, pues para nacer se destruyó una Policía Federal que empezaba a trabajar con relativo éxito y que era conducida por civiles, algunos de los cuales ahora son perseguidos por una “autónoma” Fiscalía General de la República, acusados de enriquecimiento ilícito y/o de encubrir a delincuentes.
Al anunciar el subterfugio de emitir un decreto o acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional quede bajo el control absoluto de la Defensa Nacional, el presidente López Obrador
justificó su intención con el argumento de evitar la corrupción, impedir el manejo político del cuerpo de seguridad y garantizar su permanencia.
Autogolpe de Estado, advierte la oposición
“Ya, por acuerdo de la Presidencia, la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa”, dijo en la mañanera de este 8 de agosto.
El mandatario mexicano hizo este anuncio a pesar de que en 2019, cuando creó la Guardia Nacional, el Gobierno prometió que el cuerpo de seguridad mantendría una naturaleza civil ante las críticas de organizaciones de defensa de derechos humanos.
Después, López Obrador cambió su postura y anunció una reforma constitucional para formalizar que las Fuerzas Armadas controlen la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero ahora prefirió adelantarse con un acuerdo ante la oposición que afronta en el Congreso.
“Vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo, por si no pasa (la reforma) de todas maneras va a quedar así”, advirtió AMLO.
En contra del optimismo presidencial, de inmediato surgieron protestas en la sociedad y, en particular, en las filas de la oposición.
En el Senado, legisladores de oposición calificaron como una amenaza al orden constitucional y un paso hacia un autogolpe de Estado el anuncio del presidente López Obrador de promulgar un acuerdo para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y anunciaron que, una vez más, interpondrán una acción de inconstitucionalidad para revertir esa medida.
La vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, anunció que de inmediato interpondrá una acción de inconstitucionalidad una vez que el presidente López Obrador promulgue este “decretazo”.
“Es necesario que el Presidente de la República entienda que en México tenemos tres poderes y él solamente encabeza uno de los tres poderes”, dijo la también presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Guardia Nacional (GN) es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y ningún decreto del Presidente puede alterar esta disposición, afirmó Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
Moreno precisó que la única forma de lograr la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena “sería a través de la mayoría calificada en el Congreso, la cual no tienen”.
A punto de resolverse, diferendo con Grupo Salinas
En su conferencia de ayer, el presidente López Obrador también comentó que el diferendo fiscal con Grupo Salinas, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego está por definirse.
El mandatario federal indicó que antes que finalice este año, ese caso deberá estar resuelto.
Interrogado acerca de posibles adeudos del dueño de Grupo Salinas, el titular del Ejecutivo explicó que él alega que desde el gobierno de Vicente Fox se le está cobrando el pago doble de impuestos y que lo correspondiente ya lo habría cubierto; indicó que el caso se revisa junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y garantizó que “ya no hay privilegios fiscales, ya no es el tiempo de antes”.
“Esto lo entienden todos, incluso Salinas Pliego, él tiene un alegato y se le está escuchando como a todos, sostiene que le quieren cobrar doble, que es una especie de venganza de gobiernos anteriores, entonces se está revisando porque si hay algo injusto se tiene que reponer el procedimiento, si no, reafirmar lo que está demandando el SAT que se pague, pero está abierta la negociación”, expuso el Presidente.
A través de su cuenta de Twitter, el empresario, respondió a AMLO que pagará “solamente lo justo” de su adeudo con el SAT.
A principios de este año, Grupo Salinas informó que recurriría a instancias internacionales luego de que en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negara a analizar un amparo con el que busca evitar el pago de impuestos.
El amparo directo en revisión 2497/2018 fue interpuesto por Grupo Elektra y está relacionado al pago de un crédito fiscal que el SAT le fijó por ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2006.
